Según el informe 11
jóvenes están privados de libertad (AFP/Juan
Barreto)
El informe presentado hoy por el CDH-UCAB, presidido por la socióloga Ligia Bolívar, resalta que "prácticamente todos los detenidos" han denunciado que "han sido agredidos sicológica y físicamente" por efectivos del los cuerpos de seguridad del Estado. "Han recibido golpes con los cascos, puños de los funcionarios y disparos de perdigones".
El Universal
Caracas.- El
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
presentó hoy un informe
preliminar sobre casos de detenciones y violación a los derechos humanos
ocurridos durante las protestas estudiantiles que se escenificaron en la Gran
Caracas (5 municipios de la capital y las regiones de Guatire – Guarenas y Altos
Mirandinos) desde el 12 hasta el 28 de febrero.
Según el documento, hasta la noche del sábado 1 de marzo el CDH-UCAB ha contabilizado "331 reportes de detenciones, de los cuales 265 están en libertad plena o condicional, 11 están privados de libertad y a la espera de juicio, 50 permanecen detenidos a la espera de presentación en los tribunales y hay 5 casos sin información".
En el balance general que realiza la institución destaca que en prácticamente todos los casos "con decisión", los jueces "otorgaron la medida cautelar de prohibición de manifestación, cuando esa sanción no está prevista de forma expresa en la Ley y viola el derecho de manifestar pacíficamente consagrado constitucionalmente".
Agresiones sicológicas y físicas
El CDH-UCAB, presidido por la socióloga Ligia Bolívar, resalta que "prácticamente todos los detenidos han denunciado que han sido agredidos sicológicamente y muchos físicamente".
"Las sicológicas van desde amenazas de que serán agredidos físicamente o incluso amenazas de que serían violados. Las agresiones físicas van desde lesiones leves en distintas partes del cuerpo, hasta sumamente delicadas que nos encontramos verificando", precisa el informe.
En caso de agresiones, destaca el de las 44 personas detenidas el 19 de febrero durante una manifestación pacífica en San Antonio de Los Altos, estado Miranda, quienes afirmaron haber sido objeto de "uso desproporcionado de la fuerza por parte de la GNB" y presentaban "heridas con perdigón, golpes con cascos y puños de los funcionarios".
Cinco de esos detenidos, Joaquín Sumalla Chacín, Gengis Pinto, Andrés Bonilla, Luis Gutiérrez y Steven Guía Espinoza, fueron trasladados de emergencia al Hospital Victorino Santaella para tratarles las graves heridas. Tres de ellos, Sumalla Chacín, Bonilla y Espinoza fueron retirados por la Guardia Nacional sin autorización de los médicos. Los otros dos jóvenes, Pinto y Gutiérrez fueron llevados a la Clínica El Paso, "pues las lesiones que presentaban requerían de una atención que no se les podía dispensar en el hospital".
"Uno de ellos, Luis Gutiérrez, presentaba contusiones en la cara y una herida en la cabeza, mientras que el otro, Gengis Pinto, tenía un dedo en situación critica debido a heridas con perdigones".
El informe asegura, además, que "se les ha "negado arbitrariamente" a los familiares la posibilidad de ver a los detenidos, "lo que no sólo es violatorio de los derechos más elementales de los detenidos y familiares, sino que incluso ha generado algunas denuncias de desapariciones que cesan después de varias horas y que habrían podido evitarse con información oportuna" y han reportado, en su mayoría, que "fueron despojados de pertenencias tales como teléfonos celulares, billeteras y dinero en el momento de la detención".
Asimismo, se repite el patrón de que las autoridades "no levantaron constancia" del estado físico y síquico de las personas detenidas.
Delitos con penas altas
En cuanto a los delitos imputados, el CDH-UCAB observó que en los casos ocurridos en el estado Miranda, "el número de delitos imputados fue mayor que los que ocurrieron en Caracas".
"Imputaron delitos con penas más o menos altas, como obstaculización de vías en intimidación pública que tienen penas de hasta 10 años".
Los jóvenes que recibieron medida cautelar de presentación, "en algunos se les impuso cada 30 días, a otros 45 días".
Víctimas no han sido atendidas por Defensoría
Con respecto a la actuación de la Defensoría del Pueblo, el CDH-UCAB realizó hasta el 1 de marzo, "22 entrevistas a profundidad", donde se pudo conocer que "14 personas manifiestan no haber tenido entrevistas o contacto alguno con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, uno no brindó información al respecto y de los 7 que afirman haber tenido entrevista, 5 la tuvieron en privado y 2 en presencia de otros funcionarios, sin privacidad para hablar con libertad".
El pasado 1 de marzo, la directora del CDH-UCAB Ligia Bolívar le exigió, a través de la red social Twitter, a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que en vez de esperar informes sobre violación a los derechos humanos, saliera a la calle a verificar la situación.
"Nuestro equipo es más pequeño que el suyo @gabrieladelmarp y ha llegado a todos los centros de detención. No pida informes. Salga", según la cuenta @CDH-UCAB, a lo que Ramírez contestó "@CDH-UCAB en tiempo "de guerra" la primera víctima es la verdad. Hoy la verdad muere estrangulada por tuits de Ligia Bolívar".
