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SIP: Libertad de expresión en la región se ha deteriorado

La SIP se centró en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  (Foto Archivo/El Carabobeño) Juamed Chacín || jcha...

24 junio, 2015

Renault niega cierre de operaciones en el país



Redacción Web / Agencias 

La empresa, Renault Venezuela C.A, negó que se vaya del país, tal y como circuló este martes en varios medios de información, aseguró una fuente cercana a la empresa con 59 años en la nación, según reseña El Universal en su portal Web.

Incluso, la referida compañía participó en la subasta que convocó Cencoex para el sector transporte y que culminó el viernes de la semana pasada. Esperan que en los próximos días les comuniquen a través de correo electrónico, el monto adjudicado, para poder traer al país los repuestos y autopartes que requieren para prestar el servicio postventa, como establece la Sundde.

Explicó el vocero que actualmente, la empresa está evaluando el estatus en que se encuentran las licencias de importación de automóviles que asigna el Ejecutivo Nacional. Desde hace dos años no les han sido entregadas para traer carros desde Argentina y tampoco ha sido renovado el convenio bilateral en materia automotriz que suscribió Venezuela con la nación sureña. Sin ese requisito, es imposible que les entreguen los permisos para importar carros.

Dijo la fuente que a otras empresas agremiadas a la Cámara Venezolana Automotriz (CAVEA) tampoco les han dado licencias de importación de Argentina, tales como: Daimler Automotive de Venezuela (Mercedes Benz); PS Auto (Peugeot); Corporación Elice 2222 C.A (Citroen) y Volswagen Venezuela

La situación se repite con las empresas que traen carros desde Ecuador, como: C.A Distribuidora Universal Kia y Vehículos Mazda de Venezuela, agregó la fuente.

Foro Penal Venezolano desmiente cualquier vinculación con Leopoldo D’Alta



La Patilla.com
Directivos del Foro Penal Venezolano (FPV) desmintieron hoy las acusaciones del diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez  sobre la supuesta vinculación del ciudadano Leopoldo D´Alta, con esta ONG y su relación con el caso de Yonny Bolívar.
“Leopoldo D´Alta nunca ha sido miembro ni está vinculado de ninguna manera con el Foro Penal Venezolano. Son falsas afirmaciones hechas por Sánchez” aseveró el Director Ejecutivo del FPV Alfredo  Romero.
Por su parte, Gonzalo Himiob, director del FPV calificó de irresponsables las declaraciones de Sánchez.
“Es sorprendente que una persona que cuando fue líder estudiantil y buscó el apoyo del Foro Penal Venezolano, ahora se aventure a falsear la verdad de esta manera. Ni siquiera se tomó el trabajo de revisar nuestro listado de voluntarios y de colaboradores, que es público y está en la red. Es francamente irresponsable. Nosotros no tenemos nada que ocultar” precisó Himiob
Así mismo, Alonso Medina, también directivo del FPV agregó que aquella persona que esté interesada en conocer la estructura, miembros y/o el funcionamiento de esta ONG, sólo tiene que preguntarles o ver su página web.
“Esto es parte de los ataques contra el Foro Penal, por nuestro trabajo exitoso en la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en Venezuela” puntualizó Alfredo Romero.
Romero a través de Twitter ratificó que D’ Alta no tiene ningún tipo de vinculación con esta ONG.
Es absolutamente FALSO que el ciudadano de nombre Leopoldo D'Alta pertenezca o haya pertenecido al Foro Penal Venezolano.

