Dip. Omar Ávila
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En los últimos años la palabra unidad ha sido convertida en una consigna casi ritual: se la invoca en manifiestos, declaraciones públicas, encuentros internacionales y llamados ciudadanos como si, por sí sola, pudiera resolver las profundas fracturas políticas, institucionales y sociales que se padecen en el país. Sin embargo, la unidad ha sido y sigue siendo, una condición necesaria para enfrentar a un sistema de poder que ha cerrado progresivamente los canales ordinarios de alternancia democrática.
El reciente “Manifiesto de Panamá” representa un nuevo esfuerzo por ordenar, desde una perspectiva política y técnica, una hoja de ruta orientada a la transición democrática, tomando como referencia el 28 de julio de 2024. Su valor reside en mantener viva la exigencia de cambio, articular una narrativa institucional y sostener ante la comunidad nacional e internacional la necesidad de una salida democrática.
No obstante, la realidad política de 2026 obliga a introducir una reflexión más exigente, ya que uno de los problemas centrales de la unidad venezolana ha sido la tendencia a funcionar como una coalición negativa: un bloque amplio, emocionalmente cohesionado por el rechazo a un adversario común, pero menos claro en cuanto al proyecto institucional, territorial y político que debe construirse para sustituirlo.
Las coaliciones negativas tienen una fuerza inicial considerable pero limitada, ya que funcionan para movilizar indignación, agrupar sectores distintos y ganar momentos electorales decisivos, como ocurrió con la Asamblea Nacional del año 2015. Pero suelen mostrar sus límites cuando llega el momento de sostener una estrategia, negociar bajo presión, administrar diferencias internas o proyectar gobernabilidad futura. En términos más sencillos, una coalición negativa une a los actores por aquello que repudian, no necesariamente por aquello que están dispuestos a construir juntos.
Nuestro desafío es bastante complejo, porque Venezuela está sostenida por una red de intereses, lealtades, controles institucionales, estructuras económicas, mandos territoriales, operadores judiciales, Fuerzas Armadas, grupos partidistas y actores que administran parcelas concretas de poder.
Por lo tanto, cualquier propuesta seria de cambio debe reconocer que la transición no se decreta desde un manifiesto ni se produce sólo por acumulación de respaldo internacional: requiere construcción política efectiva: municipio por municipio, sector por sector, institución por institución; necesita articular un verdadero diálogo no sólo con quienes ya están convencidos, sino también a quienes temen el cambio, a quienes desconfían de la oposición, a quienes han permanecido al margen, a quienes se encuentran atrapados dentro de estructuras de obediencia y a quienes necesitan garantías razonables para incorporarse a una solución nacional.
El pueblo venezolano ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia moral, familiar y espiritual. Su fe, su sentido del humor, su cordialidad y su resiliencia han sido recursos indispensables para sobrevivir a años de deterioro institucional, empobrecimiento y diáspora. Pero esas virtudes, si no se traducen en organización cívica y acción política sostenida, pueden ser absorbidas por la resignación. La risa puede aliviar el dolor, pero no sustituye la estrategia. La fe puede sostener la esperanza, pero no reemplaza la responsabilidad ciudadana. La supervivencia privada puede proteger a la familia, pero no reconstruye por sí sola el espacio público.
Venezuela no necesita simplemente un nuevo manifiesto ni una nueva liturgia de unidad declarativa, necesita una unidad políticamente productiva: una coalición propositiva, capaz de definir con claridad no sólo qué debe terminar, sino qué debe comenzar. Esa coalición debe ofrecer certezas institucionales, garantías de inclusión, reglas de convivencia democrática, mecanismos de reinstitucionalización, incentivos para la despolarización y una visión de país que pueda ser compartida por sectores más amplios.
Desde Unidad Visión Venezuela, hacemos un llamado a superar la idea de unidad como mera agregación de rechazos, la unidad democrática debe dejar de definirse únicamente por aquello que se quiere desplazar y empezar a definirse por aquello que se está dispuesto a construir: instituciones confiables, Estado de Derecho, garantías para todos los sectores, reconciliación responsable, respeto al pluralismo, recuperación económica, seguridad ciudadana y reinserción plena en la comunidad democrática internacional.
Esto exige abandonar la descalificación como método, reducir la lógica de exclusión, reconocer la diversidad del país real y promover entendimientos con sectores que hoy no se identifican con la oposición radical, pero que podrían formar parte de una solución nacional si encuentran garantías, respeto y una propuesta de futuro.
La unidad verdadera no es unanimidad, ni obediencia ciega, ni adhesión emocional a una sola narrativa. La unidad verdadera es una arquitectura política capaz de convertir el descontento en poder democrático, la indignación en organización, la esperanza en estrategia y la transición en gobernabilidad. Sólo cuando Venezuela pase de una coalición del rechazo a una coalición de reconstrucción podrá abrirse una posibilidad sería, viable y duradera de cambio democrático.
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