Algunos colectivos han sido acusados de intimidar y agredir en zonas
residenciales / Foto El Nacional
Los colectivos armados se convirtieron en órganos de
"control social". Estos grupos coordinan acciones con fuerzas de seguridad y con
el PSUV, que tiene una comisión encargada de Seguridad y Defensa Integral
El Nacional Web
Era la madrugada del sábado 12 de octubre de 2013 y una fiesta callejera se
realizaba en la redoma de Los Mangos, en Lídice (parroquia La Pastora). La
alegría de los presentes, la ingesta de bebidas y la música a alto volumen
fueron cortadas de manera abrupta. 30 personas, entre miembros de la Guardia del
Pueblo y del Colectivo Lídice, llegaron en motos y acabaron el
encuentro.
"Los participantes en la reunión fueron sometidos con armas de fuego y
obligados a acostarse sobre el pavimento. Luego fueron registrados para
determinar si poseían algún arma de fuego. Algunos de ellos fueron despojados
parcialmente de su vestimenta. Una fuente que pidió anonimato
calificó el
procedimiento como vejatorio, tomando en cuenta, además, que en su ejecución
participaron personas que no forman parte de cuerpos de seguridad", relata una
nota publicada por El Nacional el 15 de octubre.
La situación ya no es extraña en las zonas populares y la existencia de
colectivos violentos como instrumento de control social se ha extendido desde
la parroquia 23 de Enero a otros sectores de Caracas. Aunque la diversidad de
funciones y estructura impide categorizarlos, investigaciones hechas con
anterioridad sobre el tema señalan que existen al menos 5 instancias que agrupan
a estos grupos: Frente Popular Revolucionario (34
colectivos), Consejo
Popular Revolucionario (28), Bloque Popular Revolucionario (17), Sergio
Rodríguez (70) y el Secretariado Revolucionario.
Desde su nacimiento, varias de estas organizaciones han sido relacionadas con
dirigentes políticos como Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas, y Juan Barreto,
ex alcalde mayor y ahora líder del partido Redes. Otras tienen un carácter más
desordenado y responden a pagos por sus acciones, dicen fuentes consultadas.
El Gran Polo Patriótico, creado en 2011 e integrado por 28 Consejos
Patrióticos Sectoriales, cuenta con 10.810 colectivos y movimientos sociales
compuestos por 35.543 personas. La finalidad y naturaleza de estos grupos es
motivo de debate.
Mientras el gobierno y sus seguidores aseguran que tienen
exclusivamente fines culturales, ideológicos y pacíficos, hay denuncias y
evidencias gráficas de peso que relacionan a algunos de ellos con labores de
control político parapolicial y con su participación en la represión violenta de
protestas pacíficas que se han generado desde el pasado 12 de febrero y que han
causado 33 muertos y 1.736 detenidos.
El 5 de marzo, el presidente Nicolás Maduro pidió públicamente que estos
movimientos participaran en el control de manifestaciones. "Yo le hice un
llamado a las UBCH, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos:
candelita que se prenda, candelita que se apaga", dijo al conmemorar el
primer aniversario de la muerte de Chávez. Días después buscó cambiar el sentido
de sus palabras asegurando que se refería a apagar las candelitas "con paz". En
otra declaración le dio un espaldarazo a su modo de actuar: "Y los colectivos se
han portado de manera impecable".
En el último año, después de la muerte de Chávez, el fenómeno se ha agudizado
en Catia, asegura Héctor Vizcaya, vecino de la parroquia Sucre. Saverio Vivas,
dirigente vecinal de la parroquia Sucre y miembro de Primero Justicia, afirma
que bandas armadas civiles trabajan junto con funcionarios de fuerzas de
seguridad "desde el mismo momento de su creación". Explica que el respaldo se
materializa debido a la "dualidad" de algunas personas. "Así como son
funcionarios de la policía, también son miembros de colectivos",
comenta.
Desde su aparición, en Catia cobran "colaboraciones" a los comerciantes a
cambio de cuidarlos de la delincuencia. La semana pasada, por ejemplo,
robaron el local Prolicor en la calle Colombia luego de que sus dueños se
negaron a pagar la vacuna. "No se sabe si fueron los colectivos o la
delincuencia común², advierte Vizcaya. "Su presencia se incrementó cuando
empezaron a bajar las fricciones entre chavistas y opositores, y ellos se
encargan ahora de intimidar a la gente", denuncia.