Secuestro express y rescate en divisas, un delito en auge en Venezuela



En la violenta Venezuela, el secuestro express es uno de los delitos más comunes e impunes y las bandas han comenzado a pedir dólares o euros por los rescates, el botín más apetecible en un país con control de cambio, pero que rara se vez consigue. AFP/por Valentina OROPEZA
“Cuatro hombres me abordaron en la calle, de noche, cuando iba a montarme en el carro. Me apuntaron con pistolas y me obligaron a llevarlos a mi casa. Se llevaron mil dólares que tenía en efectivo, el celular, una computadora y el carro”, contó a la AFP Carmen.
Esta comerciante -que mantiene en reserva su apellido por seguridad— fue víctima el mes pasado de un delito que, según estimaciones de especialistas, se cuenta por decenas de casos a la semana solo en Caracas.
Fuentes policiales interrogadas por la AFP dijeron que las bandas pueden secuestrar y liberar en una misma noche a varias personas y que piden -según el perfil de la víctima- hasta cincuenta mil dólares de rescate.
Un negociador privado explicó a la AFP que el año pasado se disparó el cobro de rescates en divisas extranjeras debido a la devaluación de la moneda local.
“Los familiares de los rehenes juntan sus ahorros en dólares y euros en efectivo cuando el rescate no supera los diez mil dólares. Cuando piden más, los secuestradores acceden a negociar en bolívares”, detalló.
Así ocurrió con Raúl, un empresario que estuvo secuestrado durante tres días en marzo.
Es la segunda vez que sufre un rapto en los últimos cuatro años. Sus captores le pidieron 30.000 dólares y sometieron a sus familiares a una dura puja por teléfono que se resolvió con la entrega de 900 mil bolívares (para el momento unos 3.600 dólares en el mercado negro).
“Los secuestradores sabían a qué hora entraban y salían mis hijos del colegio, dónde trabajaba mi esposa, y en qué bancos tengo cuentas. Ahora me llaman cada dos semanas para amenazarme si no les pago vacuna (extorsión)”, detalló.
En esas negociaciones es común descubrir que los secuestradores se comunican desde centros penitenciarios cuando se rastrean las llamadas que hacen a los parientes de las víctimas, explicó el negociador. Reconoció que cobra 35% de lo que los familiares pagan en un rescate.
- Modalidad de América Latina -
Los “secuestros express” suelen ser ejecutados por jóvenes menores de 25 años que buscan dinero fácil y rápido. Recurren al maltrato físico y psicológico para obligar a los cautivos a pagarles en pocas horas.
Roberto, por ejemplo, fue interceptado por cinco jóvenes que a lo largo de las tres horas que lo tuvieron secuestrado lo golpearon varias veces. “Me amenazaron con meterme un tiro en la cabeza y dejarme tirado por ahí si no les pagaba”, recordó.
Es una modalidad usual en América Latina, en países como México o Colombia, donde abundan lo que se conoce como “paseo millonario”, secuestros normalmente en taxis, en los que obligan a las víctimas a retirar dinero de los cajeros automáticos.
El abogado criminalista Mario Mármol García dijo a la AFP que el secuestro es el delito que más ha crecido en Venezuela en la última década, con un incremento de 300% desde 2009.
“Antes los delincuentes clonaban tarjetas y atracaban blindados o bancos, pero esos operativos ya no son rentables e implican mucho riesgo. Por eso muchas bandas prefieren el secuestro”, aseguró.
- Otros implicados -
Las únicas cifras oficiales disponibles sobre extorsiones y secuestros en Venezuela figuran en el informe anual de 2014 de la Fiscalía, que recibió 599 casos el año pasado, de los cuales poco menos de un tercio derivaron en imputaciones.
La AFP solicitó sin éxito una entrevista con la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Las leyes venezolanas penalizan el secuestro con 20 a 30 años de prisión. Es uno de los cuatro delitos más cometidos en el país junto con el homicidio, el hurto y el hurto de vehículos, según datos del ministerio del Interior.
Marcos Tarre Briceño, analista de seguridad ciudadana y experto del no gubernamental Observatorio del Delito Organizado en Venezuela, advirtió que en un “alto porcentaje” de los raptos hay policías y militares implicados.
Además, los investigadores del observatorio calculan que 13% de las personas secuestradas en 2014 fueron asesinadas durante el plagio, explicó Tarre, y aseguró que este año se han disparado los “secuestros virtuales”: las bandas contactan a familiares de una persona que en realidad nunca fue raptada para pedir rescate.

Venezuela reclama una comunicación libre y plural (Comunicado)



Durante un foro realizado en la Universidad Central de Venezuela, los comunicadores sociales de la Alianza por la libertad de expresión, emitió un Comunicado dirigido al Estado venezolano en defensa del derecho a estar informados.






