Gremio pidió nulidad del Cesna

**** Ante el TSJ, representantes del SNTP, el CNP, el CNP Caracas y Espacio Público, introdujeron un recurso de nulidad contra el Centro de Estudio Situacional de la Nación, Cesna, ideado por el gobierno nacional recientemente, el cual es considerado por el gremio como un ente censor.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), así como la organización no gubernamental Espacio Publico, introdujeron hoy un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el Centro de Estudio Situacional de la Nación, Cesna.

El coordinador nacional de Espacio Público, Carlos Correa, advirtió los peligros que supone la creación de un organismo como el Cesna para la libertad de expresión e información en el país.

“Las implicaciones son múltiples, pero quizás la que motiva la acción de hoy, es que un funcionario nombrado discrecionalmente actúe arbitrariamente para decir qué información puede ser pública y cuál privada o reservada”, explicó.

Dijo que uno de los principios en la sociedad democrática es la máxima transparencia de lo público. “Nuestra Constitución establece en un artículo que todo funcionario tiene que dar información sobre los asuntos a su cargo, eso es muy importante para distintos temas desde la dinámica en una comunidad en distintos barrios hasta temas mucho más complejos y grandes en el país”.

Insistió que la posibilidad de que la información de los cargos del Estado no sea pública “puede hacer que la sociedad tenga menos poder”.

Como ejemplo indicó que a cualquier funcionario podría llegarle una información sobre corrupción y eso no es publicado, el resultado sería favorecer la impunidad.

Correa recordó que ya se ha visto cómo han sido sancionados funcionarios de la administración pública, como fueron los casos de quienes dieron información sobre la comida descompuesta de Pdval, la proliferación del mal de chagas, o el aumento de secuestros en el país.

El representante de Espacio Público dijo que las sociedades tienen el derecho de saber qué información es clasificada como secreto y cuál no.

Aclara que el Estado puede controlar sus salas situacionales y hay razones por las cuales se puede definir un documento o una situación como secreta “pero no se puede hacer de esta manera”.