Comprender la espiral de violencia merideña.

Julio Alexander Parra Maldonado


En Mérida la muerte de dos jóvenes el lunes 25 de Enero, es el colofón al incremento de la violencia social, de manera exponencial y reflejo de la situación socio política de Venezuela. Esto no es circunstancial ni responde a causas puntuales, sino un proceso de deterioro institucional del Estado. No se trata de señalar culpables, sino de encontrar alternativas y soluciones.

Primer factor. Se están promoviendo grupos armados con fines políticos, conocidos y protegidos por autoridades regionales y nacionales. La permisividad, apoyo, amparo e impunidad a sus acciones estimula su actuación pública y han salido de espacios sociales limitados en el pasado a tener presencia en la sociedad en general. Se ven hasta interesantes, logrando atraer jóvenes a su organización. Ofrecen asistencia, protección y hasta proyección política, en un claro proselitismo, pero armado. Este limbo entre la legalidad y clandestinidad le vinculan a delitos comunes que se pretenden confundir con sus acciones políticas. Robos, hurtos, agresiones y drogas, se entremezclan con acciones de banda armada “política”. Esto genera violencia.

Segundo factor. La acción represiva de cuerpos policiales oficiales contra manifestaciones de civiles (trabajadores, amas de casa, estudiantes, jóvenes, con presencia de infantes) en zonas residenciales y comunidades populares urbanas, ha sido desmedida y en vez de apaciguar la violencia la incita al generar corajes y sentimientos en estas personas, en una situación ya de por sí exaltada. Este “trato represivo”, diferenciado al que se le da a grupos “políticos” afines, es un factor que genera más violencia.

Tercer factor. Los espacios públicos empiezan a ser “solo” para los ciudadanos con una opinión análoga a la de los factores en el gobierno, y con este poder político “mal utilizado” disminuyen la posibilidad de opiniones, reclamos, críticas, protestas y la disidencia en un marco legal, empujando la disconformidad hacia expresiones violentas. En una sociedad siempre hay descontentos, la diferencia está en tratar de dirimir los desacuerdos por vías no violentas, o de fomentar el enfrentamiento violento. Este es un reto principal en la democracia moderna: la aceptación de que somos diferentes, pero debemos ser iguales en el trato dado por las instituciones estatales, iguales en deberes y derechos. Las discriminaciones originan injusticias, y estas llevan a la violencia.

Cuarto factor. Se carece de una política educativa que promueva tolerancia, cultura de paz, solidaridad, entendimiento y resolución no violenta de los conflictos. Como una política efectiva debe ser permanente y coherente, una verdadera práctica pedagógica y andragógica. Acá es importante el papel del sistema educativo formal, la actuación del alto gobierno, de representantes políticos y el mensaje que se difunde por los medios de comunicación. No se trata de eliminar de palabra la violencia, se trata de abordarla con una visión integral, una visión respetuosa de los derechos humanos. No podemos seguir enseñando a nuestros estudiantes que a violencia es “buena” o “mala” dependiendo si nos conviene o no; y menos si es violencia política.

La ira, la venganza y la rabia son malas consejeras cuando se quiere construir una sociedad progresista. La violencia debe ser rechazada venga de donde venga. Esta es una visión ciudadana, no de especialista, no de político, y que solo quiere promover la discusión democrática. (@jalexp1)