El 8 de julio fue allanada la casa de dos implicadas en San Román / William
Dumont
Las averiguaciones sobre el caso señalan que los implicados
clonaron expedientes para hacer el desvío millonario. Hasta ahora hay ocho
detenidos
El Nacional
El gobierno pagó a 2 empresas fantasma 84,9 millones de dólares
pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino Venezolano, con la finalidad de
comprar tractores y otras máquinas agrícolas. Luego de 10 meses de
averiguaciones, los funcionarios del Estado todavía desconocen a manos de quién
fue a parar esa fortuna.
El fraude se cometió en junio de 2012 con una
falsa operación para adquirir activos para una compañía del Ministerio de
Agricultura y Tierras: la empresa socialista CVA Pedro Camejo, cuya función es
proporcionar equipos para la mecanización de las labores agrícolas en el campo
venezolano, donde no se alcanza a producir la mayoría de los alimentos que se
consumen en el país.
El presidente Nicolás Maduro ha puesto la
averiguación sobre el fraude –por el cual hay ocho detenidos– como ejemplo de la
lucha anticorrupción, pero no ha ofrecido detalles de cómo ocurrió el hecho y de
los obstáculos que todavía tienen los investigadores para identificar dónde está
el dinero de la República. El Nacional tuvo acceso al expediente penal
00–DLCLDFE-F23-0161-212 que aclara puntos ocultos.
El monto fue
desembolsado en dos operaciones autorizadas por María de los Ángeles González,
que era vicepresidente de Finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (Bandes), institución que maneja el fondo conjunto.
El primer
pago investigado fue hecho el 5 de junio de 2012 a favor de la sociedad Bismarck
Consorcio Trading Corp, por 62,8 millones de dólares. El 25 de septiembre del
mismo año hubo otra transferencia irregular a la compañía anónima Kelora, por 22
millones de dólares. Ninguna de esas empresas estaba registrada como proveedora
de los programas que serían financiados a través del Plan Bienal del Fondo
Chino, por lo que los implicados en el fraude recurrieron a un método: “clonar
las carpetas” y presentar ambas empresas como las verdaderas beneficiarias de la
transferencia.
La CVA Pedro Camejo solo podía contratar con compañías de
países considerados “aliados” del régimen, según se desprende del expediente. En
el ámbito de la maquinaria agrícola, la corporación oficial daba preferencia a
los proveedores de Argentina. Las carpetas originales beneficiaban a la empresa
sureña Pauny SA ,que instaló una ensambladora en Venezuela. Quienes cometieron
el fraude tuvieron el cuidado de presentar a Bismarck y Kelora como inscritas en
los registros mercantiles argentinos.
La acusación escrita por los
fiscales indica que los ocho detenidos y otras personas que hasta el momento no
han sido identificadas supuestamente se confabularon para falsificar las órdenes
de compra. Las adquisiciones no se hacían por licitación, por lo cual era
necesario conocer de antemano cuál sería el beneficiario de las transferencias
para suplantar el expediente correcto por los forjados.
Las carpetas
originales correspondientes a la empresa Pauny SA –con el contrato firmado el 11
de mayo de 2012 con su representante, José María López– se extraviaron
temporalmente del archivo del Fondo Chino, en el piso 23 de la Torre Latino, en
Caracas. Allí hay un sistema de videovigilancia, pero no se obtuvo un registro
del momento en que se hizo el cambio para beneficiar a Bismarck y Kelora.
Después de que se hicieron los pagos irregulares, apareció de nuevo el
expediente verdadero sobre una mesa y nadie sabe aún quién lo puso
allí.
Las investigaciones han permitido identificar debilidades en los
controles con los que se manejan recursos millonarios en Venezuela. Los
analistas del fondo, por ejemplo, declararon que recibían las carpetas en forma
aleatoria con copias simples.
Ellos se limitaban a cotejar cosas tales
como que las adquisiciones se hicieran contra partidas adecuadas y con
disponibilidad de dinero. Manifestaron que no tenían contacto con representantes
de la CVA Pedro Camejo para verificar que las empresas beneficiarias estuviesen
debidamente registradas y fuesen las escogidas para recibir el
financiamiento.
Las pesquisas. Durante las averiguaciones, iniciadas el
19 de diciembre de 2012, el Ministerio Público envió rogatorias de información a
Argentina, Portugal y Suiza para obtener indicios sobre el destino que tuvo el
monto millonario. Al momento de redactar este trabajo los datos solicitados a
los países europeos no habían llegado y la incógnita seguía en pie.
