Retiro de licencia y hasta privativa de libertad por acapar alimentos

La presidente del Indepabis, Consuelo Cerrada, advirtió que cualquier empresa que incurra en el delito de acaparamiento de mercancía podría perder la licencia comercial y hasta cumplir de dos a diez años de cárcel.


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“Tenemos la Ley de Soberanía Alimentaria que también establece sanciones en esta categoría y también tenemos la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas y de determinarse delitos como el acaparamiento, el contrabando de extracción, el boicot, la utilización de mecanismos para generar zozobra en el pueblo venezolano no solo existen las multas respectivas y el cierre, sino inclusive determinar retirar la licencia comercial que la persona tiene y algunas de las actuaciones están penadas con privativa de libertad”, enfatizó.

Cerrada insistió en de especificarse el delito en la materia de acaparamiento, el Indepabis se constituye en órgano auxiliar del Ministerio Público. “Se inicia el procedimiento e inclusive podemos tener privativas de libertad de dos hasta diez años de prisión dependiendo de la calificación delictiva”, acotó.

Precisó que la actuación contra la empresa Pepsi-Cola, en La Victoria, se inició por una denuncia obtenida a través del Poder Popular; y en los actuales momentos el procedimiento se encuentra en el Ministerio Público a través de la dirección general de Delitos Comunes y Contra la Delincuencia Organizada.Advirtió que cualquier empresa que incurra en el delito de acaparamiento de mercancía podría perder la licencia comercial y hasta ir a la cárcel.

“Nadie está descalificando que el producto no haya sido adquirido por ellos, lo que está en revisión es en qué momento llegó ese producto al territorio venezolano, para qué estaba dispuesto ese producto en particular, si era para la fabricación como ellos lo señalaron para los jugos pasteurizados o refrescos, o si este producto puede ser utilizado para empaquetar y el consumo en los hogares”, señaló.

No descarta que la empresa haya obtenido la permisología “a lo mejor sí, pero cuánto tiempo estaba en ese establecimiento, porqué se mantuvo tanto tiempo allí y qué producto tenía que traer y que tipo de producto trajiste, eso es lo que está en desarrollo en este momento y todo el mundo tiene derecho a la defensa”.

Recordó que por instrucciones del vicepresidente de la República se activó desde el 7 de enero en todo el territorio nacional el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización conjunta con la participación de 11 instituciones del gobierno con competencia directa sobre la materia.

Al ofrecer un balance de su actuación en el 2012, Cerrada puntualizó que durante el año 2012 se recibieron 37 mil 933 denuncias. Resaltó que más del 80% de las denuncias se solucionaron a través de actos conciliatorios.

“Este plan se encuentra transversalizado por el Poder Popular organizado, tenemos los Comités de Contraloría Social para el abastecimiento y el Poder Popular es una de nuestras fuentes de información en materia de acaparamiento, de desviación de rutas de alimentos y en materia de boicot con el tema de los alimentos; llegan las informaciones y los organismos de seguridad las procesan”, explicó.

Diferenció lo que significa una denuncia y una queja. “La queja es cuando la persona hace una denuncia sin formalizar ningún tipo de documentación y sin esperar el resarcimiento de un bien, por ejemplo alerta sobre una panadería que está vendiendo caro o una carnicería que está vendiendo por encima del precio regulado y lo que quiere es que se realice una inspección al sitio; la denuncia es cuando el usuario aspira a que se le devuelva un bien y tiene que dar sus datos”, aclaró.

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