RADIO MÉRIDA DIGITAL

02 julio, 2015

Venezuela ante la ONU: silencios y mentiras



El Estado venezolano se negó a explicar ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -con la promesa de hacerlo por escrito- por qué hay 22 directivos de tres medios de comunicación independientes a los que se les prohibió salir del país después de que publicaran una información con denuncias contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que ya había aparecido en otros medios internacionales, publica El Mundo de España.
ÁLEX VÁSQUEZ/Especial para EL MUNDO/ Caracas
El martes, durante el segundo día del examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado venezolano, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el especialista israelí Yuval Shanny, preguntó a la delegación encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la medida cautelar que afecta a los directivos de los tres medios (‘El Nacional’, ‘Tal Cual’ y ‘La Patilla’).
Ortega respondió lo siguiente: “Vamos a responder todas las preguntas, pero muchas las haremos por escrito”.
Las organizaciones no gubernamentales Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad presentaron un informe a Naciones Unidas en el que pidieron discutir la demanda por difamación agravada continuada interpuesta por Cabello contra los 22 directivos. En el texto, las ONG destaca la gravedad de que la jueza 12 de juicio, María Eugenia Núñez haya decretado la prohibición de salida del país y obligara a los directivos a presentarse una vez a la semana ante su tribunal.
Desde Ginebra, Carlos Correa, director de Espacio Público, opinó que la decisión es una pena anticipada, porque sin poder ejercer ningún recurso judicial asociado al debido proceso, se aplica esa prohibición que “es una sanción que se aplica por un presunto delito”.
“Es decir sin entrar a discutir el fondo del caso ya se aplican sanciones. Las personas no pueden defenderse de ninguna manera. Es un recurso recurrente en el ámbito judicial venezolano. Se aplican medidas en exceso y se alargan durante todo el juicio”, expresó.
Dijo que presentaron el informe con la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la gravedad del asunto: “Una medida como ésta tiene como consecuencia un efecto de silenciamiento. Es decir, pretenden silenciar estos medios y con ello afectan a quienes escriben en estos medios (periodistas, editores y propietarios) y a los lectores reales y potenciales de estos medios. Es una construcción que apuntala el miedo a expresarse; favorece la censura y la autocensura”, agregó.
La delegación venezolana tuvo varios voceros, entre ellos, el director de Conatel, William Castillo, quien aseveró que en Venezuela no hay censura ni persecución a los medios.
“En Venezuela no hay censura, sino responsabilidad ulterior. En 11 años ha habido 26 procedimientos y solo uno fue multado. En 2014 se bloqueó NTN24 porque intervenía en la soberanía, pero no hay una política de Estado para el bloqueo de Internet”, expresó.
También negó que haya restricciones para la compra de papel periódico. Sin embargo, el único diario independiente que llega a todo el país, ‘El Nacional’, no recibe las divisas que necesita para comprar el insumo; sus peticiones son negadas.
Los opositores
Los expertos preguntaron por los casos contra Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. La fiscal Ortega Díaz aseguró que todo el que quiera puede entrar a ver los juicios de López y Ceballos. “Se les garantiza todo lo necesario: visitas, deportes, sitios higiénicos, misa. Acaban de concluir la huelga de hambre y el Estado estuvo vigilante de su salud. López y Ceballos tienen acceso a médicos de su confianza”, expresó.
Vale destacar que López y Ceballos solo pueden recibir la visita de sus familiares directos y que a los juicios no puede entrar quien quiera. Los medios de comunicación, por ejemplo, tienen el acceso negado. Tampoco se ha permitido que a López lo chequeen médicos de su confianza, ni siquiera cuando realizó una huelga de hambre que duró 30 días.