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SIP: Libertad de expresión en la región se ha deteriorado

La SIP se centró en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  (Foto Archivo/El Carabobeño) Juamed Chacín || jcha...

24 mayo, 2010

Mérida rememoró visita del Libertador Simón Bolívar a tierras andinas

La actuación teatral estuvo a cargo de jóvenes estudiantes del Liceo Libertador

El Gobernador del Estado con el actor de Bolivar

El Gobernador e Invitados especiales

El gobernador del estado estuvo acompañado del gobernador de Trujillo como invitado especial

el acto culminó con una Sesión Solemne

Prensa OCI / María E. Abarca G
Foto: Jesús Noguera

+++ A 197 años de su llegada y desde la Plaza Glorias Patrias los merideños tuvieron la oportunidad de viajar a esta importante fecha del 23 de mayo de 1.813, cuando jóvenes actores con atuendos de la época y montados a caballo iniciaron la obra teatral "Bolívar Vuelve", en un acto que, sin lugar a duda, tuvo una positiva organización.

Este domingo, el Gobierno regional conmemoró los 197 años de la llegada del Libertador Simón Bolívar a la ciudad de Mérida durante su Campaña Admirable, con un acto protocolar por parte de las autoridades gubernamentales, en la plaza 23 de Mayo, ubicada frente a la Contraloría del estado, ya que este espacio es referencia de la visita del Padre de la Patria.


Los actos organizados por la Fundación para el Desarrollo Cultural de Mérida (Fundecem), la Fundación Bolívar Vuelve, y la Zona Educativa se desarrollaron en compañía de los revolucionario de Mérida, quienes revivieron parte de la gesta histórica de Simón Bolívar en la tierras andinas gracias a las escenificaciones de estudiantes del Liceo Libertador.

El gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana, en compañía de Hugo Cabezas gobernador del estado Trujillo, el Ministro del Poder Popular para la Educación Superior Edgardo Ramírez, como invitados especiales, y autoridades del Ejecutivo regional presidieron el evento.

El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, Edgardo Ramírez manifestó satisfacción por su participación en este importante homenaje, recordó que fue la ciudad de Mérida quien llamo Libertador por primera vez, al insigne Bolívar, es por ello, que en su honor la ciudad colocó el nombre de municipio Libertador al casco central.

El mandatario trujillano, Hugo Cabezas, se refirió al cumplimiento, dentro de 3 años, del bicentenario de la visita de Bolívar a la Ciudad de los Caballeros, donde se le concede el título de Libertador, señaló que “También en Trujillo gracias al político Cristóbal Mendoza se le ratifica su honor de Libertador; actos que hoy en día se evidencian a través de la unión de Mérida con Trujillo, en beneficio de la construcción de la patria que el soñó”

Desde la Plaza Glorias Patrias los merideños tuvieron la oportunidad de viajar a esta importante fecha del 23 de mayo de 1.813, cuando los jóvenes actores con atuendos de la época y montados a caballo iniciaron la obra teatral "Bolívar Vuelve", en un acto que, sin lugar a duda, tuvo una positiva organización.



Durante el desarrollo de las presentaciones teatrales, la Orquesta Sinfónica de la Gobernación del estado Mérida deleitó al público presente con piezas musicales que iban acorde a las actuaciones.

Posteriormente, se inició la caminata por algunas calles del centro de la ciudad, donde se desarrollaron diferentes actividades entre bailes y escenificaciones, hasta llegar a la Plaza Bolívar de Mérida, en el lugar se ofreció la última obra teatral que representó el recibimiento de Simón Bolívar en una asamblea pública, donde fue aclamado por el pueblo merideño.

En honor al Libertador

Los actos protocolares iniciaron con la ofrenda floral ante el Padre de la Patria en la Plaza Bolívar de Mérida, a cargo de las autoridades invitadas, entre ellas, la Secretaria de Educación, Zenaida Gallardo, quien estuvo en representación del gobernador de Barinas Adán Chávez y Anibal Márquez integrante de la Comisión Bicentenaria de Barinas.

Cumpliendo con la programación, el mandatario regional, dio lectura al Pronunciamiento político de las comisiones bicentenarias estadales de Barinas y Mérida, titulado “Asamblea nacional anti bolivariana más nunca”, en el marco del Bicentenario de Grito de Libertad de Barinas, el 5 de mayo del año 1.810.