Desde 2011 han empezado a aparecer denuncias como la de la fiesta de Lídice,
según las cuales funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se involucran
en procedimientos llevados a cabo por colectivos armados. Las fechas coinciden
con la creación, en noviembre de ese año, de la Guardia del Pueblo, comando
adscrito en su momento al Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Dibise; y
compuesto por funcionarios de la GNB.
Una nota de AVN escrita ese año detalla que entre las funciones del nuevo
comando está establecer una interrelación directa entre los efectivos y los
representantes de los consejos comunales, organizaciones y misiones sociales.
Defensa desde el PSUV. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una
comisión encargada de trabajar el tema de "Seguridad y Defensa Integral" en todo
el país. Su función principal es coordinar acciones con la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y movimientos sociales de diversa índole, con el fin de
preservar la defensa y seguridad de las comunidades.
Aunque en la web del partido se menciona al ex presidente de Sidor, Rafael
Gil Barrios, como su coordinador, diversas fuentes ligadas a la organización
comentan que la verdadera cabeza ha sido siempre Freddy Bernal, diputado, ex
alcalde de Caracas, coordinador de Movimientos Sociales de la tolda y líder de
una comisión encargada de la "seguridad ciudadana".
"La coordinación también hace énfasis en la seguridad preventiva, tratando,
por ejemplo, temas como el de alimentación y vivienda. Es una coordinación más
dentro del partido. Hasta ahora no se sentía mucho su relevancia debido a que
todo políticamente marchaba normal, pero con el llamado a las guarimbas toma
mayor importancia. Como es una estructura que existe desde los inicios del
partido, es fácil convocarla", precisó una fuente del PSUV que declaró en
condición de anonimato.
"A veces los colectivos aceptan las líneas. Otras veces debaten", relata una
fuente. Entre los colectivos con potencial armado que participan en estas
reuniones están La Piedrita y el Secretariado. Según la fuente, estos sonlos
grupos más apegados a la "línea revolucionaria" y existen otros que son más
anárquicos.
Como las otras 7 comisiones de la tolda, la de Seguridad y Defensa tiene
responsables regionales, municipales y parroquiales, que tratan los temas de
seguridad en sus respectivos niveles. Todas estas instancias hacen reuniones
semanales con sus miembros permanentes, que son en ocasiones jefes de consejos
comunales. Por ejemplo, en El Valle la comisión esta integrada por unos 25
militantes.
Dependiendo de los temas a tratar, a los encuentros pueden ser
invitados funcionarios policiales o militares que dirigen comandos en una
determinada zona y colectivos. También pueden participar miembros de ministerios
para abordar materias específicas.
En el Twitter de Freddy Bernal (@FreddyBernal) han sido publicadas fotos de
reuniones de esta comisión en varias partes del país. En algunas participan
altos funcionarios de la FANB. En una, realizada el 23 de marzo de 2013 en
Yaracuy, estuvo presente el general Carlos Perozo, de la Milicia Nacional. Ante
la coyuntura de protestas luego del 12F, fuentes del partido coinciden en que se
han desarrollado distintas reuniones de emergencia. Una de ellas fue el 13 de
febrero en el comando de Bernal, en el piso 1 del Centro Parque Carabobo, un
espacio con varias oficinas y una amplia sala de reuniones desde el cual trabaja
el parlamentario casi todos los días.
Asistieron altos mandos militares, entre ellos el general Gerardo Izquierdo,
jefe de la Región de Defensa Integral Central (que tiene jurisdicción sobre
Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Vargas), miembros de movimientos
sociales, todos los jefes parroquiales de seguridad y defensa e integrantes de
las Redes de Movilización Inmediata, REMI, un sistema de inteligencia y
respuesta social integrado por militantes oficialistas creado para las
elecciones del 7 de octubre de 2012.
En ese encuentro se delinearon las medidas que se tomarían para proteger
elmunicipio Libertador ante la ola de protestas.
También se discutieron
importantes fallas en la seguridad que se registraron la tarde del 12 de febrero
y que permitieron que la marcha opositora llegara hasta la Fiscalía sin
limitaciones, mientras Nicolás Maduro y el alto gobierno estaban en La Victoria
celebrando el Día de la Juventud. En encuentros posteriores se dio la orden a
los movimientos sociales de apagar cualquier foco de protesta que se registrara
en esa jurisdicción.
