Como espada de Damocles

TalCualDigital

***A partir del 1º de noviembre la Corte Penal Interamericana será el ente encargado de juzgar los delitos de guerra cometidos por los grupos paramilitares colombianos

Colombia, con un sangriento conflicto armado de cerca de medio siglo, queda a partir del 1º de noviembre bajo la plena competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), al expirar una salvedad sobre el conocimiento de los delitos de guerra.

"El primer efecto que tiene el fin de la salvedad de la CPI es que a partir del primero de noviembre, los crímenes de guerra que cometan los actores del conflicto serán de competencia de ese tribunal si no hay justicia en Colombia", indicó el ex presidente de la Corte Constitucional, José Hernández.

La CPI no tendrá competencia sobre esos crímenes que los grupos armados ilegales o miembros de las fuerzas armadas hayan cometido hasta el primero de noviembre, pues la salvedad no tiene carácter retroactivo, advirtió Hernández.

En coincidencia con la apreciación de Hernández se mostró Ricardo Abello, catedrático de derecho internacional de la privada universidad El Rosario de Bogotá, quien dijo que "más allá de que ahora la CPI podrá conocer de crímenes de guerra, el significado es que representa una jurisdicción subsidiaria para Colombia".

"Ahora la CPI será como la espada de Damocles sobre los actores del conflicto colombiano", agregó, al subrayar que la competencia del tribunal sobre esos delitos "sólo se activará si no hay justicia en Colombia y si lo determina el fiscal de la CPI".

Al repecto, organizaciones no gubernamentales que trabajan en Colombia por que los crímenes de lesa humanidad cometidos por guerrilleros, paramilitares o militares no queden impunes, aplaudieron el fin de la salvedad.

"Es importante como poder disuasivo en un país guerra", dijo el abogado Alirio Uribe, de la ONG, Corporación Colectivo de Abogados.

Uribe alertó especialmente sobre la competencia de la CPI ahora sobre los crímenes de civiles cometidos por miembros de las fuerzas militares que luego presentaban como guerrilleros muertos en combate, que según indicó suman 2.600 casos.

Igualmente consideró que la Corte podrá intervenir a largo plazo en ese frente para "redireccionar la justicia hacia los máximos responsables de esos crímenes, como el ministro de Defensa".

"Nosotros hemos hecho llegar mucha información. Hay un clima que hace pensar que la Corte puede intervenir en Colombia", concluyó el jurista.

En 2002, el entonces presidente conservador Andrés Pastrana, quien realizaba un diálogo de paz con la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pidió siete años de reserva para ese tipo de delitos, acogiéndose al artículo 124 del Estatuto de Roma.

De esta forma, Pastrana intentó blindar esas negociaciones con la principal guerrilla del país, que finalmente no llegaron a buen término.

Las FARC cumplieron en mayo pasado 45 años de lucha armada, siendo la organización insurgente más antigua del país, seguida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, actualmente, junto a grupos armados de ultraderecha, algunas de ellos al servicio del narcotráfico, conforman el espectro de los actores del conflicto armado del país.

En ese escenario también se encuentran las fuerzas armadas institucionales que combaten a esos grupos insurgentes, especialmente a las FARC.