A través de este enlace, todos los venezolanos pueden firmar la petición al Estado venezolano para que ofrezca garantías para un periodismo libre e independiente, cese de hostigamientos, agresiones y censuras por parte de funcionarios, cuerpos de seguridad y directivas de medios.
La petición refleja los hechos y detalla las agresiones, detenciones y robos de cámaras fotográficas por grabar acciones represivas de los cuerpos de seguridad, convirtieron al año 2014 en el año con la mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en las últimas dos décadas. Un total de 579 violaciones denunciadas, que corresponden a 350 casos, ocurridos principalmente durante la cobertura periodística de las manifestaciones.
Son los funcionarios públicos quienes, muchas veces, descalifican, insultan y acosan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes o críticas. Los programas de medios estatales son monopolizados por el sector gubernamental en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia. Se abusa ilegítimamente de las transmisiones obligatorias de radio y tv (cadenas). En 2014, el Presidente de la República realizó 176 cadenas, con una duración total 185,25 horas, la media de estas transmisiones fue de 63 minutos.
La violencia del Estado también se observa en la recurrente criminalización de las ideas, informaciones y opiniones adelantando sanciones mediante “medidas cautelares” que desnaturalizan la posibilidad de la defensa. Entre 2013 y 2015 se realizaron 20 procesos judiciales, en los más recientes se aplicaron penas anticipadas de prohibición de salida del país, en un primer caso contra periodistas y directores del diario Tal Cual y en un segundo caso contra 22 directivos del sitio web La Patilla, El Nacional y reiteradamente contra periódico Tal Cual.
Ante el vacío informativo dejado por medios radioeléctricos amenazados por las sanciones ejercidas a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras restricciones, más personas buscan información en la Web y redes sociales. La política represiva incluyó el castigo a las expresiones en Twitter por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información incómoda al Gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles en redes sociales y correos electrónicos. Durante el año 2014, las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Internet aumentaron 55%.
Para firmar la petición click acá
Alianza por la Libertad de Expresión
Día del Periodista – 27 de junio
Venezuela reclama una comunicación  libre y plural
Hechos
Agresiones, detenciones y robos de cámaras fotográficas por grabar acciones represivas de los cuerpos de seguridad, convirtieron al año 2014 en el año con la mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en las últimas dos décadas. Un total de 579 violaciones denunciadas, que corresponden a 350 casos, ocurridos principalmente durante la cobertura periodística de las manifestaciones.
Son los funcionarios públicos quienes, muchas veces, descalifican, insultan y acosan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes o críticas. Los programas de medios estatales son monopolizados por el sector gubernamental en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia. Se abusa ilegítimamente de las transmisiones obligatorias de radio y tv (cadenas). En 2014, el Presidente de la República realizó 176 cadenas, con una duración total 185,25 horas, la media de estas transmisiones fue de 63 minutos.
La violencia del Estado también se observa en la recurrente criminalización de las ideas, informaciones y opiniones adelantando sanciones mediante “medidas cautelares” que desnaturalizan la posibilidad de la defensa. Entre 2013 y 2015 se realizaron 20 procesos judiciales, en los más recientes se aplicaron penas anticipadas de prohibición de salida del país, en un primer caso contra periodistas y directores del diario Tal Cual y en un segundo caso contra 22 directivos del sitio web La Patilla, El Nacional y reiteradamente contra periódico Tal Cual.
Ante el vacío informativo dejado por medios radioeléctricos amenazados por las sanciones ejercidas a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras restricciones, más personas buscan información en la Web y redes sociales. La política represiva incluyó el castigo a las expresiones en Twitter por altos funcionarios, el bloqueo de páginas web por difundir información incómoda al Gobierno y las filtraciones o hackeos de perfiles en redes sociales y correos electrónicos. Durante el año 2014, las restricciones del derecho a la libertad de expresión en Internet aumentaron 55%.
