Julio Borges: “Indepabis cerró investigación por alimentos descompuestos solicitada por Primero Justicia”

**** El coordinador nacional de la tolda amarilla, rechazó que el gobierno “pretenda meter la basura debajo de la alfombra” y hacerse la vista corta ante un hecho de corrupción tan grande como éste.

El coordinador nacional de Primero Justicia Julio Borges acudió este martes a la sede del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, para darle continuidad al procedimiento administrativo y sancionatorio contra la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), interpuesto el pasado 08 de junio y se encontró “con que el Indepabis ordenó el cierre de la investigación” el pasado 06 de julio.

Borges denunció: “Vinimos a darle continuidad a la denuncia del 08 de junio y la respuesta que recibimos es que el Indepabis mandó a cerrar la investigación. Señores, el Indepabis no llevó a cabo investigación alguna sobre la comida que se pudrió, entonces me pregunto ¿eso es lo que tenemos que esperar todos los venezolanos cuando se nos vulneran nuestros derechos como consumidores?”.

Visiblemente indignado, el también candidato a la Asamblea Nacional por el estado Miranda exigió una vez más justicia y una respuesta ante la pérdida de más de 120 mil toneladas de alimentos en varios sectores del país. “Queremos que se haga justicia, porque en un caso tan grave de corrupción como éste no puede mandarse a cerrar la investigación”.

Al respecto, pidió a todos los venezolanos abrir los ojos y comenzar a hacer posible el cambio el venidero 26 de septiembre, pues la actual Asamblea Nacional ha negado en siete oportunidades el debate de un tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria. “A este gobierno no le importa la red de corrupción que se ha tejido en torno al tema Pdval, no le importa si la gente tiene qué comer y no le importa pretender meter la basura debajo de la alfombra”.

Denuncia ampliada

Borges, acompañado de un nutrido grupo de justicieros que solicitaba respuestas a tantos alimentos podridos, había acudido al Indepabis para anexar otro conjunto de pruebas en las cuales el ministro Rafael Ramírez (responsable entonces de Pdval), reconocía la existencia de “alimentos no conformes”.

“Vinimos a impulsar la denuncia presentada el pasado 08 de junio, mediante la cual solicitamos el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Pdval por imposición de condiciones abusivas, violación de los derechos de los consumidores, ocultamiento de alimentos y boicot, con motivo de la retención de alimentos de la cesta básica hasta su descomposición”, estipulados en los artículos 8, 16 y 115 de la Ley del Indepabis.

Borges aclaró que de acuerdo con la legislación, al Indepabis le corresponde determinar los ilícitos en el manejo de alimentos importados por la entonces filial de Pdvsa.

“El pasado 25 de mayo se dio cuenta de la retención de más de 30 mil toneladas de alimentos de la cesta básica en galpones de Pdval. Pero el 30 de junio el propio presidente de Pdvsa Rafael Ramírez, en un programa de VTV asumió la responsabilidad del Estado en lo que a fallas de distribución de alimentos importados se refiere y que, en definitiva, trajo como consecuencia su retención hasta descomponerse”.

Investigación cero

El dirigente de Primero Justicia insistió en que deben pagar los responsables. “La cabeza visible es Rafael Ramírez por ser presidente de Pdval, pero también deben pagar los gerentes de comercialización y de estrategia. En Venezuela estamos comprando comida, se está perdiendo y además se está atacando la producción nacional.

Cuestionó el hecho de que la Asamblea Nacional haya negado en siete oportunidades el debate sobre este tema y la interpelación de los funcionarios involucrados. “La AN debería estar montada en una investigación y llevarla hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué los diputados se niegan a darle una respuesta a los venezolanos?”, se preguntó. “El papel de la AN es investigar y el del Indepabis castigar”, aseveró.

Al respecto, Borges insistió en que hay una violación al derecho fundamental de las personas al acceso a bienes y servicios de calidad, previsto en el artículo 117 de la Constitución Nacional e incluso una transgresión a la garantía de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establecida en el artículo 305 de la Carta Magna.

Pero también habría incumplimiento de los artículos 8, 16 y 68 de la ley del Indepabis relativos al derecho que tienen las personas a la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida; a la imposición de condiciones abusivas, en concreto, la restricción con o sin ocultamiento de la oferta, circulación o distribución de productos o servicios y, a la comisión de ilícito de boicot en tanto se han llevado a cabo acciones o se ha incurrido en omisiones o se ha impedido, de manera directa o indirecta, la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de alimentos.

"Los venezolanos merecemos vivir mejor. Merecemos comida de calidad, que no haya escasez y que los precios sean accesibles. Por eso insistimos con nuestra propuesta de 'Justicia Alimentaria', la cual contempla el impulso de la producción nacional y la comercialización de productos básicos, apoyando fuertemente a la iniciativa privada". (PRENSA PRIMERO JUSTICIA)