Altos cargos de los Gobiernos de Venezuela de la etapa de Hugo Chávez figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas por blanqueo de capitales, según un extracto del informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, elaborado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), presidida por el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, así lo publicó El País
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ /Madrid
El informe apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a antiguos altos cargos del chavismo en relación con la concesión de grandes contratos públicos. Hay dos que destacan en particular. En primer lugar, un contrato para el pago de una comisión del 5,5% de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de 1.500 millones de euros, con lo que el importe ascendería a 82,5 millones de euros (más de 100 millones de dólares al cambio de aquel momento). En segundo lugar, otros contratos para el pago de una comisión del 4,8% por parte de varias empresas españolas por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de dólares, con lo que la comisión sería de 88,8 millones de dólares. En ambos casos, los receptores de esos pagos serían sociedades controladas por antiguos altos cargos del Gobierno venezolano.
El Sepblac llevaba investigando Banco Madrid desde abril del año pasado, pero seguía actuando con total normalidad sin que el Gobierno español hubiera tomado ninguna decisión hasta que Estados Unidos lanzó un duro informe contra su matriz andorrana, BPA. Tras ello, el Banco de España intervino la filial española y los interventores han decidido suspender pagos, bloqueando los ahorros de sus miles de clientes.
El informe del Sepblac incluye las operaciones de varios venezolanos entre las que deberían haber sido objeto de examen especial y de comunicación a las autoridades por indicios de blanqueo de dinero. En los extractos del documento al que ha tenido acceso EL PAÍS figuran Nervis Gerardo Villalobos, antiguo viceministro de Energía y expresidente de la empresa pública Cadafe; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de la Electricidad de Caracas (EDC); Carlos Luis Aguilera Borjas, que, según elata el informe “es antiguo capitán del Ejército venezolano, habiendo formado parte del círculo más cercano al expresidente Hugo Chávez, del que habría sido guardaespaldas”; Omar Jesús Farías Luces, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario; José Luis Zabala, cercano a Farías, y Fred Aarons Pointevien. “uno de los directores principales de mibanco, Banco de Desarrollo”. Según el diario El Mundo, que desveló la presencia de chavistas entre los sospechosos de blanqueo en Banco Madrid, además de los citados también se investiga a Alcides Rondón, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, si bien el citado no figura en el extracto del informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.
“Indicios de blanqueo de capitales”
El informe del Sepblac relata uno por uno los indicios en contra de los citados clientes de Banco Madrid. El informe elaborado por el organismo presidido por Íñigo Fernández de Mesa se detiene especialmente en seis operaciones en las que “concurren indicios de blanqueo de capitales”.
En el caso de Nervis Gerardo Villalobos, el informe señala que para la justificación de los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid se han aportado dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por Villalobos y su mujer que el Sepblac no ve claros. El primero, de 2010, está firmado por Kingsway Lda (sociedad de Villalobos) y la firma estadounidense Miami Equipment & Export, que contrata a la primera por servicios de consultoría por 9,5 millones de dólares. “Llaman la atención los hechos de que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en España y de que no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría real por Kingsway Lda”, dice el informe.
En el segundo contrato, de 2011, se cede a Ingespre, una empresa de Villalobos, la posición en un contrato anterior de Técnicas Reunidas Terca, C. A. con la empresa española Duro Felguera. Ese contrato se celebró en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento en “la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW (central Termocentro)”.
Dos comisiones multimillonarias
El informe del Sepblac dice que “pese a que la consultoría es una actividad en la que la experiencia y el perfil profesional del consultor es un elemento fundamental, ni en el contrato ni en otra documentación obrante en Banco Madrid se ofrece una justificación razonable de una alteración tan importante del contrato como es el cambio de consultor”. El informe también señala que llama la atención que se estipule que “el contenido del asesoramiento objeto de este contrato será, generalmente, de forma oral”. En el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de dólares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicación de la planta termoeléctrica por parte de La Electricidad de Caracas. Según la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por importe superior a 1.500 millones de euros. Con ello, la comisión habría ascendido a 82,5 millones de euros, más de 100 millones de dólares al cambio de entonces.
Sobre Javier Alvarado, que fue viceministro de Desarrollo Eléctrico, el informe señala que aparece vinculado en los medios de comunicación con Villalobos y que dada esa relación, el hecho de haber tenido responsabilidad pública en su país y que no se ofrece explicación sobre las razones para abrir una cuenta en Banco Madrid, las operaciones debieron haber sido objeto de examen especial y de comunicación por indicio de blanqueo de capitales.
Otro de los clientes sospechosos es Carlos Luis Aguilera Borjas, “antiguo capitán del Ejército venezolano, habiendo formado parte del círculo más cercano al expresidente Hugo Chávez, del que habría sido guardaespaldas” y exdirector de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). De él se señala que tiene una participación del 40% en dos sociedades Servicios para Metros (Semeca) y Tecnotren de Venezuela.
Semeca tiene formadas uniones temporales de empresas con las empresas españolas CAF, Dimetronic, Cobra (del grupo ACS) y Constructora Hispánica (implicada en el caso Gürtel). Tecnotren presta servicios a esas mismas empresas. esta última firmó contratos con Cobra, Dimetronic y Constructora Hispánica en relación con el proyecto para la rehabilitación y modernización de la línea 1 del metro de Caracas. En ellos, se fijaban unas comisiones del 4,8% para la empresa de Aguilera. “Llama la atención, entre otros factores, que las tres empresas contraten al mismo consultor, aunque con objetos diferentes, y que en los tres casos se fije una retribución variable y no fija, siendo además idéntico el porcentaje de remuneración”.
El 3 de octubre de 2008, el Gobierno venezolano adjudicó el contrato de rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por 1.850 millones de dólares al consorcio liderado por CAF, en el que participaban Dimetronic, Cobra y Constructora Hispánica. Una comisión del 4,8% sobre esa cifra equivale a 88,8 millones de dólares.
En la documentación del Sepblac también aparecen otras operaciones sospechosas, en algunos casos de clientes que ya habían cancelado sus cuentas antes de la inspección del Sepblac.
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