Hace 10 años, cuando Alcedo Mora Márquez salió de su casa para reunirse con su jefe directo en la Gobernación del estado Mérida, sus familiares no lo volvieron a ver.
El dirigente político y activista de izquierda llevaba meses denunciando la existencia de corrupción en la planta de llenado de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) ubicada en El Vigía.
Días después también desaparecieron los hermanos colombianos Jesús y Eliécer Vergel, amigos y compañeros de trabajo de Mora.
Este 27 de febrero de 2025, familiares y amigos de Alcedo Mora publicaron un comunicado en el que claman que el caso de desaparición forzada no sea olvidado ante el silencio del régimen venezolano. «Como lo hemos dicho Alcedo Mora (…) fue desaparecido forzado por el Sebin ya que el mismo nos había informado por varias vías que era solicitado por unas denuncias muy fuertes en Pdvsa occidente», señala el escrito, que fue publicado por el portal web Aporrea.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) también exige al Estado venezolano que continúe la búsqueda de Alcedo Mora y los hermanos Vergel e investigue a los presuntos responsables, que han sido señalados en reiteradas ocasiones por los familiares como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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Negligencia oficial y acciones internacionales
Las desapariciones forzadas de Alcedo Mora, Eliécer Vergel Prado y Jesús Esneider Vergel Prado han sido denunciadas ante la justicia venezolana por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el ODH-ULA. El 13 de mayo de 2015, abogados de este observatorio introdujeron un hábeas corpus ante el Tribunal de Control número 6 del estado Mérida. El juez de entonces, Hugo Rael Mendoza, declaró inadmisible ese recurso de amparo alegando que se desconocía si Alcedo Mora estaba detenido o desaparecido.
Sin embargo, las investigaciones del caso nunca llegaron a conclusiones definitivas y luego cesaron. La última vez que un funcionario del gobierno se pronunció sobre estas desapariciones forzadas fue hace casi siete años, en mayo de 2018. En una entrevista de radio, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dijo que el caso «seguía en investigaciones», sin dar mayores detalles.
El 28 de junio de 2016, el equipo legal de la ONG Provea presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU. Luego la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), a través de su programa The Docket, recopiló testimonios de víctimas de crímenes de lesa humanidad y familiares para brindar apoyo a la investigación que está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela. Uno de ellos es del hijo mayor de Alcedo Mora, quien fue grabado para el podcast periodístico «Alcedo Mora, el camarada desaparecido».
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Régimen incrementó desapariciones forzadas en contexto electoral
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992, establece que ocurren desapariciones forzadas cuando:
«Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley».
A finales de enero de este año, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reafirmó la existencia de patrones represivos en las desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela. Las expertas señalaron que habían enviado al gobierno de Maduro 27 casos de desaparición forzada ocurridos tras las elecciones presidenciales, sin obtener respuesta.
«Ese patrón de desapariciones forzadas se profundizó antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024, como denunciaron no solo la Misión de la ONU sobre Venezuela, sino seis relatores y dos grupos de trabajo de la ONU», recordó la ONG Provea en su reseña sobre el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.
El ODH-ULA recuerda que las desapariciones forzadas de corta duración constituyen uno de los 12 patrones de represión poselectoral que identificó esta organización en la región andina del país después del 28 de julio, y que siguen ocurriendo actualmente.
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