El director ejecutivo de la Asociación Venezolana de
Clínicas y Hospitales advierte que la regulación de los servicios médicos podría
incidir en el cierre de algunas instituciones
El Nacional.com
El 26 de julio vence el plazo para que las clínicas se registren en la
Superintendencia Nacional de Costos y Precios y se materialice la Providencia
294 referente a la regulación de las tarifas de los servicios de los centros
privados de salud.
Aunque faltan pocos días para que culmine el plazo, la Sundecop todavía no ha dado a conocer su posición sobre los comunicados que ha enviado la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales explicando la inviabilidad de la medida. Cristino García, director ejecutivo del gremio, confía en que el organismo entendió la inaplicabilidad.
García alertó sobre la posibilidad, si se concreta la regulación que anunció el Gobierno el pasado 27 de junio, de que algunas clínicas dejen de operar:
“Lo que sí es inminente es el cierre de servicios y áreas médicas entre tres y seis meses, lo que desmejorará la calidad de la atención. Primero serán los servicios y después áreas médicas completas; aquellas cuyos precios no cubren el material de trabajo ni el personal que se requiere para su prestación. Sin embargo, nuestra prioridad son los pacientes, por lo necesario para seguir ofreciéndoles la misma calidad de servicio. Pero debemos decir que es muy difícil con esas tarifas”.
—¿La clasificación de clínicas que hizo la Alianza Interinstitucional de Salud el año pasado no sirve para aplicar la Providencia 294?
—No, porque no está basada en un elemento reconocido internacionalmente. En Venezuela el único modelo de clasificación es la norma de Conevin de 1987. Aunque ha sufrido modificaciones sigue muy desactualizada. Por ejemplo, ese año no existían tomógrafos, resonadores ni ecosonógrafos.
—¿En función de qué criterios la AIS hizo la clasificación?
—Está relacionada con los precios de los servicios. Según la alianza, el monto de mantenimiento de los 10 millones de beneficiarios que agrupan las 44 instituciones públicas que la integran es más elevado que el presupuesto del Ministerio de Salud. Si eso es así, por qué no invierten ese dinero en el sistema nacional público de salud, lo rescatan y permiten que los usuarios de la AIS vayan a esos centros, y no ponen a la ministra a luchar porque los empleados públicos sean atendidos en las clínicas.
—¿Esa clasificación de clínicas es un reconocimiento por el Gobierno de que el sistema público de salud es deficiente?
—Es difícil trabajar esa idea, pero lo que sí puedo decir es que el Gobierno no va a reconocer que el sistema público de salud es malo. Y no es malo, es pésimo.
—¿Eso explica que las clínicas estén abarrotadas de pacientes?
—El sector privado de salud tiene en todo el país 7.600 camas, mientras que el público tiene 47.000, pero de ellas sólo 15.000 están operativas, es decir, en funcionamiento.
—¿Por qué?
—Porque los hospitales de Caracas tienen alrededor de 5 años en remodelación. Al Estado se le ocurrió remodelar todos los hospitales al mismo tiempo y en ninguno ha culminado los arreglos. Esas camas evidentemente no están operativas. Con 7.600 camas las clínicas atienden 53% de la población, pero nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos una infraestructura para atender ese porcentaje de gente. Sólo Caracas tiene alrededor de 5 millones de habitantes, en este caso pacientes, y las camas de emergencia disponibles en la ciudad no llegan a 500.
El sector privado aporta 320 y el público alrededor de 150. La capacidad estructural de las clínicas no es suficiente para atender las emergencias.
—Por los números que muestra, el sector privado es un complemento del sector público.
—Toda la vida lo ha sido. Hace un poco más de un mes el presidente Nicolás Maduro dijo que lo ideal en salud es que 90% de la población se atendiera en el sector público y 10% en el privado. Creemos que eso es mucho, nosotros nos conformamos con 5%, y con eso estamos bien.
—¿Así es rentable el negocio?
—Esto no es un negocio. Luisina Melo, de la alianza, dice que “la salud no es una mercancía”.
—Pero las clínicas deben tener un margen de ganancia.
—No pasa de 10%. Nadie nos cree.
—Por eso la insistencia: ¿con 5% de la población que atiendan sigue siendo un negocio?
—Eso se traduce en más o menos 1,5 millones de venezolanos, con eso estamos suficientemente abastecidos. Nosotros no tenemos la capacidad estructural para más, aunque somos eficientes.
El índice de rotación (el tiempo que trascurre entre que un paciente egresa de una cama y otro la ocupa) en las 207 clínicas afiliadas a la asociación es mínimo. Las camas no están desocupadas más de 4 horas. En cambio, en el sector público es de 18 días.
—¿Cada cuánto tiempo el sector privado de la salud aumenta las tarifas?
—Nosotros regularmente hacemos dos al año. Hacemos uno en enero cuando el Banco Central de Venezuela da a conocer la inflación oficial del año anterior. En ese momento hacemos un incremento de la mitad de la inflación y el resto lo hacemos en septiembre. En el último incluimos lo que represente técnicamente para nuestro sector el aumento del salario mínimo del 1° de mayo.