Los
investigadores solo disponen de los documentos y evidencias en archivos
informáticos recabados durante el allanamiento a una quinta de la calle Cagua de
San Román, en Caracas –donde residen dos de los ocho implicados hasta ahora– y
de una oficina en la torre Diamén de Chuao, también en la capital.
Los
datos han permitido avanzar en una hipótesis: que la fortuna defraudada terminó
en una cuenta abierta en el Credit Suisse Bank por representantes de la empresa
suiza Cavemin, relacionada con una compañía homónima inscrita en Venezuela,
destinada a actividades de “mantenimiento industrial”. La información indica que
los directores de Cavemin supuestamente manejaban las dos empresas que
recibieron los fondos del Bandes y que ordenaron la transferencia a la cuenta de
otra firma que luego cerraron.
Hasta el momento permanecen detenidos por
el caso seis empleados del Bandes y dos personas vinculadas a Cavemin. Las
relacionadas con la compañía son Dubravka Dojc y Lea Dojc. Las imputaron por
forjamiento y uso de documento público, peculado doloso propio y asociación para
delinquir.
Los ex funcionarios son Pablo José González Hernández,
gerente ejecutivo encargado del Fondo Chino; César Rafael Cortissoz Ospino,
coordinador legal del Fondo Chino; María Gabriela Dona García, Ángel Daniel
Dávila Briceño, ambos analistas legales del fondo, y Roberto Pfeffer Almeida,
administrador del Fondo Chino. Les imputan peculado doloso y asociación para
delinquir.
Todos fueron acusados el 25 de agosto por los fiscales del
Ministerio Público Marvila Araujo, Diszlery Cordero y Eduardo Colmenares, en
audiencia efectuada en el juzgado 34º de control de Caracas, a cargo de
Dayanhara González. En las primeras de cambio también fue detenido César Augusto
Romero, abogado de los Dojc que figuraba en la directiva de Cavemin.
Pero luego le dieron libertad condicionada y no puede salir del país.
Igual decisión hubo con María Gabriela Dona, debido a que estaba embarazada para
el momento de su detención. Más allá de las aprehensiones, sigue un asunto sin
resolver: no hay rastros de adónde fueron a parar 84,9 millones de dólares que
debieron emplearse para el campo venezolano.
ABC del fondo
En
Fondo Conjunto Chino Venezolano comenzó a operar en marzo de 2008. Tiene el
objetivo de “impulsar el desarrollo socioproductivo e industrial de Venezuela, a
través de la ejecución de proyectos de gran envergadura”.
Los recursos
del fondo son administrados por el Bandes, que recibe las transferencias del
Fonden para el financiamiento de programas específicos. Cada una es aprobada por
el presidente de la República en punto de cuenta.
El dinero objeto de
este fraude provino de una partida de 2 millardos de dólares aprobada el 9 de
julio de 2011, destinada al Plan Bienal para la Producción de Alimentos.
Para
comprar maquinaria agrícola contra recursos de este programa, el Bandes firmó un
“convenio interinstitucional” por 409,4 millones de dólares con el Fondo Chino y
la CVA Pedro Camejo.
Las maquinarias agrícolas solo podían ser compradas
a 40 empresas argentinas, incluidas en una lista que manejaba la CVA Pedro
Camejo.
Lagunas
Como las rogatorias no han sido contestadas, los
fiscales del caso desconocen si alguno de los funcionarios implicados recibió
dinero de los representantes de Cavemin o de alguna empresa relacionada. Sus
cuentas en Venezuela fueron congeladas y analizadas, sin que aparecieran
evidencias de corrupción. Entonces ¿qué ganaron los funcionarios del Fondo Chino
al asociarse para desviar unos fondos en beneficio de una empresa
privada?
Las experticias grafotécnicas corroboraron que los analistas del
fondo avalaron con sus firmas los expedientes que permitieron los pagos a
Bismarck y a Kelora. Pero no se sabe con certeza quiénes hicieron las otras
firmas que están en esos mismos expedientes. Parte de la red que posibilitó
estos pagos aún está en el Bandes.
DATO
Las pesquisas iniciales
fueron hechas por integrantes de la GNB adscritos a la Dirección de
Contrainteligencia Militar, bajo el mando del mayor general Hugo Carvajal.
Contaron con apoyo de la División contra la Delincuencia Organizada del Cicpc.
La primera lista de investigados tenía 14 nombres.
150,9 millones de
dólares es la pérdida calculada hasta el momento solamente por dos fraudes
contra fondos del Bandes. En ambos está implicada la vicepresidente de Finanzas
María de los Ángeles González, presa en Estados Unidos. En ambos el dinero
finalizó en cuentas de la banca suiza.
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