La “transferencia” de las Residencias Domingo Salazar: un asalto a la autonomía

Francisco Ferreira de Abreu
franciscof@ula.ve


Lo decidido por el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, lo afirmado por el Rector y el Director de DAES, el apoyo que han recibido desde la Presidencia de la Federación de Centros Universitarios y lo dicho por el Secretario de la Universidad, en cuanto a la solicitud del Secretario General de Gobierno del Estado Mérida, consistente en la “transferencia” de las Residencias Estudiantiles “Domingo Salazar” al gobierno regional, no sólo ponen en evidencia el prosaico utilitarismo que anima la praxis de dicho gobierno, sino la evidente incomprensión de los universitarios ante los alcances de la eufemística transferencia.

Lo que se está consumando no es otra cosa que un asalto a la autonomía universitaria. Alevoso, si se tiene en cuenta que ha sido la indefensión ciudadana y universitaria (causada por la voluntaria y connivente omisión del gobierno regional, la Fiscalía del Ministerio Público y la Policía de Mérida, en cuanto a sus deberes constitucionales de actuar frente a los delitos que se cometen en dichas Residencias y fuera de éstas por quienes utilizan los espacios universitarios para delinquir), lo que ha motivado la mencionada solicitud de “transferencia”, la cual, dicho sea de paso, ha sido precedida por el uso de unos medios de comisión por demás efectivos: armas, violencia e intimidación.

Pensar lo contrario, raya en la insensatez, la inocencia y la injustificada defensa del gobierno regional, del Consejo Universitario y las autoridades universitarias, en detrimento de la Universidad y su autonomía, de las instituciones, de los espacios públicos y de la dignidad de las víctimas de delitos y atropellos de quienes se valen de las armas y la violencia para hacer valer sus posiciones y decidir quienes viven en dichas Residencias. Es dejar sentado que la sociedad se construye a partir de la violencia y las armas, además de ceder los espacios ciudadanos y universitarios a quienes delinquen.

Algo así como si los residentes de las Marías decidieran entregar sus apartamentos ante las agresiones recibidas y la desprotección del Estado. No obstante, lo más grave del asunto no lo constituye el asalto alevoso que se trata de encubrir con la palabra “transferencia”, sino la corta visión de las autoridades universitarias y la de algunos estudiantes y profesores, quienes ingenuamente piensan que la “transferencia” de las Residencias Domingo Salazar es lo más acertado para lograr el restablecimiento de la paz social, a pesar de conocer la posición del Gobernador frente a las armas que dijo haber visto allí.

Gravedad que aumenta con el extravío de esta sociedad fragmentada (BINDER), en la que a la candidez de las autoridades se suma el hecho de tener estudiantes: que en lugar de abogar por la inclusión de todos los venezolanos y defender las libertades del hombre frente al poder, defienden al omnipresente Estado en la incauta o conveniente creencia de que a más Estado más libertad; que oponen el derecho al libre tránsito frente al derecho de protestar que tienen sus compañeros y la sociedad; que justifican la actuación desproporcionada de la policía, y estudiantes que en vez de ejercer su derecho de protestar para defender la autonomía y evitar el asalto de unas Residencias que deben beneficiar a todos los estudiantes, lo hacen por el ticket del pasaje estudiantil; mientras el Ministro de Educación Superior exige profesores con mentalidad socialista y el Secretario General de Gobierno señala que no se trata de sanear dichas Residencias –menos aún desarmar a los grupos armados como habrá de esperar-, sino de crear una Organización Socialista de Bienestar Estudiantil de Mérida con los estudiantes revolucionarios que son la mayoría de los que allí residen.

Tal estado de cosas merece una reflexión, más aún cuando la voluntad del gobierno regional no es la de acordar con las autoridades universitarias para resolver el problema de los grupos armados, sino para quitarnos las Residencias Domingo Salazar y la autonomía. También cabe un llamado de atención al Rector y a los Consejeros Universitarios en tanto que nadie los eligió para violar la Ley de Universidades, menos aún para renunciar a la autonomía universitaria legitimando a los violentos y la justicia parcializada de una Fiscalía del Ministerio Público que pide todo el peso de la Ley para criminalizar la protesta social, pero omite perseguir a los grupos armados a pesar de las innumerables denuncias y flagrancias, e incumple su deber de iniciar una investigación por las armas que el Gobernador dice haber visto en dichas Residencias.