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SIP: Libertad de expresión en la región se ha deteriorado

La SIP se centró en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  (Foto Archivo/El Carabobeño) Juamed Chacín || jcha...

30 junio, 2015

Cifras rojas en “revolución”: Venezuela cuadruplica tasa de homicidios de otros países en América Latina



A principios del mes de junio, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) -integrado por LACSO junto con un grupo de cinco universidades públicas y privadas del país- consignaron su informe alternativo, relacionado con el Derecho a la Vida en Venezuela, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual revisará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A continuación se presentan los puntos más importantes expuestos en el mencionado informe alternativo:
Del año 2000 en adelante, Venezuela se ubica entre los países con niveles de “violencia muy alta” en el mundo, conformados por aquéllos que tienen más de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aun cuando naciones con realidades similares, tales como Colombia, Brasil y México, han compartido con Venezuela esta preocupante clasificación, en la actualidad Venezuela dobla o cuadruplica la tasa de homicidios de los mencionados países. Los vecinos Colombia y Brasil, por ejemplo, cerraron el 2014 con una tasa de 28 y 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente; mientras que en México la tasa fue de 17.
El pasado año 2014, hubo, según estudios y cálculos del OVV, 24.980 asesinatos en todo el territorio nacional y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 82Entre 1998 y 2014, se cometieron en Venezuela 231.562 homicidiosLa violencia homicida es la tercera causa de muerte en Venezuela; es la primera causa de muerte entre los jóvenes y es la causa de mayor número de años de vida potenciales perdidos. Aunado a ello, la inseguridad ciudadana es el principal problema social que afecta a todos los venezolanos.
Ante el panorama detallado, en el cual la violación al derecho a la vida en Venezuela ha traído como principal y evidente consecuencia la muerte de miles de personas en el país, es de destacar que también trae consigo varias otras secuelas: personas lesionadas, física y psicológicamente; sufrimiento de madres, padres, parejas e hijos; descomposición de familias; impacto en la economía familiar; impacto en la salud pública; problemas de salud mental (ansiedad, depresión, estrés, paranoia); pérdida de la calidad de vida; posicionamiento negativo de la imagen país; disminución de las inversiones nacionales y extranjeras; migraciones de miles de venezolanos, entre otras.
La violencia es un flagelo multicausal. Según el modelo de explicación sociológico, hay factores macro sociales que la originan: pérdida de los mecanismos de control social tradicional (la familia y la religión), desigualdad social, ocio juvenil y mayores expectativas e imposibilidad de satisfacerlas; otros a nivel mezo social que la fomentan: la organización de las ciudades, la cultura de la masculinidad, el mercado de la droga y la impunidad; y razones micro sociales que la facilitan: la capacidad letal de las armas de fuego y el consumo excesivo de alcohol.
Sin embargo, entre todos los factores previamente mencionados, hay uno en particular que, en Venezuela, promueve con fuerza la ejecución de delitos: la impunidad. En 1998, por ejemplo, por cada 100 homicidios se detuvieron a 110 sospechosos; sin embargo, apenas dos años después, en el 2000, por cada 100 homicidios se detuvieron a 18 sospechosos. En los años 20072008 y 2009, por cada 100 homicidios se detuvieron a 9 sospechosos. Visto de otra manera, en esos tres años el 91% de los homicidas quedó libre, sin haber tenido ni siquiera una detención como sospechoso. Entre 1998 y 2009, en el país se produjeron 23.046 detenciones, de 123.091 homicidios que se cometieron, lo que significa que, a 2009, había 100.045 homicidas impunes. La impunidad deja sin derecho a la justicia a las víctimas y sus familiares, fomenta el incumplimiento de la ley y la convierte en un adorno, destruye la convivencia e impide el progreso social y económico de la sociedad.
Dada esta situación, LACSO y OVV desean solicitar al Comité se hagan al Estado venezolano, entre otras, las siguientes recomendaciones:
- El Estado debe cumplir con su responsabilidad de ser transparente y proporcionar cifras, públicamente y al menos una vez al año, acerca de la situación de inseguridad y violencia en Venezuela; así como abstenerse de censurar la información y permitir el acceso a las cifras de homicidios, y demás delitos, a los ciudadanos que las soliciten.
- El Estado debe, cuanto antes, reducir los niveles de impunidad en el país, en el marco de una política de seguridad ciudadana exenta de cuerpos militares ajenos a tareas de control del orden interno.
- El Estado debe aplicar claras políticas sociales ante la violencia que tengan continuidad; fomentar la institucionalidad y emprender acciones de prevención, así como de represión: forzando el cumplimiento de la ley. Debería, también, ser crítico de la actuación violenta, cuestionar –y no elogiar- a los violentos, pacificar a la sociedad venezolana. De igual manera, debería apoyar y destinar mayor cantidad de recursos económicos a los organismos policiales; así como impulsar el desarme de la población.
Nota de prensa

