ENTRADA DESTACADA

SIP: Libertad de expresión en la región se ha deteriorado

La SIP se centró en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  (Foto Archivo/El Carabobeño) Juamed Chacín || jcha...

24 febrero, 2015

Capitana Laided Salazar envía contundente carta desde Ramo Verde



La capitana Laided Salazar de Zerpa detenida en Ramo Verde, envió una contundente carta donde denuncia los atropellos cometidos por el Gobierno contra la oposición. 
 
Salazar y otros oficiales de la aviación fueron detenidos por órdenes directas de Nicolás Maduro, por estar supuestamente vinculados a un plan golpista. Fue detenida el 5 de Mayo de 2014.
 
 
Cárcel de Ramo Verde
17 de Febrero 2015
 
 
Son tiempos de cobardías y bastardias donde se ha tomado el camino tortuoso y grotesco de la opresión, de atropellos, abusos, violación de los derechos humanos y una nueva maniobra la de mentira e infamia, todo esto engloba a este régimen de Apartheid que estamos viviendo en nuestros país.
 
Un régimen autoritario, dictador y tiránico que fomenta el odio unos contra otros, y que ahora tiene la tarea fundamental de todo “fascismo” perverso desprestigiar, humillar, de asesinar moralmente y profesionalmente todo aquel que discrepe o critique al gobierno.
 
Convirtiéndolo en un criminal, sometiéndolo al escarnio público por tener pensamientos distintos a sus gríngolas ideológicas, con las más aberrantes y falsas acusaciones, con declaraciones y calificativos funestos (traidores, magnicidas, asesinos, monstruo) y demás pestilencia que se les ocurra en su repugnante boca, declaraciones que al escuchar no cree que el más vil de los hombres pueda expresarse del otro. Y perturbados de sus propios demonios y temores embarran, ensucian La Dignidad una Mujer.
 
Otra faceta más de este gobierno, además de se homofóbicos también son misógenos, muestra de ello Actualmente me encuentro privada de libertad hace 9 meses (5 meses en el DGCIM y 4 meses en La Cárcel de Ramo Verde) en compañía de Leopoldo López y Daniel Ceballos.
 
Hemos sido víctimas de abusos y torturas psicológicas, confinamiento y aislamiento, en fin múltiples represiones por parte del director Homero Miranda y lo peor aún he sido víctima de matriz de opinión por parte del DGCIM de desprestigiarme moralmente en mi dignidad de mujer ¡¡NO LO LOGRARÁN!! porqué se escudan bajo una mentira para convertirnos en cómplices serviles ¡¡JAMÁS!! NO me sucumbiré en el miedo y la opresión tengo mi cara bien en alto y estoy erguida de dignidad, tengo la alegría de mi conciencia limpia y la alegría de la honradez que no carecen ¡¡NO ME DOBLEGARAN!! Sé que vendrán más amenazas, confinamientos, aislamientos para mí y más persecución para mi familia, mi menor hijo de 10 años, quién fue víctima de abusos al ser reseñado y fotografiado en el DGCIM, torturándome psicológicamente y querer sobornarme y se que llegarán otros abusos y violaciones de los derechos humanos quien sabe de qué forma.
 
¡¡NO LO LOGRARÁN!! Ningún poder de la tierra podrá arrancarme mi Libertad Espiritual y mi Libertad de Conciencia. Prefiero ser presa de conciencia que ser esclava.
 
 
Cap. (Ar) Laided Salazar de Zerpa.

 (UCEVISTA POR SIEMPRE)
 

“Por la Refundación de Nuestra Patria”

Represión de protestas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela


EFE

Las fuerzas de  en Venezuela emplearon en 2014 fuerza excesiva para dispersar protestas, y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su  a abogados y médicos, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de las libertades en el mundo.
Asimismo, se denunciaron torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos del Gobierno, las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques, y las condiciones de reclusión seguían siendo duras.
El primer año de mandato del presidente Nicolás Maduro estuvo marcado por un creciente descontento. Entre febrero y julio de 2014 hubo protestas multitudinarias a favor y en contra del Gobierno en diversas zonas del país.
Los manifestantes antigubernamentales y algunos líderes de partidos de oposición que pedían la dimisión del presidente fueron acusados de intentar derrocar al Gobierno.
Al menos 43 personas perdieron la  y más de 870 resultaron heridas -entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes- durante esas protestas, y se denunciaron violaciones de derechos humanos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y grupos armados favorables al Gobierno.
Más de 3.000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las que la mayoría fueron acusadas y puestas en libertad al cabo de unos días. Al finalizar el año, más de 70 manifestantes seguían detenidos en espera de juicio.
AI critica un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaraba ilegal cualquier protesta que no contara con autorización previa, y constata que las fuerzas de seguridad empleaban fuerza excesiva para dispersarlas.
En particular se denunció el uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas, el uso de armas de fuego y materiales antidisturbios inadecuados y manipulados, y de  lacrimógeno y balas de goma en espacios .
Respecto a la tortura y los malos tratos, el informe señala que al menos 23 personas fueron detenidas el 19 de marzo en una operación conjunta de la Guardia Nacional y el Ejército en Rubio, en el estado de Táchira, y mientras se encontraban bajo custodia recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual.
Los defensores de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques e intentos de desacreditar su labor, acusándoles de implicación en actos violentos durante las protestas o de conspiración para desestabilizar al Gobierno.
El sistema de justicia sufría injerencias gubernamentales, especialmente en casos de personas criticas con el Gobierno.
AI cita el caso de Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, que permanece recluido desde hace un año sin pruebas para las acusaciones en su contra, que parecen obedecer a motivos políticos. Se enfrenta a cargos de incendio y daños, instigación y asociación para delinquir, castigados con hasta 10 años de prisión.
En septiembre de 2013, tras denunciar antes la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Venezuela dejó de someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares dejaron de poder recurrir a esa Corte.
A pesar de las reformas del sistema penitenciario, destacan la falta de atención médica, alimentos y agua potable, las condiciones insalubres, el hacinamiento y la violencia en prisiones y comisarías.
Durante el primer semestre del año, las ONG locales denunciaron 150 muertes en prisiones y siete bajo custodia policial.