El Gobierno, a
través del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa,
podrá declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada
cualquier información, hecho o circunstancia que considere estratégicos para
preservar la seguridad nacional y prever y neutralizar potenciales amenazas de
enemigos internos o externos.
En la Gaceta
Oficial 40266, del 7 de octubre de 2013, fue publicado el decreto de
creación del Cesppa, cuyo artículo 3 indica que el nuevo organismo “solicitará,
organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel
estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa,
provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y
otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección
Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.
El decreto es
casi idéntico al publicado en Gaceta Oficial el 1 de junio de 2010,
mediante el cual el entonces presidente Hugo Chávez creó el Centro Situacional
de Estudios de la Nación, Cesna.
Los
considerandos de ambos decretos son los mismos y las diferencias en los
artículos se limitan a la adscripción del órgano al Ministerio del Despacho de
la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno (en vez del Ministerio
de Relaciones Interiores y Justicia, al cual estaba adscrito el Cesna), y a la
incorporación de términos como desestabilización y enemigos internos y
externos.
Hay
coincidencias hasta en la numeración de los artículos. El noveno establece la
posibilidad de censura en los mismos términos. Precisamente el desconocimiento
de las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión
y el derecho a la información fundamentaron la impugnación del Cesna ante el
Tribunal Supremo de Justicia por el Colegio Nacional Periodistas, el Sindicato
nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público.
Inconstitucional. En la demanda
interpuesta ante el TSJ se argumentó que el artículo 57 de la Constitución
impide censurar a los funcionarios públicos para que informen sobre asuntos bajo
su responsabilidad. Y que el artículo 143 establece que las restricciones a las
informaciones por razones de seguridad nacional deben estar expresamente
definidas en una ley formal emanada de la Asamblea Nacional, la cual no existe,
de manera que no sería suficiente un decreto ley dictado mediante poderes
especiales concedidos al jefe del Estado.
Oswaldo Cali,
de Espacio Público, informó que la impugnación del Cesna, formalizada el 15 de
julio de 2010, está en fase de sentencia. Pero como el Cesppa deroga el Cesna,
el TSJ podría rechazar la demanda.
Cali considera
que, independientemente de que se denomine Cesna o Cesppa, constituye un
mecanismo de censura. El abogado advirtió que el funcionamiento del organismo
está expuesto en forma ambigua, lo cual puede abrir espacios al abuso de
poder.
A modo de
ejemplo, destacó que el artículo 9 estipula que, “las instituciones públicas y
privadas”, sin mayores presiones, están obligadas a “proteger, neutralizar y
derrotar los planes desestabilizadores en contra de la Nación”. Ello, afirma el
abogado, implica el riesgo de que se violen derechos ciudadanos.
Arrecian ataques a la
prensa
Con la creación
del Cesppa, Maduro reedita un mecanismo que Chávez mantuvo en suspenso, quizás
por los costos políticos que implica restringir la libertad de expresión y el
derecho a la información.
Tinedo Guía,
presidente del Colegio Nacional de Periodistas, opina que los problemas de
escasez e inflación que el gobierno atribuye a una guerra económica son tan
graves que el presidente se atreve a hacer mayores esfuerzos por controlar la
información: “Que la gente solo se entere de lo que al gobierno le conviene, lo
cual implique la radicalización de los continuos ataques a medios y
periodistas”.
Marco Ruiz,
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señala
que, a diferencia de Chávez, que demostró mucha habilidad para afrontar las
críticas, Maduro no sabe cómo hacerlo: “A falta de carisma, el presidente acude
a la coerción para impedir que el ejercicio de la libertad de expresión
fundamente las críticas a la gestión gubernamental, sobre todo en materia
económica”.
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