Lilian Tintori pide en la ONU la liberación de presos políticos



Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, pidió hoy en Naciones Unidas la liberación de los 75 presos políticos que, a su juicio, hay en Venezuela.
“Los 75 presos políticos de Venezuela deben ser liberados inmediatamente”, declaró Tintori a la prensa tras intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al que hizo la misma solicitud.
Posteriormente, participó como miembro del público de la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que ayer y hoy examina el caso de Venezuela.
Tintori llevaba una camiseta con los nombres de todos los políticos presos, así como de estudiantes venezolanos que murieron durante las protestas del primer semestre de 2014.
López lleva 16 meses encarcelado acusado de ser el instigador de las protestas estudiantiles del año pasado, durante las cuales fueron detenidas casi 4.000 personas.
Preguntada sobre la salud de su marido, que secundó recientemente una huelga de hambre, Tintori dijo que se encontraba bien de ánimo, pero que no sabía cómo estaba físicamente porque aún no ha recibido la visita de un médico.
“Leopoldo ha perdido 14 kilos y, durante los 30 días que duró la huelga, no dejaron pasar al médico de confianza. Las cárceles en Venezuela son un horror”, denunció.
Además, la activista pidió el cierre de “La Tumba”, “una cárcel subterránea donde retuvieron a muchos de los detenidos durante las protestas”.
Tintori explicó que la huelga de hambre, en la que participaron no sólo su marido, sino también otras 104 personas, acabó porque una de las principales exigencias era que se anunciase la fecha de los comicios parlamentarios, lo que se cumplió.
“Ahora que la fecha ya está establecida, lo que pedimos es que esas elecciones cuenten con observadores internacionales de la Unión Europea, de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que velen desde ahora por el debido proceso electoral”.


Tintori dijo que el partido en el Gobierno está usando fondos públicos para hacer campaña, lo que debería evitarse.
La activista dejó claro que su marido no tiene la intención de presentarse como candidato a esos comicios, pero está alentando a otros detenidos a que lo hagan.
“En Venezuela se vive una crisis social, política y yo diría que está al borde de una crisis humanitaria”, concluyó Tintori. EFE
https://youtu.be/_CfP2ieNLY4

El caso Afiuni enfrenta a Ortega Díaz con el comité de la ONU

La jueza Afiuni/ Foto vía: @JoseAGraterol


Durante su intervención de hoy, el experto Nigel Rodley, reconocido jurista, criticó "la clara negación de la jefa de la delegación sobre los malos tratos sufridos por la juez Afiuni"

EFE

El caso de la jueza María Lourdes Afiuni y los supuestos malos tratos que sufrió en prisión enfrentaron hoy a la delegación venezolana que compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con los expertos que la forman.

Venezuela se sometió ayer y hoy al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Durante su intervención de hoy, el experto Nigel Rodley, reconocido jurista, criticó "la clara negación de la jefa de la delegación sobre los malos tratos sufridos por la juez Afiuni".

"Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de fiscal general ni con las normas de la ONU", agregó Rodley.

El experto se refería a los comentarios la víspera de la fiscal general de Venezuela, y jefa de la delegación, Luisa Ortega Díaz, quien negó que Afiuni hubiera padecido abusos durante el tiempo que pasó en prisión.

María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido en prisión preventiva.

La magistrada fue acusada después de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) la llamara "bandida" y pidiera para ella la máxima pena de prisión.

