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La ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, siglas en inglés) denunció hoy en Ginebra los abusos de los que es víctima la prensa en Latinoamérica, donde numerosos gobiernos “intentan instrumentalizar el periodismo independiente para presentarlo como su nuevo enemigo interno”.
La PEC indica en un informe sobre la situación de la prensa en 2011 que tanto los cuerpos de seguridad del Estado como los grupos armados ilegales ejercieron violencia contra los periodistas, especialmente en Latinoamérica.
Esta región concentró el 33 % de los asesinatos de periodistas el año pasado, con 35 muertos de un total de 107.
En numerosos países latinoamericanos “cada vez más medios de comunicación están pasando a manos del Estado”, con lo que se va implantando “una estructura mediática en la que los gobiernos no tienen que rendir cuentas”, lamenta la ONG.
Respecto a los asesinatos de comunicadores por países, se han contabilizado “al menos” doce en México, seis en Honduras y Brasil, tres en Perú y uno en Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Venezuela.
En México se ha denunciado desde 2003 la desaparición de dieciocho periodistas, pero sólo se han recuperado los cuerpos de cuatro, y en 2011 se registraron cuatro secuestros en los que no se pidió dinero sino la difusión de vídeos.
El informe pone de manifiesto que la violencia contra los periodistas en México “tiene aspecto de guerra”, especialmente en los últimos años, ya que se produjeron ataques contra sedes de medios de comunicación, incluso con granadas de fragmentación.
En el caso de Honduras existe la evidencia “irrefutable” de al menos veintiocho casos de atentados contra la prensa el año pasado, en medio de una “impunidad escandalosa”, denuncia la PEC.
En los últimos veinte meses, diecisiete periodistas fueron asesinados y “ningún caso ha sido investigado”, agrega.
Brasil es otro de los Estados que concentra casos de ataques a periodistas, con seis asesinados, dos intentos de asesinato, dos detenciones, ocho agresiones físicas y tres de censura judicial.
En Venezuela, se registraron el pasado año 113 agresiones directas contra la prensa, las autoridades embargaron 34 radios y tres periodistas fueron declarados “objetivo militar” por un grupo considerado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “afín al Gobierno”.
Las agresiones a periodistas en Perú se centraron en casos de acoso y querellas judiciales “por opinar sobre corrupción”, mientras que en Haití fueron despedidos cinco informadores de la Haití TNH “presuntamente por su postura política contra el presidente”.
También en Argentina, Colombia, Ecuador y Guatemala se ejerció algún tipo de violencia contra los periodistas y los medios de comunicación.
Según la PEC, en el primer país la publicidad fue adjudicada de forma discriminatoria y “se otorgó un 44 % a un medio dócil al Gobierno”, mientras que en Ecuador y Colombia se abrieron procesos judiciales contra numerosos comunicadores.
La PEC es una organización civil que pide la instauración de una insignia que identifique y proteja a los periodistas en situaciones de conflicto, siguiendo el modelo utilizado por la Cruz Roja.
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