- Cientos de manifestantes reunidos en una plaza cercana al estadio comenzaron a marchar pacíficamente
AFP – España y Brasil disputan este domingo en Rio la final de la Copa
Confederaciones en el legendario estadio Maracaná, en dirección al cual
comenzó una protesta que muchos temen acabe en enfrentamientos con la
policía.
Cientos de manifestantes reunidos en una plaza cercana al estadio comenzaron a marchar pacíficamente en dirección al Maracaná siete horas antes del inicio del partido.
“Queremos llegar hasta el Maracaná y esperamos no ser bloqueados por la policía. Estamos en contra de la privatización del estadio y de los desalojos forzados bajo el argumento del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos” de 2016 en Rio, dijo a la AFP Renato Cosentino, portavoz del Comité Popular de la Copa, uno de los principales movimientos que convocó la protesta.
Unos 11.000 policías -6.000 policías militares, más integrantes de la Fuerza Nacional, la policía federal y civil y la guardia municipal- han anunciado un perímetro de seguridad en torno al Maracaná para garantizar el desarrollo del evento.
“Estoy aquí por patriotismo, por más educación, por salud y transporte, por menos fútbol”, sostuvo otro manifestante, Nelson Couto, de 69 años, vestido de verde y amarillo, los colores de la bandera de Brasil, de pies a cabeza.
Vendedores ambulantes ofrecían banderas de Brasil a 10 dólares y trompetas a 2,5. Un manifestante reparte folletos que explican qué hacer en caso de tumulto, como no correr si la policía dispara gases lacrimógenos, y no llevar lentes de contacto.
La policía invitó a jerarcas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y a la fiscalía federal y estatal a vigilar el esquema de seguridad.
La presidenta Dilma Rousseff, que fue abucheada en el juego de apertura de la Confederaciones el 15 de junio en Brasilia, junto al presidente de la FIFA Joseph Blatter, no tiene previsto asistir a la final, que será presenciada por unas 78.000 personas en clima de fiesta.
Una pequeña protesta pacífica transcurre frente al estadio de Salvador de Bahia (noreste) donde Italia y Uruguay se enfrentan a las 16h00 GMT por el tercer puesto de la Copa Confederaciones.
Más de un millón de brasileños se volcaron a las calles de todo el país el 20 de junio en las mayores manifestaciones en dos décadas, indignados frente al alza del precio del transporte público, la corrupción de la clase política y los gastos millonarios en la Copa Confederaciones y el Mundial 2014, en vez de en salud y educación.
La mayor protesta tuvo lugar en Rio, donde se congregaron pacíficamente unas 300.000 personas. Al final, como ha sucedido en varias movilizaciones, un pequeño grupo se enfrentó con la policía y protagonizó saqueos y destrozó mobiliario y edificios públicos, con un saldo de decenas de heridos.
No obstante, la presidenta se mantiene favorita para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, pero tendría que enfrentar un segundo turno.
La caída de 27 puntos es la mayor para un presidente en ejercicio desde 1990, cuando Fernando Collor de Mello ordenó una retención de los ahorros de los brasileños, señaló el diario Folha de Sao Paulo, que divulgó la encuesta.
“Esto debilita aun más a la presidenta, porque refuerza la presión de los aliados y también de la oposición, que aspirará a sacar provecho. Es el peor escenario posible (…) Dilma ya no es la presidenta fuerte de hace unos meses”, dijo a la AFP el analista político André César, de la consultora Prospectiva en Brasilia.
La presidenta reaccionó con “tranquilidad” y se propone trabajar más para responder a las demandas de las calles, afirmó el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.
Rousseff lanzó la semana pasada un plan para convocar a un plebiscito que lleve a una reforma política, presentada como un antídoto a las malas prácticas políticas y la corrupción, y que adoptaría nuevas reglas para la financiación de campañas electorales, y del sistema de votación.
Las centrales sindicales ya anunciaron una jornada de movilización para el próximo 11 de julio.
Cientos de manifestantes reunidos en una plaza cercana al estadio comenzaron a marchar pacíficamente en dirección al Maracaná siete horas antes del inicio del partido.