El manifiesto será presentado ante los diputados de la actual Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a quienes la comisión exhorta a convocar a una sesión extraordinaria donde la Asamblea Nacional de 1.830 salde la deuda moral y ética con el Padre de la Patria.

Dentro del contexto de ideas, el Gobernador de Mérida dijo que la Asamblea Nacional de ese entonces se ensañó en perseguir al Libertador y desmantelar sus aportes a la felicidad de los pueblos de América Latina, lo que ocasionó el inicio del nefasto periodo de la llamada Cuarta República, por tal razón, los gobiernos de Mérida y Barinas instan a los diputados de la AN a revisar y desarmar ese manifiesto de la oligarquía que luchaba contra Simón Bolívar.

En tal sentido, Anibal Márquez, miembro de la Comisión Bicentenaria de Barinas, expuso que: “Gracias al compromiso revolucionario del presidente Chávez y sus seguidores, se busca subsanar todas las injusticias que cometió la oligarquía contra Simón Bolívar”. Es por ello, que el próximo 26 de septiembre el gobierno actual va demostrar que la AN continuará siendo revolucionaria para garantizar que la patria venezolana sigue haciendo frente a los Norte Americanos.

Sesión Solemne

Con una sesión solemne presidida por el Gobernador de Mérida, Niloha Delgado, Vice presidenta del Consejo Legislativo del estado Mérida, (CLEM) Félix Barloi, presidente de la Cámara Municipal, las autoridades invitadas culminaron los actos en el salón “Gonzalo Picón” del Centro Cultural Tulio Febres Cordero.

Insisten en el colapso del sistema penitenciario

Sostienen en Venezuela está en huelga la justicia

UNION RADIO

***Las condiciones infrahumanas y deplorables en los recintos, deficiencia en los servicios de transporte para el traslado de los reos, retardo procesal y violaciones a los derechos humanos y a la debida asesoría jurídica son algunas de las denuncias que hicieran este lunes expertos en la mesa de análisis.

Piden el respeto a los derechos, a la integridad y a la dignidad de los internos e internas de los penales; al mismo tiempo, que denuncian las violaciones de las cuales son objeto los reclusos.


En este sentido la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Jackeline Sandoval agrega que no se respeta la defensa de los acusados por la escasa presencia de defensores públicos.

Fundepro ha facilitado la ayuda pedagógica en los recintos penitenciarios.

Por su parte, el representante del área de acciones constitucionales, investigación y educación de los derechos humanos del Observatorio Venezolano de Prisiones, Emil Niño recuerda que algunos centros penitenciarios se encuentran en huelga de desacato de no traslado a los tribunales, hasta tanto no se normalice la situación del retardo procesal.

Al agradecer que se restituyera el horario de los tribunales, gracias a la solicitud que le hicieran a algunos funcionarios encargados de gerenciar la administración de justicia; sin embargo, sostiene que aun sigue existiendo la problemática en cuanto al traslado de los internos.

“No existen los medios de transporte necesarios para que ellos puedan asistir a las audiencias. Por ello, la protesta de desacato aun continúa hasta tanto no se empiecen a tomar medidas de fondo y se hagan trabajos de coordinación entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Poder Judicial”, advierte.

Para el abogado, magistrado de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y profesor de derecho público de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz “en Venezuela no está en huelga el sistema penitenciario, ni las cárceles sino la justicia”.

A su juicio, el sistema penitenciario es el gran ejemplo de la grave situación por la que atraviesa la justicia en el país.

Critica la centralización como fórmula para atacar la problemática. “Todas las cárceles en el país dependen del Ministerio del Interior y Justicia. Está colapsado el sistema penitenciario con hacinamiento, problemas graves de infraestructura e ineficiencias en los tribunales para agilizar los procesos de justicia”, señala.

Resalta que hoy por hoy las cárceles “son depósitos de desechos humanos”, pues la labor que debe cumplir la penitenciaría no se está cumpliendo.

El presidente de la Fundación Familias de la Libertad y ex prisionero en los años 90, Gilbert Caro describe que están llenos de ocio los recintos carcelarios a pesar que existe mucha gente que quiere producir. Al mismo tiempo, resalta que las condiciones “son infrahumanas” en los recintos que no ayudan a la mínima estabilidad deseada para los prisioneros.