—¿Y cómo hacen con los incrementos de los proveedores? ¿Son cónsonos con los del sector?
—No. En marzo pasado los laboratorios subieron los reactivos 93%. Nosotros lo tomamos o lo dejamos, porque no hay otro proveedor.
—Con este desbalance, ¿cómo se mantienen las clínicas?
—Con una situación que ahora pretenden quitarnos: los precios que damos con descuentos es sólo para el sector público. El sector privado tiene otros precios, la diferencia que hay entre lo que el sector público se ahorra en la facturación lo compensamos vía el sector privado.
—Hasta el viernes hay oportunidad para que los centros se registren en la Sundecop. Ustedes le han enviado varios comunicados explicando la inviabilidad de la medida, ¿qué les ha dicho el organismo?
—Aún nada concreto, pero confiamos en que lo harán. De hecho, a finales de la semana pasada la superintendente Karlin Granadillo nos dijo que esta semana se reuniría con nosotros. No nos dio fecha, pero confiamos en que lo harán. Nosotros creemos que la Sundecop entendió que la regulación es inviable.
—¿Por qué usted cree que la alianza afirma que los servicios médicos en las clínicas son costosos?
—Ellos crearon unos fondos autoadministrados que no son malos, porque es un mecanismo de ahorro. Lo que eso no puede resolver es la diferencia en las coberturas para hospitalización, cirugía y maternidad de las 44 instituciones del Estado que integran la AIS, que son muy heterogéneas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene para sus trabajadores una cobertura de 20 millones de bolívares, pero Pdvsa da 180 millones de bolívares, y Cantv 150 millones.
Pero eso no es culpa nuestra. Cómo puedo atender a un paciente del Ministerio de Educación cuyos requerimientos superan la cobertura.
—¿En esos casos qué hacen, no los atienden?
—Claro que los recibimos, porque la mayoría llega por emergencia.
—Pero si la cobertura no les da, ¿qué hace la clínica?
—Hay unos fondos de ayuda social que tienen el BCV. Una vez que el paciente supera la crisis y egresa, la diferencia se tramita ante esos fondos.
—¿Funcionan?
—Sí. Mal, pero funcionan. Las clínicas tardan un año o más en recuperar parte de la diferencia. 13% de lo que facturan las clínicas de AVCH pasa al renglón de incobrables, es decir, no se cobra nunca.
—¿Por qué?
—Corresponde a pólizas de seguros vencidas, a las coberturas que se agotan y eso no lo paga nadie. Uno puede hacer un compromiso de pago con el paciente, pero si no tiene recursos sencillamente no paga. También hay casos en los que hay diferencias entre el monto total de atención y lo que la compañía de seguros reconoce como precio razonable, ahí queda un remanente que nunca cobramos.
Aunque faltan pocos días para que culmine el plazo, la Sundecop todavía no ha dado a conocer su posición sobre los comunicados que ha enviado la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales explicando la inviabilidad de la medida. Cristino García, director ejecutivo del gremio, confía en que el organismo entendió la inaplicabilidad.
García alertó sobre la posibilidad, si se concreta la regulación que anunció el Gobierno el pasado 27 de junio, de que algunas clínicas dejen de operar:
“Lo que sí es inminente es el cierre de servicios y áreas médicas entre tres y seis meses, lo que desmejorará la calidad de la atención. Primero serán los servicios y después áreas médicas completas; aquellas cuyos precios no cubren el material de trabajo ni el personal que se requiere para su prestación. Sin embargo, nuestra prioridad son los pacientes, por lo necesario para seguir ofreciéndoles la misma calidad de servicio. Pero debemos decir que es muy difícil con esas tarifas”.
—¿La clasificación de clínicas que hizo la Alianza Interinstitucional de Salud el año pasado no sirve para aplicar la Providencia 294?
—No, porque no está basada en un elemento reconocido internacionalmente. En Venezuela el único modelo de clasificación es la norma de Conevin de 1987. Aunque ha sufrido modificaciones sigue muy desactualizada. Por ejemplo, ese año no existían tomógrafos, resonadores ni ecosonógrafos.
—¿En función de qué criterios la AIS hizo la clasificación?
—Está relacionada con los precios de los servicios. Según la alianza, el monto de mantenimiento de los 10 millones de beneficiarios que agrupan las 44 instituciones públicas que la integran es más elevado que el presupuesto del Ministerio de Salud. Si eso es así, por qué no invierten ese dinero en el sistema nacional público de salud, lo rescatan y permiten que los usuarios de la AIS vayan a esos centros, y no ponen a la ministra a luchar porque los empleados públicos sean atendidos en las clínicas.
—¿Esa clasificación de clínicas es un reconocimiento por el Gobierno de que el sistema público de salud es deficiente?
—Es difícil trabajar esa idea, pero lo que sí puedo decir es que el Gobierno no va a reconocer que el sistema público de salud es malo. Y no es malo, es pésimo.
—¿Eso explica que las clínicas estén abarrotadas de pacientes?
—El sector privado de salud tiene en todo el país 7.600 camas, mientras que el público tiene 47.000, pero de ellas sólo 15.000 están operativas, es decir, en funcionamiento.
