“La censura es el tipo de violación más recurrente, cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela”, afirmó Gloria Salazar, de Espacio Público, en una audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según esta organización, en lo que va de año se han registrado 71 casos de censura, lo que supone un aumento del 87 por ciento respecto a 2012.
De acuerdo con las ONG, los ataques a la libertad de prensa se recrudecieron especialmente durante el periodo electoral de abril que resultó en la victoria del presidente Nicolás Maduro, semanas en las que las organizaciones de medios aseguran haber registrado 46 ataques a la libertad de expresión y agresiones a decenas de periodistas, entre otros.
La representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, señaló como “preocupación especial” el hecho de que se esté convirtiendo, dijo, en un “hecho recurrente” que se destruyan los equipos de reporteros que han registrado violaciones de derechos humanos o que las autoridades confisquen y borren su material.
Asimismo, se denunciaron “dificultades” para acceder a la información pública que, advirtieron los ponentes, afectan al monitoreo y ejercicio de la “contraloría social” que supuestamente promueve el gobierno de Nicolás Maduro.
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), detalló por su parte que “del 1 enero al 10 octubre de 2013, IPYS Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos”.
Balbi expresó que preocupa el aumento de procesos judiciales que se han iniciado contra periodistas, directivos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, si se comparan los datos entre enero y octubre de 2012 y 2013.
“En el año en curso IPYS Venezuela ha reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 se registraron 4 incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre la corrupción en la gestión pública; la situación de inseguridad ciudadana y la conflictividad sociopolítica, las presuntas arbitrariedades en el contexto electoral, y las irregularidades de abastecimientos de bienes y servicios básicos”.
Respuesta oficial
En la respuesta del gobierno, el escritor y representante del ejecutivo venezolano Luis Britto García calificó como “absolutamente inadmisible bajo el principio de cualquier lógica” las acusaciones de censura en el país y afirmó que en Venezuela los medios de comunicación privados “crecen, proliferan” a pesar de que la mayoría son “adversos” al gobierno y “constantemente inventan sin ningún tipo de obstrucción”.En este sentido, contraatacó afirmando que muchos medios de comunicación están realizando una “estrategia de terror fundamentada en los desabastecimientos”, como en el caso del combustible o productos básicos, y acusó a los medios opositores de usar una peligrosa “dialéctica del pánico”.
“Nunca se ha visto tal mendacidad en los medios de comunicación ni tal lenidad dentro de un gobierno legítimo, y eso prosigue hasta ahora”, aseveró.
La relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, replicó recordándole a los representantes estatales que las violaciones a la libertad de expresión “no se producen solamente cuando hay censura, sino cuando hay restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”.
Y puso el ejemplo de “cuando un titular da lugar a un proceso penal, incluso incitado por el propio jefe de Estado a través de los medios de comunicación”.
Botero se refería de esta forma al reciente caso del diario venezolano “2001″, contra el que el presidente Maduro reclamó un “castigo severo” a comienzos de mes por haber publicado una noticia en la que se sugería que la distribución de gasolina se encontraba racionada por el gobierno y que iba titulada: “La gasolina la echan con gotero”.
“¿La publicación de un titular así realmente genera tanta zozobra? ¿Es tan grave ese titular? ¿Cuál es la garantía para el ejercicio de la libertad de expresión si ese titular da lugar a ese tipo de acciones?”, cuestionó Botero, quien pidió “profundizar” en las garantías judiciales y legales para el ejercicio de la libertad de expresión.
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