A 25 años del Caracazo paramilitares toman la calle

Hace 25 años los militares dispararon de manera indiscriminada contra residencias | Foto Archivo El Nacional

La ONG Provea advierte que lo más grave es la intervención de grupos paramilitares en la represión

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“En este caso existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos”. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado venezolano por los hechos del Caracazo, ocurridos hace 25 años.

Marino Alvarado, coordinador de Provea, asegura que la represión de las protestas revela que el Estado no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 29 de agosto de 2002, en cuanto al uso proporcional y progresivo de la fuerza en el control del orden público.

El mayor agravante es, en su opinión, la participación de grupos paramilitares en coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado. “A 25 años del Caracazo la brutalidad militar es peor”, afirma Alvarado.

El máximo tribunal hemisférico ha dictado cuatro resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia por este caso. El 6 de julio de 2009 se refirió específicamente a las medidas necesarias para evitar la repetición de los excesos en el uso de la fuerza pública.

“Esta Corte observa que el Estado ha presentado información respecto a la realización de una serie de capacitaciones y talleres que se dirigen a diferentes actores públicos y privados. 

Sin embargo, no ha presentado información sobre capacitaciones dirigidas específicamente a miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad, y la adecuación de los planes de acción tal como lo exige la sentencia”, indica la resolución.

Después de 2009 el Estado promovió un nuevo modelo policial con énfasis en la capacitación de los funcionarios en materia de derechos humanos el cual concluyó en la creación de la Policía Nacional Bolivariana. Además, en 2011 el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia dictó una resolución sobre el uso proporcional y progresivo de la fuerza en el control del orden público.

El coordinador de Provea considera que los esfuerzos por garantizar los derechos humanos deben formar parte de políticas públicas integrales: “Justo en estos días de febrero hemos visto que la PNB también ha incurrido en excesos y que la resolución del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ha sido letra muerta”.

La exigencia de la Corte Interamericana, establecida en el punto 127 de la sentencia sobre El Caracazo aún no ha sido cabalmente cumplida: “El Estado deben garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada , y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”. 

5 lustros de impunidadEl reporte inicial de 276 muertos fue desvirtuado por la posterior aparición de fosas comunes.  La mayoría de los homicidios fueron causados por disparos indiscriminados o ejecuciones extrajudiciales. 25 años después no hay ni un solo preso.

La investigación sobre la muerte de Crisanto Medero fue una de las pocas que avanzó. El general del Ejército Carlos Miguel Yánez Figueredo fue acusado por la Fiscalía, pero el expediente está perdido.

Ayer debía comenzar el juicio en contra de los supuestos autores intelectuales de los homicidios ocurridos durante El Caracazo, entre ellos el ex ministro de la Defensa Italo del Valle Alliegro y el ex gobernador del Distrito Federal, Virgilio Avila Vivas. El acto fue diferido.