Imputados, acusados y presos


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***El prefecto de Caracas Richard Blanco y los 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor fueron imputados por el Ministerio Público por alteración del orden público y lesiones graves a un funcionario de la PM

El Ministerio Público acusó este martes al prefecto de Caracas Richard Blanco y a los 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor que fueron privados de libertad por presuntamente causar alteración del orden público, lesiones graves a un funcionario de la Policía Metropolitana e interferencia de equipos de transmisión, el pasado miércoles 26 de agosto en horas del mediodía, en las inmediaciones del Panteón Nacional, en Caracas.
Los fiscales del área metropolitana de Caracas acusaron a Richard Blanco, Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Yoel Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Efraín Viña Figueroa y Lixido José Solarte, por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad,

El Ministerio Público solicitó que se ordene el enjuiciamiento de Richard Blanco, que se mantenga la medida de privación de libertad dictada el 29 de agosto, y que se mantenga su reclusión en el Internado Judicial de Yare, estado Miranda.

Respecto a Figueroa, Solarte, González y Viña, se les imputó por la presunta comisión del delito de acceso indebido o sabotaje a sistema protegido, conforme a la Ley Especial de los Delitos Informáticos.

Igualmente, a Solarte, Gómez, Viña y Rodríguez, se les acusó por el delito de lesiones graves en grado de complicidad correspectiva, previsto en el artículo 415° en concordancia con el artículo 424 del Código Penal.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron ante el Tribunal 50° en funciones de Control de Caracas se admita la acusación y los medios de pruebas aportados, y se ordene el enjuiciamiento de todas estas personas.

Vale destacar, que el Tribunal 50° en funciones de Control del AMC el 28 de agosto acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó la medida privativa judicial y ordenó la reclusión de los imputados en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocido como La Planta.

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