Desde 2013, al menos 28 medios están afectados severamente por la escasez de papel, 14 dejaron de circular de forma temporal o definitiva y 12 redujeron su paginación y tiraje o modificado sus formatos, como consecuencia de esta crisis. En la actualidad la falta de papel afecta al conjunto de los medios impresos nacionales. La creación del Complejo Editorial Maneiro, por parte del Estado, monopolizó la distribución y venta de papel, pero no soluciona el problema, lo agudiza.
Los procesos de compra-venta de medios de comunicación incluyeron cambios de la línea editorial, que en todos los casos beneficiaron a la gestión gubernamental, reduciendo los espacios para la opinión y la información crítica, haciéndola cada vez menos plural. Estos cambios en la propiedad redundó en presiones de variada naturaleza en contra de los periodistas y trabajadores en general de esos medios y, en casi todos los casos, la imposición de censuras que invisibilizan hechos y voceros de interés colectivo.
La suspensión arbitraria del servicio de internet en situaciones de conflictividad social, tal como sucedió en abril de 2013 en San Cristóbal, estado Táchira, y la amenaza hacia los medios por transmitir hechos de violencia, que llevó al silencio informativo el 12 de febrero de 2014, colocaron a la sociedad en un estado de indefensión y opacidad informativa. El día 13 de febrero de 2014, se ordenó la censura inmediata del canal de noticias NT24, que se difundía a través de 2 servicios de televisión por suscripción y ulteriormente se bloquearon más de 15 sitios web que distribuían sus programas e informaciones.
Consecuencias
Esta situación afecta a las personas y a la sociedad. Son los venezolanos quienes sufren las consecuencias de estar desinformados. La autocensura está cada vez más presente en el ejercicio periodístico como consecuencia de los hostigamientos, las restricciones de acceso a las fuentes de información, la violencia y la política pública concertada para restringir ilegítimamente las libertades públicas.
La violencia institucional, por omisión y por acción deliberada del Estado, afecta directamente el ejercicio profesional del periodismo y con ello se golpea la calidad democrática de la sociedad. Las restricciones a la libertad reducen el debate para el diagnóstico y construcción de soluciones para los graves problemas que aquejan a los venezolanos.
Cada situación que un reportero no alcanza a cubrir, sea por acceso restringido, agresión de funcionarios o terceros, el robo de su equipo de trabajo, o censura; representa una información que no es publicada, que no llega a los ciudadanos.
Sin información, somos vulnerables. En este contexto el trabajo de los periodistas es cada vez más necesario, por ello valoramos sus esfuerzos por informar con rigor y apego a los estándares del oficio. La sociedad venezolana debe defender el derecho de todos a una comunicación plural. Sin periodismo libre no hay democracia.
Nuestro reclamo:
  • Garantías para un periodismo libre e independiente, lo que supone el cese de hostigamientos, agresiones y censuras por parte de funcionarios, cuerpos de seguridad y directivas de medios.
  • Desarrollar una política de protección para el trabajo de los periodistas, con amplias facilidades para acceder a la información pública, el respeto de las normas profesionales y que la difusión de sus trabajos no tengan consecuencias ulteriores.
  • La reivindicación de un genuino carácter público para los medios administrados por el Estado, es decir, que se constituyan como un servicio universal no-gubernamental y regido por una autoridad independiente, al servicio de todos los sectores de la sociedad y no solo de los intereses gubernamentales.
  • Que sean atendidas, en el corto plazo, todas las solicitudes de papel prensa hechas al Complejo Editorial Maneiro por los diarios de circulación nacional y regional. En el mediano plazo que se restituyan otros mecanismos que permitan una diversidad de proveedores o la compra directa de papel y otros productos.
  • Que se restituyan otras modalidades de acceso a los insumos para el desarrollo de los medios de comunicación, ya que ello constituye un mecanismo de censura indirecta que castiga a líneas editoriales críticas procurando el cese de estos medios o su venta a grupos afines a las élites gubernamentales.
Adhesiones
·   Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
·   Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)
·   Coalición Proacceso
·   Colegio Nacional de Periodistas
·   Comité para una Radio y Televisión de Servicio Público (RTSP)
·   Espacio Público
·   Expresión Libre
·   Ininco – Universidad Central de Venezuela (UCV)
·   Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
·   Miguel Ángel Latouche – Escuela de Comunicación Social UCV
·   Postgrado en comunicación social de la UCAB – (Marcelino Bisbal)
·   Ser Comunicación y asociados
·   Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
·   Tiziana Polesel – Escuela de comunicación social de la UCAB
·   Transparencia Venezuela
·   Un Mundo Sin Mordaza