“Queremos llegar hasta el Maracaná y esperamos no ser bloqueados por la policía. Estamos en contra de la privatización del estadio y de los desalojos forzados bajo el argumento del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos” de 2016 en Rio, dijo a la AFP Renato Cosentino, portavoz del Comité Popular de la Copa, uno de los principales movimientos que convocó la protesta.
Unos 11.000 policías -6.000 policías militares, más integrantes de la Fuerza Nacional, la policía federal y civil y la guardia municipal- han anunciado un perímetro de seguridad en torno al Maracaná para garantizar el desarrollo del evento.
“Por patriotismo”
Antes de la marcha, centenares de manifestantes preparaban pancartas en una plaza del barrio Tijuca, a 1,5 km del estadio, bailaban y cantaban: “¡Ay, FIFA, paga mi tarifa (de transporte)!” o “¡El Maraca es nuestro!”. Muchos más seguían llegando. “Por el fin de la inmunidad parlamentaria”, se leía en una pancarta.“Estoy aquí por patriotismo, por más educación, por salud y transporte, por menos fútbol”, sostuvo otro manifestante, Nelson Couto, de 69 años, vestido de verde y amarillo, los colores de la bandera de Brasil, de pies a cabeza.
Vendedores ambulantes ofrecían banderas de Brasil a 10 dólares y trompetas a 2,5. Un manifestante reparte folletos que explican qué hacer en caso de tumulto, como no correr si la policía dispara gases lacrimógenos, y no llevar lentes de contacto.
La policía invitó a jerarcas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) y a la fiscalía federal y estatal a vigilar el esquema de seguridad.
La presidenta Dilma Rousseff, que fue abucheada en el juego de apertura de la Confederaciones el 15 de junio en Brasilia, junto al presidente de la FIFA Joseph Blatter, no tiene previsto asistir a la final, que será presenciada por unas 78.000 personas en clima de fiesta.
Una pequeña protesta pacífica transcurre frente al estadio de Salvador de Bahia (noreste) donde Italia y Uruguay se enfrentan a las 16h00 GMT por el tercer puesto de la Copa Confederaciones.
Más de un millón de brasileños se volcaron a las calles de todo el país el 20 de junio en las mayores manifestaciones en dos décadas, indignados frente al alza del precio del transporte público, la corrupción de la clase política y los gastos millonarios en la Copa Confederaciones y el Mundial 2014, en vez de en salud y educación.
La mayor protesta tuvo lugar en Rio, donde se congregaron pacíficamente unas 300.000 personas. Al final, como ha sucedido en varias movilizaciones, un pequeño grupo se enfrentó con la policía y protagonizó saqueos y destrozó mobiliario y edificios públicos, con un saldo de decenas de heridos.
Popularidad en baja
La popularidad del gobierno de Rousseff alcanzó un récord de 65% en marzo. En la primera semana de junio cayó ocho puntos, a 57%. Y tras las protestas callejeras apoyadas por más de 80% de la población, se derrumbó a 30%, según un sondeo de Datafolha divulgado el sábado.No obstante, la presidenta se mantiene favorita para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, pero tendría que enfrentar un segundo turno.
La caída de 27 puntos es la mayor para un presidente en ejercicio desde 1990, cuando Fernando Collor de Mello ordenó una retención de los ahorros de los brasileños, señaló el diario Folha de Sao Paulo, que divulgó la encuesta.
“Esto debilita aun más a la presidenta, porque refuerza la presión de los aliados y también de la oposición, que aspirará a sacar provecho. Es el peor escenario posible (…) Dilma ya no es la presidenta fuerte de hace unos meses”, dijo a la AFP el analista político André César, de la consultora Prospectiva en Brasilia.
La presidenta reaccionó con “tranquilidad” y se propone trabajar más para responder a las demandas de las calles, afirmó el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.
Rousseff lanzó la semana pasada un plan para convocar a un plebiscito que lleve a una reforma política, presentada como un antídoto a las malas prácticas políticas y la corrupción, y que adoptaría nuevas reglas para la financiación de campañas electorales, y del sistema de votación.
Las centrales sindicales ya anunciaron una jornada de movilización para el próximo 11 de julio.
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