Hija adolescente de José Bandres fue “sometida a desnudez forzada” para entrar a Ramo Verde

 

La esposa del preso político reportó la situación a través de un video difundido en redes y agregó que el director del centro justificó la medida

RUNRUN.ES

A través de un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos se denunció una situación irregular ocurrida en la cárcel de Ramo Verde contra una niña de 13 años, hija del preso político José Bandres.

Sandra Hernández, esposa del sargento detenido desde el año 2019, denunció que su hija fue obligada a desnudarse y mostrar sus genitales para poder ingresar a la visita en el referido centro. Todo sucedió en el Día Internacional de la Mujer, cuando cientos de mujeres marcharon justamente en Caracas para exigir el cese de la violencia machista en el país, en una manifestación que también agrupó a las familiares de presos políticos.

“Es primera vez que nos sucede durante los seis años de detención de mi esposo (…) fue obligada a desnudez forzada por parte de las custodias. El director del recinto penitenciario me dijo que esto había sido autorizado por la Lopnna, cosa que dudo”, declaró Hernández 

 

En un mensaje publicado en la red social X el 9 de marzo, Hernández reveló que su esposo fue castigado con aislamiento por el simple hecho de denunciar la situación: “Aquí se castiga a las víctimas”, lamentó.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió el cese de estos hechos,

“Las denuncias de maltrato, vejaciones, requisas abusivas y violencia hacia las mujeres que visitan a presos políticos en las cárceles –y aquellas que siguen recluidas– han sido constantes. Tras hacer pública esta denuncia, el director de la cárcel ordenó que el sargento José Bandres fuera llevado a aislamiento, en un claro acto de represalia y castigo. En un día en el que las mujeres venezolanas salieron a las calles para exigir el fin de la violencia estatal, la respuesta sigue siendo más tratos crueles y degradantes. Exigimos el cese inmediato de estas prácticas que transgreden la dignidad humana y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los presos políticos y sus familias”, enfatizaron. 

Derechos de niñas, vulnerados en medio de la represión

Dos artículos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) garantizan el derecho al buen trato, lo que incluye protección contra tratos humillantes o degradantes” (artículo 32)  y prohíben toda forma de violencia física o psicológica contra menores, incluyendo cualquier forma de abuso o explotación sexual. 

Según el Protocolo de Estambul, “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida”. 

A meses de iniciada la represión poselectoral, organizaciones feministas elaboraron el informe “Violencia en Femenino, el Libro Violeta de la Represión en Venezuela”, en el que analizaron los hechos de violencia, represión, cierre del espacio cívico y persecución perpetrados contra mujeres venezolanas en el contexto pre y postelectoral.

Justamente una de las conclusiones fue que las madres, esposas,  hermanas o hijas de presos políticos son “criminalizadas, perseguidas y victimizadas” por el Estado y entre las prácticas que mencionan están “desnudez forzada, requisas invasivas y extorsiones”. 

También en septiembre de 2024, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas denunció que las niñas detenidas en el marco de la represión poselectoral fueron sometidas a “vejaciones sexuales durante su presidio”.

El caso de José Bandres

El llamado de Juan Guaidó a los miembros de las Fuerzas Armadas a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, tras juramentarse como presidente interino aquel 10 de enero de 2019, fue acatado por el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Luis Bandres Figueroa. 

El hecho ocurrió la madrugada del 21 de enero, y al llamado de Bandres, se unieron habitantes de la popular zona de Cotiza, en Caracas, quienes cerraron las calles en apoyo del grupo insurgente. Sin embargo, fueron reprimidos a punta de gases lacrimógenos y perdigones por parte de militares, funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y colectivos, en unos hechos que dejaron como resultado decenas de heridos y una mujer asesinada en la puerta de su casa. En el alzamiento de Cotiza, los 27 militares sublevados tenían la intención de tomar el palacio de Miraflores, pero en vez de apoyo encontraron resistencia por parte de otros agentes y resultaron aprehendidos por las autoridades en horas de la mañana. 

Desde entonces, Bandres Figueroa fue detenido y lo acusaron por los delitos de motín, instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, desobediencia, ultraje a la Fuerza Armada, todos los delitos a título de autor. En declaraciones a Runrun.es hace unos meses, su esposa narró las torturas a las que ha sido sometido con bates, palos, manoplas de metal y cadenas, entre otros métodos.

“Fue electrocutado lo asfixiaron con bolsas plásticas, lo colgaron, lo amenazaron con asesinar a sus hijos y a su esposa, lo obligaron a comer sus heces fecales, fue tan fuerte la tortura que hubo un momento dónde buscó suicidarse, fue presentado ante el tribunal, sucio, con la ropa llena de orines y heces fecales”, narró su esposa.

El 23 de junio de 2022, al sargento Bandres Figueroa lo condenaron a 15 años y seis meses de prisión. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Independiente de las Naciones Unidas, sobre la Determinación de los hechos en Venezuela del año 2020 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares a favor del sargento, pero han sido desatendidas por el Estado.