Marcos Díaz: “Rechazo toda invasión en el estado Mérida”

El terreno en Campo de Oro vuelve a estar sin invasores gracias a la presencia de los organismos policiales del estado. (Digifoto: OCI)

Marcos Díaz Orellana, gobernador del estado y Juan Pedro Grillo, comandante de la Policía de Mérida

** Luego de conocidos los hechos a través de los cuales un grupo de custodios de tierras presuntamente ociosas, propiedad de la Universidad de Los Andes, el Gobernador del estado haciendo uso de sus facultades otorgadas por el marco legal vigente actuó desalojando dicho terreno. La Policía del estado Mérida está atenta para actuar ante nuevos hechos que se pudieran presentar en jurisdicción del territorio merideño

Marcos Díaz Orellana, Gobernador del estado Mérida señaló, en la mañana de ayer, que rechaza de forma contundente cualquier tipo de invasión que se pudiera presentar en el territorio regional.

Esta afirmación fue dada a conocer luego que en la tarde y noche del pasado día sábado un grupo de custodios de los terrenos propiedad de la Universidad de Los Andes, presuntamente ociosos, invadieran dicho espacio lo que significó, que agotados los mecanismos de diálogo, la Policía del estado Mérida actuara en apego a lo establecido en el marco normativo de la República Bolivariana de Venezuela. Esto sucedió a primeras horas de la madrugada de ayer domingo.

De inmediato Díaz Orellana manifestó que la Policía de Mérida está atenta para que hechos similares no se repitan, “actuamos en apego a la Ley, por tanto no permitiremos las invasiones”.

Aspectos legales

Recordó el Gobernador del estado Mérida que el artículo 33 de la Ley de Tierras Urbanas señala: “La comunidad organizada del lugar donde se encuentre ubicada la tierra urbana cuestionada, podrá actuar como custodio de las tierras en proceso y las que hayan sido declaradas sin uso a fin de asegurar el bien de las posibles invasiones. En ningún caso podrán los custodios ocupar estas tierras”, ante esta afirmación legalmente establecida precisó que se ha mantenido atento a las decisiones que se pudieran originar en el Gobierno Nacional sobre cada una de las situaciones presentadas, además sostuvo que busca los mecanismos para saldar una vieja deuda en materia de viviendas, pero, asimismo dijo que el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es bien claro cuando señala: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Más adelante recordó que el Código Penal, en su artículo 471-A reza: “Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del Juez hasta en una sexta parte.

La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.

Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima”.

Ante estos elementos es el deber de todo gobernante cumplir y hacer cumplir las leyes, “somos garantes del cumplimiento del marco normativo existente en el país, por eso estamos actuando para procurar su debido respeto”, expresó, para señalar de inmediato: “el gobierno no avalará ninguna forma invasiones contra quien fuere por constituir un delito, y a delincuentes no se pueden apoyar”.

Finalmente dijo que es el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, a través de la Oficina Técnica Nacional de Tierras quien tiene la última palabra por ser el órgano facultado para la instrucción de la averiguación administrativa y la decisión final de la posible declaratoria en desuso. (OCI)