En una entrevista que realizó el canal del Estado, VTV, a la Defensora del Pueblo, aseguró que en su despacho sólo ha recibido 43 denuncias contra la Guardia Nacional por uso desproporcionado de la fuerza y destacó que no tiene denuncias de torturas. "Las denuncias están investigándose, así como el del joven que denunció en Carabobo haber sido supuestamente violado con un fusil".
Según el documento, hasta la noche del sábado 1 de marzo el CDH-UCAB ha contabilizado "331 reportes de detenciones, de los cuales 265 están en libertad plena o condicional, 11 están privados de libertad y a la espera de juicio, 50 permanecen detenidos a la espera de presentación en los tribunales y hay 5 casos sin información".
En el balance general que realiza la institución destaca que en prácticamente todos los casos "con decisión", los jueces "otorgaron la medida cautelar de prohibición de manifestación, cuando esa sanción no está prevista de forma expresa en la Ley y viola el derecho de manifestar pacíficamente consagrado constitucionalmente".
Agresiones sicológicas y físicas
El CDH-UCAB, presidido por la socióloga Ligia Bolívar, resalta que "prácticamente todos los detenidos han denunciado que han sido agredidos sicológicamente y muchos físicamente".
"Las sicológicas van desde amenazas de que serán agredidos físicamente o incluso amenazas de que serían violados. Las agresiones físicas van desde lesiones leves en distintas partes del cuerpo, hasta sumamente delicadas que nos encontramos verificando", precisa el informe.
En caso de agresiones, destaca el de las 44 personas detenidas el 19 de febrero durante una manifestación pacífica en San Antonio de Los Altos, estado Miranda, quienes afirmaron haber sido objeto de "uso desproporcionado de la fuerza por parte de la GNB" y presentaban "heridas con perdigón, golpes con cascos y puños de los funcionarios".
Cinco de esos detenidos, Joaquín Sumalla Chacín, Gengis Pinto, Andrés Bonilla, Luis Gutiérrez y Steven Guía Espinoza, fueron trasladados de emergencia al Hospital Victorino Santaella para tratarles las graves heridas. Tres de ellos, Sumalla Chacín, Bonilla y Espinoza fueron retirados por la Guardia Nacional sin autorización de los médicos. Los otros dos jóvenes, Pinto y Gutiérrez fueron llevados a la Clínica El Paso, "pues las lesiones que presentaban requerían de una atención que no se les podía dispensar en el hospital".
"Uno de ellos, Luis Gutiérrez, presentaba contusiones en la cara y una herida en la cabeza, mientras que el otro, Gengis Pinto, tenía un dedo en situación critica debido a heridas con perdigones".
El informe asegura, además, que "se les ha "negado arbitrariamente" a los familiares la posibilidad de ver a los detenidos, "lo que no sólo es violatorio de los derechos más elementales de los detenidos y familiares, sino que incluso ha generado algunas denuncias de desapariciones que cesan después de varias horas y que habrían podido evitarse con información oportuna" y han reportado, en su mayoría, que "fueron despojados de pertenencias tales como teléfonos celulares, billeteras y dinero en el momento de la detención".
Asimismo, se repite el patrón de que las autoridades "no levantaron constancia" del estado físico y síquico de las personas detenidas.
Delitos con penas altas
En cuanto a los delitos imputados, el CDH-UCAB observó que en los casos ocurridos en el estado Miranda, "el número de delitos imputados fue mayor que los que ocurrieron en Caracas".
"Imputaron delitos con penas más o menos altas, como obstaculización de vías en intimidación pública que tienen penas de hasta 10 años".
Los jóvenes que recibieron medida cautelar de presentación, "en algunos se les impuso cada 30 días, a otros 45 días".
Víctimas no han sido atendidas por Defensoría
Con respecto a la actuación de la Defensoría del Pueblo, el CDH-UCAB realizó hasta el 1 de marzo, "22 entrevistas a profundidad", donde se pudo conocer que "14 personas manifiestan no haber tenido entrevistas o contacto alguno con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, uno no brindó información al respecto y de los 7 que afirman haber tenido entrevista, 5 la tuvieron en privado y 2 en presencia de otros funcionarios, sin privacidad para hablar con libertad".
El pasado 1 de marzo, la directora del CDH-UCAB Ligia Bolívar le exigió, a través de la red social Twitter, a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que en vez de esperar informes sobre violación a los derechos humanos, saliera a la calle a verificar la situación.
"Nuestro equipo es más pequeño que el suyo @gabrieladelmarp y ha llegado a todos los centros de detención. No pida informes. Salga", según la cuenta @CDH-UCAB, a lo que Ramírez contestó "@CDH-UCAB en tiempo "de guerra" la primera víctima es la verdad. Hoy la verdad muere estrangulada por tuits de Ligia Bolívar".
En una entrevista que realizó el canal del Estado, VTV, a la Defensora del Pueblo, aseguró que en su despacho sólo ha recibido 43 denuncias contra la Guardia Nacional por uso desproporcionado de la fuerza y destacó que no tiene denuncias de torturas. "Las denuncias están investigándose, así como el del joven que denunció en Carabobo haber sido supuestamente violado con un fusil".
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