Trabajadores del campo merideño exigirán derogar la Ley de Tierras

En esta asamblea se juramentó la directiva de la Asociación Civil Nuestra Señora de la Candelaria

Erika Polanco

Piden reconsideración de Chávez y de la Asamblea Nacional

Con la presencia de los representantes de cada una de las asambleas previas de agroproductores realizadas en La Grita, Pueblo Llano y Bailadores, se juramentó la directiva de la Asociación Civil Nuestra Señora de la Candelaria que tendrá por objeto impulsar las acciones legales que sean necesarias a fin de lograr la reconsideración por parte del presidente Chávez y de la Asamblea Nacional, de la Ley de Tierras y de ser necesaria, la derogatoria de la misma.


La junta directiva quedó conformada por Freddy Omar Carrero, presidente; José Prada, vicepresidente; Gerardo Vivas, secretario; Pablo Guerrero, tesorero; Freddy Alexander Carrero, 1er vocal; Alberto Ramírez, 2do vocal y Arnoldo Núñez.

En el marco de esta asamblea realizada en el municipio Rivas Dávila, se analizó una vez más y se discutió en profundidad, cómo la reforma a la Ley de Tierras, termina perjudicando y no beneficiando, al productor del campo, en especial a aquellos que se han beneficiado de la tercerización de la tierra, especialmente de la medianería, ya que al ser prohibida y penada por el instrumento jurídico, deja a los productores que no poseen tierras, sin la posibilidad de trabajar “a medias” tanto en riesgo como en ganancias con quienes si poseen terrenos pero por diversas razones no pueden cultivarlos o necesitan ayuda para ello.

En una completa exposición, el abogado Abdón Sánchez Noguera, refirió a los participantes los elementos cuestionables de esta ley, entre los que destaca la prohibición de la tercerización que ha sido el mecanismo de explotación de la tierra desde hace más de 300 años y que realmente si democratiza el uso de las mismas por cuanto los propietarios trabajan mancomunadamente con un medianero beneficiándolo cual si fuese propietario de las tierras.

Insistió en cómo la tierra pasa a ser prácticamente propiedad del Estado ante la dificultad de un propietario para demostrar la cadena de titularidad de las tierras.

Se cuestiona cómo el Estado pretende establecer un monopolio en cuanto a la extracción, mecanización y comercialización de la producción del campo, dejando sin trabajo a miles de productores.

Recordó además cómo se vulnera el derecho constitucional de disposición de los bienes privados cuando el INTI es quien debe aprobar prácticamente cualquier trámite que involucre la propiedad de un terreno con vocación productiva pese a contar el productor con la titularidad de la tierra.

Insistió en señalar que las leyes deben ser creadas y puestas en práctica siempre para el beneficio del colectivo, de la generalidad y nunca para perjudicar a los propios venezolanos.

Suficientemente discutida y analizada la reforma en cuestión, como debió hacerse por parte de los diputados que representan al estado Mérida en jornadas de parlamentarismo de calle que nunca incluyeron a los productores del campo, se tomó la decisión de elevar un documento oficial ante el presidente de la República, Hugo Chávez y ante la directiva de la Asamblea Nacional, a fin de que se tomen en cuenta las observaciones a las que se llegó tras estas jornadas de discusión de la Ley de Tierras.

Anunciaron para finalizar los agroproductores presentes en esta asamblea, que tras esta asamblea fue aprobado por unanimidad el documento que será elevado ante las instancias de Gobierno y poder Legislativo y que esperan que esta acción que reviste un interés estrictamente social y que no constituye acción política de ninguna naturaleza, pueda ser tomada en cuenta por quienes tienen en sus manos la responsabilidad de pensar en el bien común y la verdadera justicia social.