“El único delito por el que mandaría fusilar a alguien es el de corrupción”, dijo hace unos días el presidente venezolano en una alocución televisada tras destituir, por ese motivo, a la cúpula del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
Como ocurrió con los directivos de Indepabis -organismo encargado de vigilar los precios de venta al público-, el Gobierno venezolano ha anunciado detenciones en organismos como el fisco (el Seniat), e incluso se ha actuado contra dirigentes chavistas como Luis Enrique Gallardo, hasta el año pasado gobernador de Guárico (centro).
“La corrupción se va a tragar a la patria si no se le hace frente con una poderosa lucha”, insistió Maduro.
Sin embargo, la nueva estrategia del Gobierno no ha hecho cambiar de opinión al líder de oposición Henrique Capriles, quien considera que “si aquí le metieran a fondo la mano al tema de la corrupción se quedan sin Gobierno”.
“Tenía dos opciones: hacerte el loco y no tomar ninguna decisión o tomar algunas decisiones que toquen a algunos actores internos del chavismo”, declaró a Efe el director de la consultora Datanalisis, Luis Vicente León, sobre los movimientos contra la corrupción por parte del Gobierno.
Para León, con este nuevo impulso el Gobierno busca dos cosas: “mandar el mensaje de que están tratando de atajar el problema (…) y el segundo que tendría que ver con el control de algunos miembros internos, de enemigos dentro del chavismo”.
El director de Datanalisis no cree que la oposición logre que la corrupción sea “un problema monopólico” del Gobierno.
“Esto (la corrupción) es un tema muy viejo en Venezuela. Para nada tiene que ver con el chavismo o con que los chavistas sean corruptos. El tema es que cuando tienes mecanismos de control, controles de precios, de cambio (…) los estímulos a la corrupción son muy grandes”, argumentó.
En Venezuela existe un sistema de control de cambios desde 2003 que impide el libre acceso a las divisas y obliga a particulares y empresas a canalizar sus peticiones a través de varios mecanismos, el más importante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que otorga los dólares a 6,3 bolívares.
“Me parece importante que se hayan puesto presas a varias personas involucradas en delitos de corrupción, pero el asunto de fondo es que institucionalmente se tienen que hacer algunos cambios para evitar que florezca la corrupción”, dijo a Efe el politólogo John Magdaleno.
Para Magdaleno, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), el Gobierno podría combatir la corrupción con mayor eficiencia con una serie de “ajustes institucionales”.
Entre ellos, señaló, “promover una mayor transparencia en el manejo de la información pública, una mayor rendición de cuentas y un mayor debate político acerca de algunos temas”.
En la edición de 2012 del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional (TI), Venezuela ocupó uno de los últimos puestos, solo superado por países como Sudán, Afganistán o Corea del Norte.
“No ha habido ningún cambio (…), lo que ha habido es el arresto de varias personas, que eso sí es sorprendente porque no estamos acostumbrados a que ningún corrupto fuera preso”, declaró a Efe la directora de TI en Venezuela, Mercedes de Freitas.
De Freitas enumeró el acceso a la información pública total y absoluta, la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y un sistema de políticas públicas abierto como las tres medidas principales que el Gobierno debería de facilitar para una mejor lucha contra la corrupción. EFE
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