Mawampy Bonillo / panored@panodi.com
A tres años de la muerte del boxeador venezolano, Edwin “El Inca” Valero, su
familia continúa intentando esclarecer los hechos que rodearon el suceso.
El caso que consternó a Venezuela y el mundo deportista se columpia desde entonces entre trámites administrativos y judiciales que no han llevado a desenlace alguno.
Yaurima Valero, la hermana mayor del púgil merideño y, Sorani Finol, suegra y tutora de los hijos de “El Inca”, relataron las “promesas incumplidas” por las autoridades y “los vicios en las investigaciones”, así como el tardío proceso sucesorio de la herencia que corresponde a los niños.
“Esto ha sido puras promesas y más nada. Los niños apenas comenzaron a recibir, cada uno, mil bolívares (provenientes) de los intereses del dinero que su papá dejó en los bancos de Venezuela, porque antes solo recibían 346 cada uno. Lo cierto es que con ese monto no se hace ni el mercado completo.
De lo que prometió la representante de la Procuraduría General de la República, y el de la Cancillería, que vinieron por órdenes del presidente Chávez (en octubre pasado) a mi casa, lo único que se cumplió fue que me ayudaron a ponerme en contacto con la embajada norteamericana, y ahí me dieron las originales del certificado de nacimiento de la niña, (que nació en Los Ángeles, California).
Pero aún la niña no está registrada en Venezuela, porque ahora tengo que pagar la traducción del documento para poder llevarlo a la prefectura y registrarla, estoy en eso porque la traducción es costosa”, detalla Finol.
“Los niños no están recibiendo la ayuda sicológica. Los señores que vinieron en octubre contrataron a una especialista de Mérida que vino una sola vez y no volvió más.
Los bienes de Edwin y Carolina se están dañando. Los que están en La Palmita están desvalijados y la casa de la Mucuy (páramo de Mérida) se está comenzando a deteriorar porque es costoso mantenerla y yo soy una mujer de pocos recurso, en marzo tuve que pagar 500 bolívares de luz y mil a un señor para que limpiara los alrededores, porque es una casa de campo.
Imagínese cómo va todo este proceso de lento y complicado que desde diciembre (del 2012) cambiaron al fiscal de menores de Mérida que lleva el caso de los niños y yo aún no la conozco, van cuatro meses y no nos ha llamado (…)
La gente que mandó el presidente Chávez me prometió que meterían a los niños en la Misión Niños de Venezuela, pero eso tampoco se cumplió”, señala.
Desde hace más de un año que la hermana mayor del Inca se mudó de Maracaibo a Caracas, para poder estar más pendiente del proceso de los bienes de Edwin y ‘Carolina’, además de los resultados de la exhumación realizada al cadáver del púgil en 2010.
“Luchando he logrado conseguir información de algunas cosas, hay mucha gente que sabe cosas y me las han contado, pero no quieren hacer la denuncia por temor. El caso de la investigación de la muerte de mi hermano está cerrado ante la Fiscalía. El año pasado nos informaron verbalmente que los resultados de la exhumación daban que fue un suicidio, pero la fiscal nos indicó que aún faltaba una prueba por hacer y que por lo tanto no podía darnos un informe oficial y por escrito. Nunca nos dieron nada”, dijo la mujer.
La familia del Inca aún reniega que se haya tratado de un suicidio e incluso ponen en duda que Edwin haya asesinado a su esposa, Jenifer Carolina Vieira Finol, aquella noche del 18 de abril de 2010 en el hotel de Valencia.
“Detrás de esas dos muertes hay mucha gente”, opina. “Mi hermano no volvió a salir del hotel después del asesinato de Carolina, y aún así el arma homicida nunca apareció y sucede que, justo a la hora en que la mataron, el hotel no dispone del video de seguridad”.
La pariente dice que un informante le aseguró que la autopsia al cuerpo de su hermano arrojó un gran consumo de estupefacientes al momento del deceso, “además me dice que le cambiaron la ropa y el cuerpo estaba maltratado (…) Están los casi 70 mil dólares que desaparecieron. Entonces, ¿quién le facilitó a droga en el calabozo? La verdad es que ¡no quieren investigar!
Existen pruebas, que gente relacionada a mi hermano, que estaba en el extranjero, viajaron a Caracas el día en que Edwin apareció muerto”, agregó.
La familia del ‘Inca’ señala al manejador del boxeador, Segundo Lujano, hoy fallecido, y a su hijo, Julio Lujano, de una serie de irregularidades con respecto a la camioneta Ford Runner color plata, blindada, que desapareció del estacionamiento y cuyas llaves, presuntamente, estaban en poder los Lujano. Igualmente de la no adquisición de un apartamento para el cual el ‘Inca’ ya había entregado los dólares a Lujano.
“Existen testigos que yo personalmente llevé a declarar en la Fiscalía, pero la respuesta fue que no podían proceder porque no tenía la dirección de Julio Lujano, y aún después que yo les informé la dirección, no hicieron nada”, insistió Yaurima Valero.
Hicieron un llamado al presidente Maduro y ayude a que se cumplan los procedimientos pertinentes para el bienestar sicológico y económico de los niños, así como el resguardo en de la sucesión, para que en un futuro, cuando sean mayores de edad, puedan disfrutar de lo que sus padres les heredaron.
