Ministerio Público imputó a ex presidente del Banco Industrial



EFE
Unionradio.net

El Ministerio Público imputó al ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Luis Rafael Quiaro, por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción, como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades en la administración de instrumentos financieros (títulos valores), ocurridas durante los años 2005 y 2006.

Los fiscales en materia contra la corrupción con competencia especial en bancos, seguros y mercadeo de capítales y 50° nacional, Daniel Medina y William Guerrero, respectivamente, realizaron la imputación del ex funcionario en la sala de flagrancia, para seguidamente ponerlo a la orden del Tribunal que lo requería.

En ese sentido, en la audiencia de presentación ante el Tribunal 13° de control de Caracas, dicho Juzgado acordó medidas cautelares de presentación periódica cada 20 días, prohibición de salida del país y la presentación de dos fiadores que devenguen cada uno un salario igual o superior a las 180 Unidades Tributarias, es decir, 9 mil 720 bolívares fuertes.

Hasta tanto el imputado no cumpla con las exigencias del Tribunal 13° de control de Caracas, Quiaro seguirá detenido en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en El Helicoide.

El ex presidente del BIV fue detenido el pasado 19 de mayo por una

comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas (Cicpc) en el fundo Las Giselas del sector El Palmar en Ciudad Bolívar.

Vale destacar que Quiaro tenía una orden de aprehensión por parte del Tribunal 41° de control de Caracas.

En su debida oportunidad, el Ministerio Público consideró procedente que se dictara la orden de aprehensión contra Quiaro por presumir el peligro de fuga y por considerar que había obstaculización de la justicia.

Vale destacar que la dirección de domicilio suministrada por Quiaro es inexistente, motivo por el cual nunca se pudo entregar la citación para proceder al respectivo acto de imputación.

De acuerdo con la investigación, el Ministerio Público presume la comisión del delito de peculado doloso propio, el cual contempla una pena que oscila entre 3 y 10 años de prisión.

La investigación por este caso se inició en diciembre de 2006, luego de la denuncia formulada por el ex auditor interno del Banco Industrial de Venezuela.

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