Cuando el asesino es policía

TalCualDigital

***La muerte de una sicóloga por efectivos de Policaracas, apenas es uno entre cientos. Cuando hay cuerpos de seguridad implicados, la impunidad se dispara


La sicóloga que fue asesinada hace una semana, baleada por cuatro policaracas, apenas es una de las cientos de casos que han sido conocidos en los últimos meses por la abusiva actuación de los cuerpos de seguridad del país.

Desde enero de 2008 hasta marzo de 2009, el Ministerio Público ha registrado 10.858 casos de funcionarios policiales involucrados presuntamente en delitos contra los derechos humanos, de los cuales 755 son homicidios.

En el caso de la sicóloga Ana Matilde Raymondi de Bellorín, de 32 años de edad, la hipótesis que cobra mayor fuerza es que cuatro efectivos de Policaracas empezaron a perseguir su vehículo para robarla.

El director del Cicpc, Wilmer Flores Trosel, confirmó la semana pasada que los funcionarios vestían de civil, estaban armados y le dieron la voz de alto a la profesional cuando se desplazaba por el sector La Ceiba, en San Agustín del Sur.

"Imaginamos que ella, asustada, aceleró; empezaron los disparos y pasó lo que pasó", dijo Flores Trosel al considerar que se trató de una "acción irresponsable" de parte de los policaracas, quienes balearon el carro y asesinaron a la mujer, madre de un niño de cuarto años.

Lo que no explicó el funcionario fue por qué la policía informó en un primer momento a los medios de comunicación que la occisa respondía al nombre de Alexandra Sánchez.

Uno de los familiares de la víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva, cree que la equivocación no fue un error, sino que forma parte de una estrategia para "sembrarle" antecedentes a los asesinados y justificar sus crímenes.

El pasado 24 de enero, ocurrió otro suceso en el cual estuvieron presuntamente implicados los cuerpos policiales. En el barrio Brisas de Onia, de la localidad de El Vigía en el estado Mérida, tres sujetos descendieron de una camioneta y sin mediar palabra dispararon contra quienes se encontraban presentes frente a un puesto de hamburguesas.

Al parecer, los asesinos buscaban a los integrantes de una banda que opera en el sector para ajustarle las cuentas por el robo de una motocicleta a un familiar de un Disip. Como venganza dispararon a mansalva asesinando a ocho jóvenes que creían involucrados en el hecho, aunque en realidad se trataba de inocentes.

Impunidad, una constante

Aunque los cuatro policaracas implicados en el asesinato de la sicóloga Raymondi fueron imputados por el delito de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego, en la gran mayoría de los casos la impunidad es una constante.

Los números que maneja Luis Cedeño, de la asociación civil Paz Activa y ex directivo de Instituto de Investigaciones de la convivencia y seguridad ciudadana, son poco alentadores.

De los 6.706 investigados entre los años 2000 y 2006, por participar en enfrentamientos o ajusticiamientos, sólo fueron condenados 3% . El sociólogo explicó que la impunidad aumenta cuando están involucrados los cuerpos policiales.

"Hay altísimos niveles de violencia con un mínimo de justicia", indicó Liliana Ortega, de la organización pro derechos humanos Cofavic. Explicó que en los casos en los que están implicados policías hay graves problemas a la hora de la investigación porque las experticias a menudo las realizan las mismas personas involucradas en el delito: "Ellos se convierten en juez y parte".

Delitos Policiales en aumento

Ortega aseguró que el problema de la violencia policial es endémico, pero lo novedoso es que actualmente hay mayor participación de los funcionarios en delitos comunes como robos, secuestros y hurto de vehículos, y menos posibilidades de que se haga justicia con estos hechos.

La directora de Cofavic explicó que una de las razones es la pérdida de los valores institucionales en los cuerpos policiales. Para Cedeño, de Paz y Vida, las precarias condiciones laborales y salariales de los policías también influyen, al igual que el hecho de que muchos de ellos se dediquen a la extorsión o a la usura.

El mal uso del poder que tienen en sus manos los policías, aumenta con los altos índices de casos que no se resuelven. Para Cedeño, "cuando la impunidad es tan alta, estos funcionarios creen que tienen carta blanca para hacer cualquier cosa".