La actuación de los cuerpos policiales y de la
Guardia Nacional Bolivariana para reprimir las manifestaciones iniciadas en
febrero plantea un conflicto con las propias normas y procedimientos operativos
internos de estas instituciones en materia de control y restablecimiento del
orden público.
En las protestas, que cobraron fuerza a partir
del 12 de febrero en las principales ciudades del país, han muerto 18 personas,
así como cientos de lesionados, muchos de ellos debido al uso desproporcionado
de la fuerza por parte de las autoridades. Tal es el caso de Marvinia Giménez,de
35 años de edad, golpeada a mansalva por una funcionario de tropa de la GNB
durante manifestaciones en Valencia.
Para el general de brigada retirado de la GNB,
Miguel Aparicio, y el coronel retirado del mismo cuerpo Eduardo Santander, esto
va contra las leyes vigentes, así como también contra las reglas y prácticas que
son enseñadas en las escuelas de tropas.
Advirtieron que las desviaciones comenzaron
cuando el Ejecutivo nacional ordenó la actuación en la calle de la GNB en
estados como Lara y Miranda sin tomar en cuenta el criterio de los
gobernadores.
El Reglamento de Servicio en Guarnición establece
que en estos casos la GNB solo puede desplegarse por solicitud del mandatario
regional correspondiente, al constatar que las protestas han rebasado la
capacidad de control de las policías regionales.
El Ejecutivo, sin embargo, ordenó desde el 12 de
febrero el acuartelamiento de los cuerpos estatales y municipales, con lo que en
la práctica solo cuenta con la Policía Nacional Bolivariana y la GNB para
preservar la tranquilidad. Pero la PNB no cuenta con los recursos suficientes
para cumplir con esta labor en todo el país, aunque ya tiene seis años de
existencia, debió ser creada en 2000 por mandato constitucional. Por esta razón
las unidades de ese cuerpo en los estados andinos han solicitado refuerzos y
equipamiento en las últimas semanas. En Caracas opera como complemento de la
GNB.
Principios violentados. Los cuerpos de
seguridad deben actuar ante manifestaciones siguiendo parámetros de
progresividad, proporcionalidad y oportunidad, según Aparicio (ex jefe del
Destacamento Móvil 51 de la GNB). No se puede lanzar granadas lacrimógenas sin
previa negociación verbal con una multitud que manifiesta pacíficamente frente a
una plaza.
Los militares, además, deben ser neutros en su
accionar. No pueden liarse a puños y patadas con manifestantes ni gritar
consignas. Aparicio advirtió que esas son señales de que la tropa no es
profesional ni entrenada.
Responsabilidad en cadenaLa directora
de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que los jefes de las unidades
militares también deben ser responsables por los excesos que cometan sus
efectivos. A su juicio, lo que se ha visto es un uso abusivo de los recursos de
la FANB contra la población civil, a veces en forma combinada con grupos
paramilitares. Sostuvo que esto comenzó a verse en 2009, cuando el actual jefe
de Operaciones de la GNB, general Antonio Benavides, encabezaba el Estado Mayor
del CORE 5. Dijo que la falta de sanción penal y administrativa refleja la
anuencia de toda la jerarquía castrense hacia esa forma de actuar.
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