Transportistas protestaron en Mérida







Judith Vega
Fotos:Benjamin López



Desde tempranas horas de la mañana de ayer, los transportistas de vehículos pesados se concentraron en la avenida Andrés Bello, sector Zumba, con la finalidad de protestar pacíficamente debido a la retención de 75 unidades desde el pasado 15 de mayo.
Con sus pesados camiones lograron llegar hasta la avenida Las Américas, hasta la altura del Centro Comercial Plaza Mayor, pues funcionarios policiales fueron colocados en las vías de acceso al centro de la ciudad para impedir que los trabajadores de carga pesada llegaran al Ministerio Público y Plaza Bolívar.
Allí permanecieron alrededor de dos horas, mientras tanto entregaron volantes a conductores y transeúntes en los cuales exigen respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la libertad económica y a la propiedad.

Habla uno de los afectados

Santos Rinaldi, propietario de una de las unidades retenidas expresó que los bandoleros y camioneros, enfrentan un problema con el Ministerio del Ambiente, organismo que retuvo las unidades y las puso a la orden de la Fiscalía 69 del Ministerio Público, en un operativo por presunta contaminación.
“Cada vez que nos dirigimos a la Fiscalía 69, la única respuesta que recibimos es que los carros están en experticias y ya tenemos mes y medio en esta situación. Somos padres de familia que vivimos de estas unidades, si no trabajamos no comemos, nosotros no dependemos de un sueldo quincenal o mensual, por eso le pedimos con toda la celeridad del caso que nos entreguen nuestras unidades para poder trabajar”, manifestó Rinaldi.
Considera Santos Rinaldi que la conducta a seguir en estos casos es que antes de la retención, se les haya informado acerca del problema para ellos arreglar las unidades “y posteriormente las vuelven a inspeccionar, pero ¿porqué retener las unidades y quitarnos el derecho del trabajo a un grupo de padres de familia?”.
Entre los carros se encuentran 17 retenidos en la ciudad de Mérida, en Zea 46 camiones y los demás en distintos sitios del estado.
En cuanto a la imposibilidad de llegar a la Plaza Bolívar, dijo Santos Rinaldi, “bueno, ese es el estado de Derecho que tenemos, es irrespetado nuestro derecho al libre tránsito, una manifestación pacífica, entregando volantes, sin agredir a nadie y sin entorpecer el tráfico, pero nos cercenan el derecho de llegar a la Plaza Bolívar, esto es increíble”.

Violación del derecho a la defensa

La representante legal de algunos de los afectados, Iris Guillén expuso que hasta la presente en su condición de abogado, no ha tenido acceso a las actas, a las informaciones, dijo desconocer las pruebas que reposan en los expedientes en contra de los transportistas.
Explicó que la información que ha recibido por parte de la Fiscalía 69 del Ministerio Público es “que no somos parte, porque no hay imputado, sin embargo ellos dicen que hay un delito penal conforme a la Ley del Ambiente”. Añadió que no existió una campaña publicitaria para evitar posibles contaminaciones.
Ante esta situación considera que la medida acordada viola derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, a la libertad económica y a la defensa. “No tenemos información de nada, la poca que nos dan, lo hacen con cara de pocos amigos cuando vamos a la Fiscalía 69, cuya titular es la abogada Josefa Camargo, quien por cierto en dos oportunidades ha estado fuera del estado en este mes y medio, en una primera vez estuvo 15 días por fuera y actualmente también está por fuera”.
“Estamos totalmente desamparados, no tenemos ningún tipo de derecho, mientras tanto muchas familias no tienen ningún ingreso para su sustento, los camiones se están dañando, dicen que están en experticias pero desconocemos si esto es cierto”, puntualizó Iris Guillén.

Presencia del representante gubernamental

Luego de permanecer cerca de una hora en el sitio, se presentó Carlos Castillo, Director de Seguridad Ciudadana quien se reunió con los conductores con la finalidad de buscarle una solución al problema. Los conductores exigieron la inmediata entrega de las unidades, mientras que el alto funcionario gubernamental reconoció la falta de respuesta de la Fiscalía del Ministerio Público, “no queremos que ustedes se vean afectados, tampoco el gobierno ni el colectivo”, señaló Carlos Castillo.

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