—¿Por qué?
—Porque los hospitales de Caracas tienen alrededor de 5 años en remodelación. Al Estado se le ocurrió remodelar todos los hospitales al mismo tiempo y en ninguno ha culminado los arreglos. Esas camas evidentemente no están operativas. Con 7.600 camas las clínicas atienden 53% de la población, pero nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos una infraestructura para atender ese porcentaje de gente. Sólo Caracas tiene alrededor de 5 millones de habitantes, en este caso pacientes, y las camas de emergencia disponibles en la ciudad no llegan a 500.
El sector privado aporta 320 y el público alrededor de 150. La capacidad estructural de las clínicas no es suficiente para atender las emergencias.
—Por los números que muestra, el sector privado es un complemento del sector público.
—Toda la vida lo ha sido. Hace un poco más de un mes el presidente Nicolás Maduro dijo que lo ideal en salud es que 90% de la población se atendiera en el sector público y 10% en el privado. Creemos que eso es mucho, nosotros nos conformamos con 5%, y con eso estamos bien.
—¿Así es rentable el negocio?
—Esto no es un negocio. Luisina Melo, de la alianza, dice que “la salud no es una mercancía”.
—Pero las clínicas deben tener un margen de ganancia.
—No pasa de 10%. Nadie nos cree.
—Por eso la insistencia: ¿con 5% de la población que atiendan sigue siendo un negocio?
—Eso se traduce en más o menos 1,5 millones de venezolanos, con eso estamos suficientemente abastecidos. Nosotros no tenemos la capacidad estructural para más, aunque somos eficientes.
El índice de rotación (el tiempo que trascurre entre que un paciente egresa de una cama y otro la ocupa) en las 207 clínicas afiliadas a la asociación es mínimo. Las camas no están desocupadas más de 4 horas. En cambio, en el sector público es de 18 días.
—¿Cada cuánto tiempo el sector privado de la salud aumenta las tarifas?
—Nosotros regularmente hacemos dos al año. Hacemos uno en enero cuando el Banco Central de Venezuela da a conocer la inflación oficial del año anterior. En ese momento hacemos un incremento de la mitad de la inflación y el resto lo hacemos en septiembre. En el último incluimos lo que represente técnicamente para nuestro sector el aumento del salario mínimo del 1° de mayo.
—¿Y cómo hacen con los incrementos de los proveedores? ¿Son cónsonos con los del sector?
—No. En marzo pasado los laboratorios subieron los reactivos 93%. Nosotros lo tomamos o lo dejamos, porque no hay otro proveedor.
—Con este desbalance, ¿cómo se mantienen las clínicas?
—Con una situación que ahora pretenden quitarnos: los precios que damos con descuentos es sólo para el sector público. El sector privado tiene otros precios, la diferencia que hay entre lo que el sector público se ahorra en la facturación lo compensamos vía el sector privado.
—Hasta el viernes hay oportunidad para que los centros se registren en la Sundecop. Ustedes le han enviado varios comunicados explicando la inviabilidad de la medida, ¿qué les ha dicho el organismo?
—Aún nada concreto, pero confiamos en que lo harán. De hecho, a finales de la semana pasada la superintendente Karlin Granadillo nos dijo que esta semana se reuniría con nosotros. No nos dio fecha, pero confiamos en que lo harán. Nosotros creemos que la Sundecop entendió que la regulación es inviable.
—¿Por qué usted cree que la alianza afirma que los servicios médicos en las clínicas son costosos?
—Ellos crearon unos fondos autoadministrados que no son malos, porque es un mecanismo de ahorro. Lo que eso no puede resolver es la diferencia en las coberturas para hospitalización, cirugía y maternidad de las 44 instituciones del Estado que integran la AIS, que son muy heterogéneas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene para sus trabajadores una cobertura de 20 millones de bolívares, pero Pdvsa da 180 millones de bolívares, y Cantv 150 millones.
Pero eso no es culpa nuestra. Cómo puedo atender a un paciente del Ministerio de Educación cuyos requerimientos superan la cobertura.
—¿En esos casos qué hacen, no los atienden?
—Claro que los recibimos, porque la mayoría llega por emergencia.
—Pero si la cobertura no les da, ¿qué hace la clínica?
—Hay unos fondos de ayuda social que tienen el BCV. Una vez que el paciente supera la crisis y egresa, la diferencia se tramita ante esos fondos.
—¿Funcionan?
—Sí. Mal, pero funcionan. Las clínicas tardan un año o más en recuperar parte de la diferencia. 13% de lo que facturan las clínicas de AVCH pasa al renglón de incobrables, es decir, no se cobra nunca.
—¿Por qué?
—Corresponde a pólizas de seguros vencidas, a las coberturas que se agotan y eso no lo paga nadie. Uno puede hacer un compromiso de pago con el paciente, pero si no tiene recursos sencillamente no paga. También hay casos en los que hay diferencias entre el monto total de atención y lo que la compañía de seguros reconoce como precio razonable, ahí queda un remanente que nunca cobramos.
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