ONG internacionales expresan preocupación por 'grave deterioro de la libertad de expresión'

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Jean Pierre Sánchez

EL NACIONAL.com

***Cuatro organizaciones no gubernamentales fueron a la CIDH para denunciar las amenazas cometidas por los gobiernos de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia contra el derecho de sus ciudadanos de opinar libremente. El IDL, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela, el Centro Derecho y Sociedad de Ecuador y el Freedom House de EE UU fueron las ONG que llegaron a Washington

Cuatro organizaciones americanas expresaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por el deterioro de la situación de la libertad de expresión en cinco países andinos, especialmente en Venezuela y Colombia, informó este jueves el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú.


Los detalles del informe se dieron a conocer hoy en Lima, pese a que el texto fue presentado el 26 de marzo pasado ante la CIDH por el IDL, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela, el Centro Derecho y Sociedad (Cides) de Ecuador y Freedom House de los Estados Unidos.

Las ONG expresan su preocupación por las crecientes amenazas o vulneraciones a la libertad de expresión en Venezuela y Colombia, "los países con mayores violaciones" en esa materia "en la región".

Asimismo, señalaron que este deterioro también afecta "cada vez más" a Bolivia, Ecuador y Perú, "pese a mostrar contextos políticos e ideológicos distintos".

El informe indicó que Perú es el único país que, tras el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), ha registrado una mejora en las condiciones de la libertad de expresión, aunque "con un lento pero inquietante deterioro en la actualidad", y que en el resto de los países, especialmente en Venezuela, esta situación empeora.

El documento también enfatizó que "la posibilidad de ejercer la crítica sin temor a represalias es especialmente importante en procesos electorales, como los que tendrán lugar en tres países de la región andina durante el 2010 y el 2011".

Si bien el informe da cuenta de la situación en los cinco países, dedica más espacio a analizar la de Venezuela, donde se ha percibido "un grave deterioro en el área de los derechos civiles y políticos durante los años del mandato del actual presidente Hugo Chávez".

Además en estos cinco países la libertad de expresión se ve amenazada por problemas de tipo político, como la deficiente independencia de poderes, las agresiones, intimidaciones y acosos que sufren los periodistas, y en menor grado las restricciones legales, estas últimas más presentes en el caso de Venezuela.

Otros problemas son las limitaciones en la propiedad de los medios, el uso de publicidad oficial y otros elementos relativos al ambiente económico, entre otros.

Al citar informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de CIDH entre 1998 y 2008, el grupo de ONG señala que el tema de mayor preocupación es la violencia contra periodistas en la región andina, siendo Colombia el país donde se registró el mayor número de amenazas y agresiones psicológicas (44 asesinatos, 24 secuestros y 53 agresiones físicas).

Los procesos penales por difamación también preocuparon a la Relatoría en ese período, especialmente en los casos de Perú y Venezuela.

Además, en Venezuela, Perú y Colombia es elevado el número de casos reportados del uso abusivo del poder público, mientras que en Bolivia, Colombia y Ecuador se dan cuenta de agresiones verbales y amenazas contra la prensa por parte del Gobierno.

El informe cuestiona a Colombia por las acusaciones del presidente Álvaro Uribe contra los periodistas Holman Morris y Jorge Enrique Botero, a quienes llamó "cómplices y publicistas del terrorismo"; por la existencia de grupos "para-estatales" y por la actuación de los servicios de inteligencia frente a la prensa.

El informe también expresa su preocupación por el abuso de las reformas legales e institucionales que perjudican a la libertad de expresión como las reformas constitucionales en Bolivia, el Proyecto de Ley de medios ecuatoriano, la aprobación en Perú de una norma para fiscalizar a las ONGs, o los proyectos de ley dirigidas a controlar la libertad de expresión en Venezuela.

Asimismo, las ONGs denuncian un aumento de los procesos penales y administrativos contra los medios de comunicación, entre ellos los emprendidos contra la prensa crítica al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, lo que además conduciría a una mayor autocensura por parte de los medios.