“Se necesitan políticas para el rescate de los buenos principios y valores”, dijo.

Reportaje: El que protesta muere


Enredados en lentos procesos judiciales, los más recientes casos de asesinatos en manifestaciones callejeras corren peligro de pasar inadvertidos. Estamos ante la reaparición de una tendencia. De acuerdo con Provea durante la gestión del actual gobierno se habían producido muertes en manifestaciones pacíficas en dos períodos: 1999-2000 y 2004-2005.


Desde 1999 y hasta septiembre de 2009 la data de la organización de derechos humanos Provea registra 16 personas asesinadas por organismos de seguridad en el marco de manifestaciones callejeras, además de los 19 muertos que cuentan en el contexto de los sucesos de abril de 2002. Protestar, se sabe, en este país se ha tornado peligroso, especialmente por la marcada tendencia a usar mecanismos de la justicia para criminalizar el ejercicio de ese derecho.

De acuerdo con Provea durante la gestión del actual gobierno se habían producido muertes en manifestaciones pacíficas en dos períodos: 1999-2000 y 2004-2005. Ahora, desde 2008 la cuenta macabra vuelve a sumar y no está exenta de tinte político. A continuación algunas de esas lamentables historias que parecen diluirse en la vorágine del día a día y entre el papeleo judicial que no es noticia.

Yuban Ortega Urquiola



Un “objeto circular translúcido”. Eso es lo que dice la formalidad que le encontraron en la cabeza: una metra que le desprendió la masa encefálica. Una metra que mató a Yuban Antonio Ortega Urquiola y que al parecer fue disparada por agentes de la Policía de Mérida durante una protesta pública el 28 de abril de 2009.

La noche del jueves 30, Ortega dejó de respirar en una sala del Hospital Universitario de los Andes. Para entonces, nueve funcionarios policiales ya estaban detenidos por el caso: Osman José Vera Varela, Pablo Emilio Parra Hernández, Ramón Isidro Mercado Ramírez, Freddy Altuve Fernández, José Angel Dávila, Gisela Peña Rangel, Javier Pérez Uzcátegui, Julio César Carucci Calle y Luis Márquez Escalona.

El acta de presentación de los agentes del 1 de mayo dice así: “(… ) la Fiscalía actuante concluye que algunos funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento, los cuales portaban armas de fuego, tipo escopeta, presuntamente realizaron disparos en contra de los manifestantes colocando en los cañones de sus armas objetos esféricos, denominados metras… “.

Yuban Ortega, de 24 años, era el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, donde era alumno de Ciencias del Agro y a quien, tras su muerte, seguidores del chavismo reivindicaron como uno de los suyos.

Ese 28 de abril obreros, docentes y estudiantes acordaron acciones de protesta callejera en reclamo de pagos pendientes a la nómina del instituto y para exigir mejor presupuesto para su funcionamiento. En ese contexto hubo un choque con la policía regional y Ortega resultó herido dentro de las instalaciones del IUTE.

Del grupo de funcionarios, en septiembre se ordenó el pase a juicio sólo de tres: José Oscar Ángel Dávila, Pablo Emilio Parra Hernández y Julio César Carucci, todos por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado cometido con alevosía en grado de complicidad correspectiva, uso indebido de arma de fuego y quebrantamiento de principios internacionales. Los policías siguen detenidos en el Centro Penitenciario de la Región Andina mientras se desarrolla el juicio.

Yorsinio Carrillo



Tenía 15 años, estudiaba cuarto año de bachillerato en el liceo Alberto Carnevali de Mérida y su vida terminó con un balazo en el pecho.

El 25 de enero de 2010, al final de la tarde, Carrillo participaba en una manifestación de estudiantes pro oficialistas en los alrededores de las residencias Las Marías, en la avenida Las Américas. Ese fue un día agitado en Mérida, con la ciudad convulsionada por varias protestas callejeras en contra y a favor del Gobierno.

Algunas versiones iniciales indicaban que Carrillo y otros jóvenes habrían sido víctimas de una suerte de emboscada por parte de personas no identificadas, pero ese mismo día el ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, asomó la hipótesis de que alguien había hecho los disparos desde uno de los edificios vecinos. También, claro, acusó añadiendo un filón político a la tragedia y a la jornada de protestas en la que hubo más heridos, incluyendo dos agentes policiales alcanzados por disparos: “Son los mismos grupos fascistas, de la derecha y del movimiento estudiantil contrarrevolucionario que creen que por su condición de estudiantes tienen derecho a incendiar al país”.

Dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobernador Marcos Díaz Orellana acusaron de todo al imperio norteamericano y al alcalde opositor de Libertador, Léster Rodríguez, “y sus secuaces del partido Copei” y hablaron de francotiradores paramilitares.

En la madrugada del 10 de febrero detuvieron al presunto francotirador: Freddy Orta Áñez, un anciano de 64 años, vecino del sector, quien de inmediato confesó haber disparado contra la manifestación. Tras ser aplazada en varias oportunidades, este 19 de mayo se hizo la audiencia preliminar y se espera que la próxima semana informen la fecha de este juicio en el que la defensa argumenta que la supuesta confesión de Orta Áñez fue producto de coerción policial.

Marcos Rosales

Si ante el asesinato de Yorsinio Carrillo las investigaciones se hicieron velozmente, no se puede decir lo mismo del caso de Marcos Rosales, un estudiante de 28 años ultimado durante la larga jornada de violencia que se vivió en la ciudad de Mérida el 25 de enero de 2010.

Rosales, a quien se identificó como activista de Un Nuevo Tiempo, se encontraba en las residencias El Rodeo, cerca de la avenida Las Américas, cuando -se supone- apareció un vehículo desde el cual disparaban contra manifestantes que se encontraban en el lugar.

Rosales fue impactado por tres balazos y finalmente murió en el Hospital Universitario de los Andes. Otras tres personas resultaron heridas en el mismo acontecimiento.

El 11 de febrero el ministro Tareck el Aissami anunció que habían identificado a cuatro personas involucradas en el asesinato. Ese día la Fiscalía presentó a Rubén Darío Valero ante un tribunal de control merideño, como imputado por “homicidio calificado por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio del estudiante Marcos Antonio Rosales Suárez” e imputado también por homicidio en grado de frustración por el resto de los heridos.

El pasado 29 de abril el ministro El Aissami declaró a El Universal más o menos lo mismo: “Tenemos ya plenamente identificados a los autores materiales de este crimen y tenemos inclusive órdenes de medida privativa de libertad contra esos autores”. Desde entonces, no se ha informado de nuevos avances.

Mervin Alexis Cepeda

El 5 de noviembre de 2008 llegaron a Ciudad Bolívar el comisario Marcos Chávez, entonces director del Cicpc (acompañado de otros agentes); el general de división Fernando Fernández González, en su condición de inspector general de la Guardia Nacional; el general de división Félix Antonio Velásquez, comandante de la Guarnición Militar de Guayana y la viceministra de Educación de ese momento, Iris Sánchez. Todos acudieron prestos a la cita para intentar aclarar circunstancias y responsabilidades en el asesinato de Mervin Alexis Cepeda.

A Cepeda, de 16 años, lo mataron de un balazo durante una manifestación frente a la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Antonio Díaz. Los alumnos protestaban exigiendo mejoras en el comedor del instituto y el nombramiento de un nuevo director.

La protesta fue reprimida por la Policía del estado Bolívar y por la Guardia Nacional y en esas acciones Cepeda recibió un disparo que le rompió la aorta y la arteria pulmonar.

30 policías y 7 uniformados de la Guardia Nacional pasaron a ser investigados para determinar cuál de ellos había accionado el arma homicida y la otra que dejó herido al también estudiante Stiwel José Antequera Olivares. El 6 de noviembre se ordenó la detención de Armando Márquez Mirabal (GN) por la presunta comisión de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego en el caso de Cepeda y la detención de Andrés Eduardo Casanova (GN), Aníbal Felipe Rodríguez García (policía), Wilfredo Argüelles (GN) y del propio Márquez Mirabal acusados por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego, por el caso de Antequera Olivares.

El 13 de enero de 2009 un tribunal de Ciudad Bolívar ratificó la privación de libertad de los detenidos. Fue apenas el 14 de abril de este año que el juicio por este caso llegó a su fin: todos los imputados fueron hallados culpables. Márquez Mirabal fue condenado a 16 años y 4 meses de prisión.

Marcano Hurtado y Suárez

“Les dimos la oportunidad de mediar y no la aprovecharon. Busquen al cerrajero”, habría dicho una de las juezas que se presentaron a la sede de MMC Automotriz en Puerto La Cruz, el 29 de enero de 2009, para intentar hacer cumplir un amparo a favor de la empresa que en ese momento estaba tomada por trabajadores.