Hasta ahora su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de Naciones Unidas.

Afiuni ha denunciado en reiteradas ocasiones que durante el tiempo de reclusión fue violada y abusada sexualmente.

"Ella misma, a través de sus abogados, confirmó ayer mismo, que sufrió abusos psicológicos y físicos, incluido violación y asalto sexual, estoy sorprendido porque la delegación lo niegue", agregó Rodley.

Cuando fue el turno de respuesta, Ortega lamentó "el modo en el que algunos miembros han abordado el diálogo" y acusó al Comité de "ser un tribunal".

"Lamentamos que este foro se convierta en un espacio para difundir sus verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida", acusó Ortega.

Dicho esto, la fiscal general indicó que la juez fue "procesada por corrupción, abuso de autoridad, y fomento a la evasión", e insistió en que en Venezuela se respetan los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.

Ante esta acusación, el presidente del Comité, Favián Omar Salvioli, tuvo que intervenir y recordar que los miembros del Comité tienen el mismo respeto por Venezuela que por el resto de países que se someten a su escrutinio.

"Tal vez como hace 15 años que no participan en el examen han perdido la habitualidad de cómo es el diálogo con todos los países", afirmó Salvioli.

Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciando las irregularidades del caso de Afiuni, y las nefastas repercusiones que ha tenido, dado el miedo de fiscales y magistrado a acusar o sentenciar en contra de los deseos del Gobierno por temor a las represalias contra su persona.

El experto Konstantine Vardzekashivi denunció la alta tasa de eventualidad entre fiscales y jueces, lo que hace cuestionarse sobre su independencia.

Por otra parte, el experto Yuval Shany pidió explicaciones a la delegación sobre la libertad de expresión en el país, sobre la norma que permite retirar concesiones de radio y televisión bajo el argumento de que las emisiones son contrarias al interés público, y sobre la multa a Globovisión.

El encargado de responder fue el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, quien dijo que la multa a Globovisión estuvo justificada por su "manipulación de la realidad", y que este era el único caso en que se ha impuesto una multa a un medio de los 26 expedientes abiertos en la última década.

"En Venezuela nunca antes ha habido tanta libertad de expresión", concluyó Castillo.

Tras acusaciones de parcialidad y politización del Comité, Salvioli tuvo que intervenir de nuevo y dijo "que de ninguna manera este Comité está politizado ni nado que se le parezca".

Por su parte, Olivier de Frouville indicó: "Si se nos acusa de complot al Comité no quiero pensar lo que les pasa a los nacionales que critican al Gobierno".

Fapucv paraliza actividades para ajustes en tabla salarial

Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de Fapucv


"Muchos profesores de tiempo completo sólo ganan 15.200 Bs, con el ajuste del 1 de mayo llegó a 18 mil y no alcanza para la canasta básica", señaló Lourdes Rodríguez de Viloria, presidenta 

EL NACIONAL WEB

La junta directiva de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapucv), convocó para el día de hoy la paralización de actividades docentes durante 24 horas por la exigencia de un ajuste salarial.
Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Asociación, dijo que el pasado mes de mayo el presidente de la república hizo un ajuste salarial para el sector educativo, sin embargo a los docentes sólo se le atribuyó el 55%.
“El sector docente salió baste golpeado, no hay equidad, no hay justicia. A los obrero se le dio el 70%, al personal administrativo 70% y al docente de tiene completo el 55% y a las categorías restantes el 30%”, aseguró en una entrevista para Unión Radio

También, acotó que “desde el año 2004 se ha dejado de percibir el 600%”. 
Ramírez de Viloria manifiesta que en Venezuela los 20 años de experiencia de un profesor no se le da el valor característico, y por eso muchos de ellos se van del país, por ejemplo, en Ecuador a un educando se le pagan entre 3000$ y 5000$ dólares, mientras que en el país solo 70$ dólares, dijo. 
Señaló que muchos profesores de tiempo completo sólo ganan 15.200 Bs, con el ajuste del 1 de mayo llegó a 18 mil y no alcanza para la canasta básica.
Las correcciones salariales se discturán el jueves de la semana que viene, luego de un segunda propuesta para la conveción colectiva.