China exige y promete estabilidad social

Inaugurada la sesión anual de la Asamblea Nacional del Pueblo .

Afp

Shanghái
ElMundo.es

Mantener la estabilidad social será la prioridad absoluta para el gobierno chino durante este año, según ha destacado hoy su primer ministro, Wen Jiabao, en la sesión inaugural del parlamento, un discurso equivalente en relevancia al del Debate sobre el Estado de la Nación de un jefe del ejecutivo en una democracia occidental.


Wen indicó a los legisladores que para preservar esa armonía social, será necesario domar el caballo desbocado de la inflación, poner orden en los precios de la vivienda y acabar con las expropiaciones ilegales causadas por el frenético desarrollo inmobiliario, así como ganar la lucha contra la corrupción entre los funcionarios del gobierno.

El primer ministro reconoció en su comparecencia que muchas de las desigualdades derivadas del desarrollismo suponen un "serio problema" y que generan un "gran resentimiento" entre las masas. "El gobierno no ha resuelto de forma fundamental un buen número de asuntos que afectan significativamente al pueblo", admitió Wen.

Los 2.923 parlamentarios de la Asamblea Nacional del Pueblo se reúnen en pleno tan sólo una vez al año, por primavera, para dar el visto bueno a las leyes propuestas (y en su mayoría, ya decididas) sea por su Comité Permanente o por el propio Consejo de Estado.

Este año, los delegados darán luz verde al próximo Plan Quinquenal del país, una herramienta de planificación heredada de los soviéticos que en su duodécima edición desde 1949 marcará la pauta económica y social para el lustro 2011-2016.

El gobierno del Partido Comunista quiere mantener la inflación a raya por debajo del 4%, y rebajar el crecimiento económico durante este año al 8%, una meta que suele ser más simbólica que real, puesto que durante la última década siempre se ha quedado corta ante el nivel de crecimiento. En 2010, el PIB creció un 10,3% respecto al año anterior.

Controlar los precios

A pesar de continuas subidas de las tasas de interés, la inflación en China alcanzaba el 4,9% en enero, con expectativas al alza, según los analistas, empujada por los precios de los alimentos y de las materias primas. "Este problema afecta al bienestar del pueblo, lastra los intereses comunes y afecta a la estabilidad social", señaló Wen. "Debemos convertir la estabilidad de precios en nuestra prioridad de control macroeconómico".

El incremento de precios choca además con el objetivo del gobierno de impulsar el consumo, uno de los pilares de la política económica dibujada por el Duodécimo Plan Quinquenal, que persigue un crecimiento más cualitativo que cuantitativo para el país. El plan marca la necesidad de reducir la dependencia de las exportaciones, apostando por industrias más sostenibles e impulsando la innovación tecnológica.

"Expandir la demanda interna es un principio estratégico a largo plazo y un pilar básico del desarrollo económico de China", ha dicho Wen, "así como un vehículo fundamental y un requerimiento interno para promover un desarrollo económico equilibrado".

El recelo sobre las primaveras árabes

El primer ministro, de 68 años, señaló que China buscará un crecimiento más sostenible y equilibrado, que eleve los ingresos en línea con la productividad y que contribuya a reducir las dos grandes brechas sociales: entre pobres y ricos, y entre campo y ciudad.

Wen proseguía esta mañana: "Debemos hacer de la mejora de las vidas del pueblo un pivote que ligue reforma, desarrollo y estabilidad, y asegurarnos de que el pueblo está satisfecho con sus vidas y sus trabajos, que la sociedad permanece ordenada y en calma, y que el país goza de una paz y estabilidad a largo plazo".

La insistencia en el mantra de la estabilidad social resuena a advertencia en el contexto de unas tímidas iniciativas para replicar en China las protestas pro-democráticas de Oriente Próximo. Las dos primeras convocatorias de las llamadas "concentraciones del jazmín" han logrado poco éxito entre los supuestos manifestantes, pero sí han provocado un abrumador despliegue de seguridad en ciudades como Pekín o Shanghái.

Según las organizaciones de derechos humanos, un centenar de activistas y abogados han sido detenidos, amenazados o interrogados durante las últimas semanas. Con motivo de las dos sesiones del legislativo en Pekín –el parlamento y su órgano consultivo, que se reúnen hasta el próximo 15 de marzo-, las autoridades también han lanzado la tradicional campaña para mantener a raya a los peticionarios, aquellos ciudadanos que viajan hasta la capital para pedir justicia a la administración central.