Derechos Humanos en Venezuela: “Son alarmantes las cifras de víctimas de tortura, secuestro y extorsión” (+Reportaje)

6to Poder

“Es temible ver como ciertos funcionarios de los algunos organismos del Estado también son parte de la delincuencia y corrupción del país, ojo con ellos, entre las denuncias presentadas ante La Comisión Pro -defensa de los Derechos Humanos- Funaddeh, se encuentran maltrato físico y psicológico, siembra de drogas, allanamiento sin orden judicial, extorsión y hasta secuestro en complicidad con el hampa común”.

Christian Lira, director de la Fundación Nacional Defensa de los Derechos Humanos (Funaddeh) afirma que en el país son alarmantes las cifras de víctimas de la violencia. Precisó que hasta la fecha, en lo que va de año, han recibido en su despacho más de mil denuncias sobre torturas, agresiones verbales, físicas, sicológicas, entre otros.

“Ya los ciudadanos no temen el clásico atraco o robo, sino que ya se habla de sicariato, secuestros exprés, secuestros prolongados, maltrato físico y psicológico, violaciones, violencia de género, asesinatos, torturas, matraca, extorsión, entre otros. Esta situación ha dejado a lo largo y ancho del territorio nacional a cientos de madres sin hijos, esposas sin maridos, hijos sin padres, donde las estadísticas demuestran que la delincuencia se ha desbordado, predominando los famosos gatillos alegres, quienes agreden a la ciudadanía y matan sin piedad a veces hasta por nada”, destacó el funcionario.

Enfatizó Lira que esta realidad es impresionante. En el estado Carabobo, de los 14 municipios que lo integran, lideran como víctimas del hampa las circunscripciones Valencia, Puerto Cabello y Los Guayos. “En estos municipios reposan 120 denuncias significativas de maltrato físico, psicológico, tortura, estafa, maltrato de niños y adolescentes y cobro de vacunas, por mencionar algunas”, puntualizó el declarante.

Con relación a este tema, Christian Lira, refirió el caso del ex capitán Alexander Cegnini, defensor de los Derechos Humanos, quien se desempeñaba con el número 300 de la Organización de las Naciones Unidas además de haber sido asesor de diferentes organizaciones no gubernamentales, y que fue asesinado, presuntamente por sicarios, en un establecimiento de venta de comida rápida. “Además hay un auge de robos, asesinatos, secuestros y linchamientos de delincuentes en los sectores populares”.

Funcionarios policiales involucrados en actos delictivos

Asimismo, el director de Funaddeh manifestó que es temible ver como ciertos funcionarios de los algunos organismos del Estado también son parte de la delincuencia y corrupción del país. “Ojo con ellos. Entre las denuncias presentadas ante Funaddeh se encuentran maltrato físico y psicológico, siembra de drogas, allanamiento sin orden judicial, extorsión y hasta secuestro en complicidad con el hampa común; para nadie esto es un secreto. Es por ello que la comisión ha agilizado algunas denuncias por vía reparatoria entre las partes involucradas y otras de competencia judicial que se estarán procesando en los próximos días ante la fiscalía correspondiente”.

Por tanto, Lira consideró oportuno exhortar al Gobierno nacional, para que se pronuncie ante la sociedad venezolana, aclarando que el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no significa que se pierden los DDHH establecidos en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela ni en las instituciones legalmente constituidas para velar por el fiel cumplimiento de los Derechos Humanos. Enfatizó que la Constitución establece, en su artículo 26 que: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

 El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

De igual manera argumentó que la Carta Magna establece en su artículo 51 que: “Toda persona tiene el derecho de representar o distinguir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.

“Es de resaltar que los Derechos Humanos de los venezolanos, la protección por parte del Estado y el deber del Ejecutivo nacional de mantener y restablecer el orden público y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, no ha sido cumplido cabalmente, mientras la situación parece desbordarse, más allá de las explicaciones y cifras, el gobierno ha anunciado varias medidas, pero mientras el Estado logra poner orden en este sentido y trabajar en el desarrollo de un sistema de justicia eficiente, la violencia tiene como consecuencia los mismos factores que la promueven”, enfatizó el declarante.

A la vez expresó que la realidad de los ciudadanos es que cada vez se ven más agobiados ante la impotencia de sentirse vulnerables con una delincuencia desatada y corrupta.

Hay casos de tortura en Venezuela

Por su parte Oswaldo Vargas, presidente de Funaddeh destacó que en Venezuela ya se ha hecho común verificar casos de torturas efectuadas por los distintos organismos de seguridad del Estado, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como algunas policías estadales y municipales.

Explicó Vargas que el sector poblacional más afectado es, en su mayoría, hombres con edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad, residentes de barrios urbanos y algunas zonas rurales, y que las torturas ocurren en situaciones como redadas, operativos policiales, o cuando la persona detenida bajo sospecha de haber cometido algún delito es agredida.

“En el país, las torturas se dan de manera sistemática y constituyen una forma de pena cruel, inhumana y hasta degradante, donde además de lesionar físicamente, esto se traduce en sufrimientos internos de largo alcance para la persona afectada, su familia y comunidad”, concluyó.

¿Qué es la tortura?

Es el acto de causar daño físico o psicológico ya sea por medio de máquinas, artefactos, sin el consentimiento y en contra de la voluntad de la víctima, generándose la figura legal de apremio ilegítimo, lo cual está vinculado al dolor físico. Quebrantamiento moral que puede o no desembocar en la muerte. La declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1975 define la tortura como “todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona, penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información, a través del castigo por un acto que haya cometido”.

¿Cuál es el perfil del torturador?

Existen varios tipos de torturador: el psicótico, el cual  goza del sufrimiento de la víctima, teniendo como único objetivo saciar sus bajas pasiones. El entrenado, un sujeto que por su frialdad emocional ha sido entrenado para someter a sus víctimas con el objetivo de obtener algún dato de parte de ella; generalmente pertenece a una organización del Estado, guerrilla o del crimen organizado. El psicólogo, individuo que pertenece a una organización humana y ostenta un grado de poder aplicando el apremio psicológico para manejar a sus subordinados.

Toda victima de tortura necesita recibir atención médica, psicológica, además de asesoría jurídica y educativa. En este sentido insto a todas aquellas personas que han vivido de cerca situaciones de tortura, acudir a Funaddeh para denunciar cualquier maltrato físico o psicológico. Esta práctica está prohibida y sancionada por la legislación nacional e internacional.

Funaddeh

Es una organización no gubernamental, civil, con personalidad jurídica propia que tiene como objeto fundamental asesorar, educar, orientar y defender los Derechos Humanos de las personas, sin distingo de clase social o económica, credo o tendencia política.

Es una institución totalmente imparcial, observadora y mediadora de la paz, que atiende a las víctimas, familiares y comunidad en general, exhortando a la colectividad a denunciar las violaciones de los Derechos Humanos, específicamente el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad personal, libertad de expresión y a la inviolabilidad del hogar.

Funcionarios de Funaddeh se dedican a hacer respetar las leyes y garantizar la seguridad a los ciudadanos.