Eso fue a las 3 de la tarde. Según la crónica del diario El Tiempo, una hora después la Guardia Nacional y la policía local lanzaron bombas lacrimógenas a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la planta de Mitsubishi y se desató un intercambio de piedras contra perdigones. A las 4:30 se escucharon disparos: José Javier Marcano Hurtado, de 36 años, cayó muerto. Quince minutos después, hubo otra ráfaga: Pedro Suárez, de 24 años, fue la víctima.

Al día siguiente, el gobernador Tarek William Saab informó que los agentes que participaron en la refriega estaban suspendidos y a la orden del Ministerio Público.

El 4 de febrero la Agencia Bolivariana de Noticias daba cuenta de las decisiones: imputado el agente de Polianzoátegui Juan Carlos Álvarez por el homicidio de Pedro Suárez y por homicidio en grado de complicidad en la muerte de Marcano Hurtado; además de homicidio en grado de frustración -por otros heridos en los sucesos- y por uso indebido de arma de fuego.

También fueron imputados los agentes Douglas Hernández Martínez, Joan González Villafranca y Jorge Luis Ramírez, por cooperación en la muerte de Suárez, por homicidio en grado de complicidad correspectiva en el caso de Marcano, además de homicidio frustrado y uso indebido de armamento.

En primera instancia identificaron a cinco agentes como involucrados. Anthony Febres Yacua fue el quinto policía, imputado como encubridor en el caso de Suárez y en el de la otra persona herida, además de por homicidio en grado de complicidad correspectiva en la muerte de Marcano. Posteriormente, otros dos policías fueron imputados y detenidos: Tito Rafael Viera Teclo y Manuel de Jesús Torrealba Carrillo, pero el juicio que comenzó en febrero de 2010 -y que según información de El Tiempo es contra 22 policías- luego de 13 audiencias en el Tribunal Cuarto de Control avanza lentamente en la presentación de pruebas y testimonios.

Jonathan Rivas

Tras la muerte de este joven, la politiquería generó momentos de confusión. Rivas fue asesinado de un balazo mientras participaba en una manifestación opositora el 13 de junio de 2009 en El Tigre, estado Anzoátegui.

Inicialmente, algunas personas fueron detenidas por pintar consignas contra el Gobierno y a favor de Globovisión. Más tarde, la protesta opositora recibió la visita de supuestos seguidores del Gobierno nacional. La primera para lanzar piedras. En la segunda, se asomaron armas. En medio de la refriega, a Rivas -miembro fundador de Primero Justicia en la zona- le alcanzó un disparo en el pecho. Del lado de la oposición se señaló a la gente del chavismo que acudió al lugar, pero desde la acera oficial se intentó repartir culpas entre la propia gente de los partidos Podemos y Primero Justicia.

Cinco días más tarde ya estaban detenidos miembros del Frente Único Bolivariano de Trabajadores de la Construcción imputados por el asesinato. Posteriormente apresaron a William Urquiola y a Winston Luque, vinculados al ex alcalde Ernesto Paraqueima (Podemos) y el 23 de junio se ordenó la captura de su hermano, José Paraqueima. En algunas declaraciones y notas de prensa de medios oficialistas se vincula a estos últimos con los sucesos en los que murió Rivas. Incluso, el gobernador Saab afirmó en VTV que el joven habría militado alguna vez en Primero Justicia.

Al día de hoy, José Paraqueima quedó libre de cargos, mientras que Urquiola y Luque están imputados por uso indebido de arma e intimidación. Edilberto Fernández, Rubén Sánchez Castillo, Albert Ojeda, Juan García y Luis Flores -todos de la organización sindical oficialista- están siendo procesados por el asesinato de Rivas en un juicio que se radicó en Caracas y que no ha estado exento de retrasos mientras permanecen en el comando de Policaracas ubicado en la Cota 905.

La Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, Fungapdehca, presidida por Luis Rafael Escobar Ugas, ha denunciado ante la Fiscalía que se han violado los derechos de los acusados. PROVEA

(Oscar Medina, El Universal, 23.05.10, http://www.eluniversal.com/2010/05/23/pol_art_el-que-protesta-muer_1907499.shtml)