Dilma Albarrán extendió la invitación a todos los trabajadores del estado Mérida para que participen en la discusión de la ley
Prensa OCI/Alonso Moreno
Foto Zulay Rondón
*** Se hace necesario plantear sanciones para los jefes o directores, tanto del sector público como privado, que toman medidas arbitrarias, ya que le hacen un daño al trabajador y al Estado
Con el apoyo del Ejecutivo regional, los trabajadores del estado Mérida tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante la comisión presidencial que próximamente visitará la ciudad de Mérida, con el fin de canalizar las sugerencias que enriquecerán el instrumento legal.
En esta oportunidad, la secretaria general del Sindicato Único Sectorial de Funcionarios Públicos de la gobernación del estado Mérida (Susfupgomer), Dilma Albarrán, extendió la invitación a todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, para que el primero de febrero participen en la discusión que sobre esta ley se estará realizando en los espacios del Centro Cultural Tulio Febres Cordero a partir de las 8:00 de la mañana.
“Este es un momento histórico donde la clase trabajadora tendrá el derecho de ejercer su protagonismo, participando de forma activa en la elaboración del instrumento legal que regirá el destino laboral de nuestro país a partir del próximo primero de mayo”, acotó.
La secretaria del Susfupgomer agradeció, tanto al gobierno nacional como al gobernador Marcos Díaz Orellana, por facilitar los mecanismos para que esta discusión sea posible, ya que “se trata de una ley rectora que causará la reforma de otras leyes, como la del Estatuto de la Función Pública y su reglamento, así como la Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios Públicos, entre otras”, indicó.
Albarrán informó que, como dirigente sindical y miembro de la Central Socialista de Trabajadores del estado Mérida, estará presentando una serie de propuestas que nacen de estas organizaciones y que responden a las inquietudes de sus agremiados.
Entre los puntos más relevantes se encuentra el régimen de prestaciones sociales, de manera que se calculen de acuerdo al último salario recibido y no como sucede actualmente, cuando se deducen según el sueldo para cada año.
Como un aporte a la ley en lo que respecta al sector privado, se planteará la corrección de ciertas irregularidades, como sucede cuando se produce el despido injustificado de los empleados antes de que estos cumplan los tres meses, para no generar prestaciones.
“Sin embargo, también en el sector público a veces se vulneran los derechos de los trabajadores, cuando estos son despedidos injustificadamente. Se hace necesario plantear sanciones para los jefes o directores que toman medidas arbitrarias, ya que le hacen un daño al trabajador y al Estado”, indicó.
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