Proyecto de Ley de Arrendamiento es aprobado en segunda discusión


Globovisión

La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el cual fue remitido a la Comisión de Administración y Servicios para la redacción del informe a presentar el próximo martes. Con esta ley se le da la potestad al Estado de definir el valor de los inmuebles, por medio de la figura de la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda.


El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, diputado Diosdado Cabello (Psuv), señaló que de ahora en adelante las reglas están bien claras. "El que diga que esta ley no se ha debatido le está mintiendo al país, el que diga que esta ley eliminará la propiedad privada le está mientiendo al país", expresó.

Cabello manifestó su alegría tras la aprobación de este proyecto, el cual, reiteró, vino por la iniciativa popular. “Hoy el pueblo legislador es protagonista” dijo.

En la sesión se retomó la discusión a partir del artículo 67, el cual establece la fórmula para determinar el canon de arrendamiento.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Elio Serrano, solicitó suprimir en el numeral 2 la parte que hace referencia a que el valor actual de la vivienda resulta de aplicación de la fórmula y dejar sólo que el valor del inmueble será de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

En la Sección Primera del Procedimiento para la fijación del canon, fueron aprobados sin discusión el artículo 68, sobre el procedimiento de la fijación del canon a instancia de las partes; el 69 sobre la solicitud de la parte interesada; 70, sobre el contenido de la solicitud; 71, de la notificación del informe; y 72, de la revisión de los cánones de arrendamiento a ser reviasdos por la Superintendencia.

Al pasar a la discusión del artículo 174, el diputado Juan Carlos Caldera (PJ), indicó "es inoficioso para el momento de la oferta pedir que se acompañe la certificación de gravamen en este momento. No tiene sentido eso. Es una carga adicional". Por ello pidió que se suprimiera.

El parlamentario Serrano rechazó la propuesta en nombre de la bancada oficialista por considerar que el dueño de la vivienda debe estar solvente con todos sus servicios. Agregó que la firma de cualquier persona natural indica que es auténtico un documento.

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