El caso que consternó a Venezuela y el mundo deportista se columpia desde entonces entre trámites administrativos y judiciales que no han llevado a desenlace alguno.
Yaurima Valero, la hermana mayor del púgil merideño y, Sorani Finol, suegra y tutora de los hijos de “El Inca”, relataron las “promesas incumplidas” por las autoridades y “los vicios en las investigaciones”, así como el tardío proceso sucesorio de la herencia que corresponde a los niños.
“Esto ha sido puras promesas y más nada. Los niños apenas comenzaron a recibir, cada uno, mil bolívares (provenientes) de los intereses del dinero que su papá dejó en los bancos de Venezuela, porque antes solo recibían 346 cada uno. Lo cierto es que con ese monto no se hace ni el mercado completo.
De lo que prometió la representante de la Procuraduría General de la República, y el de la Cancillería, que vinieron por órdenes del presidente Chávez (en octubre pasado) a mi casa, lo único que se cumplió fue que me ayudaron a ponerme en contacto con la embajada norteamericana, y ahí me dieron las originales del certificado de nacimiento de la niña, (que nació en Los Ángeles, California).
Pero aún la niña no está registrada en Venezuela, porque ahora tengo que pagar la traducción del documento para poder llevarlo a la prefectura y registrarla, estoy en eso porque la traducción es costosa”, detalla Finol.
“Los niños no están recibiendo la ayuda sicológica. Los señores que vinieron en octubre contrataron a una especialista de Mérida que vino una sola vez y no volvió más.
Los bienes de Edwin y Carolina se están dañando. Los que están en La Palmita están desvalijados y la casa de la Mucuy (páramo de Mérida) se está comenzando a deteriorar porque es costoso mantenerla y yo soy una mujer de pocos recurso, en marzo tuve que pagar 500 bolívares de luz y mil a un señor para que limpiara los alrededores, porque es una casa de campo.
Imagínese cómo va todo este proceso de lento y complicado que desde diciembre (del 2012) cambiaron al fiscal de menores de Mérida que lleva el caso de los niños y yo aún no la conozco, van cuatro meses y no nos ha llamado (…)
La gente que mandó el presidente Chávez me prometió que meterían a los niños en la Misión Niños de Venezuela, pero eso tampoco se cumplió”, señala.
Desde hace más de un año que la hermana mayor del Inca se mudó de Maracaibo a Caracas, para poder estar más pendiente del proceso de los bienes de Edwin y ‘Carolina’, además de los resultados de la exhumación realizada al cadáver del púgil en 2010.
“Luchando he logrado conseguir información de algunas cosas, hay mucha gente que sabe cosas y me las han contado, pero no quieren hacer la denuncia por temor. El caso de la investigación de la muerte de mi hermano está cerrado ante la Fiscalía. El año pasado nos informaron verbalmente que los resultados de la exhumación daban que fue un suicidio, pero la fiscal nos indicó que aún faltaba una prueba por hacer y que por lo tanto no podía darnos un informe oficial y por escrito. Nunca nos dieron nada”, dijo la mujer.
La familia del Inca aún reniega que se haya tratado de un suicidio e incluso ponen en duda que Edwin haya asesinado a su esposa, Jenifer Carolina Vieira Finol, aquella noche del 18 de abril de 2010 en el hotel de Valencia.
“Detrás de esas dos muertes hay mucha gente”, opina. “Mi hermano no volvió a salir del hotel después del asesinato de Carolina, y aún así el arma homicida nunca apareció y sucede que, justo a la hora en que la mataron, el hotel no dispone del video de seguridad”.
La pariente dice que un informante le aseguró que la autopsia al cuerpo de su hermano arrojó un gran consumo de estupefacientes al momento del deceso, “además me dice que le cambiaron la ropa y el cuerpo estaba maltratado (…) Están los casi 70 mil dólares que desaparecieron. Entonces, ¿quién le facilitó a droga en el calabozo? La verdad es que ¡no quieren investigar!
Existen pruebas, que gente relacionada a mi hermano, que estaba en el extranjero, viajaron a Caracas el día en que Edwin apareció muerto”, agregó.
La familia del ‘Inca’ señala al manejador del boxeador, Segundo Lujano, hoy fallecido, y a su hijo, Julio Lujano, de una serie de irregularidades con respecto a la camioneta Ford Runner color plata, blindada, que desapareció del estacionamiento y cuyas llaves, presuntamente, estaban en poder los Lujano. Igualmente de la no adquisición de un apartamento para el cual el ‘Inca’ ya había entregado los dólares a Lujano.
“Existen testigos que yo personalmente llevé a declarar en la Fiscalía, pero la respuesta fue que no podían proceder porque no tenía la dirección de Julio Lujano, y aún después que yo les informé la dirección, no hicieron nada”, insistió Yaurima Valero.
Hicieron un llamado al presidente Maduro y ayude a que se cumplan los procedimientos pertinentes para el bienestar sicológico y económico de los niños, así como el resguardo en de la sucesión, para que en un futuro, cuando sean mayores de edad, puedan disfrutar de lo que sus padres les heredaron.
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