Fueron solicitadas entrevistas con Bernal e Izquierdo pero no respondieron
para este reportaje. El exalcalde ofreció hablar esta semana.
Hombres de
seguridad. Fuentes relacionadas al PSUV y a Bernal coinciden en que su
experiencia policial es clave para la coordinación de Seguridad y Defensa. El
diputado llegó a ser jefe de la Policía Metropolitana y coordinó el Grupo Ceta
(Comando Especial Táctico de Apoyo), dedicado a operaciones especiales de ese
cuerpo policial y desde el cual apoyó el intento de golpe de Estado del 27 de
noviembre de 1992.
En 2002, Bernal fue relacionado con la coordinación de los Círculos
Bolivarianos, figura de organización social creada por Chávez que
terminó
funcionando de manera similar a la que los colectivos hacen hoy. En
las interpelaciones sobre los sucesos del 11 de abril, el general Manuel Rosendo
acusó al hoy diputado y a José Vicente Rangel, para entonces ministro de
Defensa, de haber dirigido acciones de esos grupos contra la marcha
opositora.
Rosendo se basó en una llamada de Rangel a Bernal que fue escuchada por su
asistente, el capitán Michael O'Brien. En la conversación, el ministro pedía al
entonces alcalde que activara a los grupos oficialistas y se armaran "con
piedras, palos y cuchillos" ante la movilización opositora. "Eso los caga",
habría dicho Rangel, según el testimonio. En su interpelación, Rangel calificó
de "chimba" la versión del general Rosendo y aseguró que "no es un crimen"
convocar a los círculos.
Otro nombre relacionado a los círculos bolivarianos en sus inicios es el
actual ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.
Varias fuentes
lo señalan como el primer coordinador nacional del movimiento en los tiempos
en que se desempeñó como director general de la Vicepresidencia, cuando era
hombre de confianza de Diosdado Cabello, que en 2002 fue vicepresidente por unos
meses y hoy es presidente de la Asamblea Nacional. Ambos desempeñaron la
posición de "jefe nacional del movimiento".
Antes de ser ministro del Interior, Rodríguez Torres se encargó de la
Dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin,
desde
noviembre de 2012. Así como Rodríguez Torres, Bernal también es un
dirigente cercano a Diosdado Cabello.
¿El espejo de los
Círculos?
Distintos dirigentes políticos ven en los colectivos
sociales a los herederos de los Círculos Bolivarianos, los cuales coparon la
agenda informativa al ser vinculados con hechos violentos durante los primeros
años del chavismo.
"Así como había unos círculos armados y otros pacíficos, hoy también hay
colectivos sociales y otros violentos", advierte Saverio Vivas,
dirigente
vecinal de Catia.
En un trabajo publicado en 2004, la socióloga Nelly Arenas sostiene que los
círculos tenían un "triple carácter organizador, ideológico y canalizador de
demandas". Argumenta su concepto basándose en documentos entregados desde
Miraflores en esa época y en los cuales se orientaba a los interesados en formar
parte de esos grupos.
Distintas fuentes aseguran que los Círculos Bolivarianos contaban con una
oficina en Miraflores, desde la cual se divulgaba material de trabajo. Eran
llamados a responder demandas sociales en sus comunidades y tenían una misión
ideológica: difundir el mensaje chavista basado en el árbol de las tres raíces:
Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.
Su definición llegó a generar contradicciones en el mismo seno del Gobierno.
"Son grupos de base organizados para mejorar la calidad de vida de las
comunidades donde actúan", aseguraban funcionarios.
Sin embargo, al mismo
tiempo, Luis Alfonzo Dávila, canciller para ese momento, los calificó como
"organizaciones políticas", lo que convertiría en ilegal el financiamiento
público que recibían.
Rubén Mendoza, actual coordinador nacional de los Círculos bolivarianos,
asegura que el apoyo del Estado a estas organizaciones desapareció en 2005, lo
que hizo que su poder fuera disminuyendo poco a poco, hasta perder
relevancia.
"Algunos sectores del oficialismo juzgaron prudente reducir su importancia
ante la satanización muy fuerte que hubo. Hoy seguimos solo con la fuerza y el
financiamiento propio", comenta Mendoza.
Para él, en lugar de los colectivos, los consejos comunales de hoy cumplen
una función más cercana a la que tuvieron los círculos en su momento, los cuales
llegaron a recibir un financiamiento de hasta 140 millardos de bolívares
provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización.
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