Fiscalía citó a Guillermo Zuloaga en calidad de imputado

Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión


Agencia Bolivariana de Noticias


Para imputarlo por el presunto almacenamiento irregular de 24 vehículos, localizados durante un allanamiento realizado el pasado 21 de mayo en una quinta ubicada en Los Chorros, la Fiscalía citó a Guillermo Zuloaga Núñez, presidente del canal Globovisión.

A tal efecto, los fiscales 32° auxiliar y 127° del Área Metropolitana de Caracas, Pascualino Salemi y Espartaco Rodríguez, respectivamente, citaron para el próximo jueves 4 de junio a las 9:00 de la mañana al empresario, a quien en presencia de sus representantes legales, se le imputará por los delitos que a bien haya determinado el Ministerio Público durante su fase preparatoria de la investigación.

De esta manera, Zuloaga adquirirá todos los derechos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en los artículos 124, 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.

En horas de la mañana de este jueves, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó en el programa 'Al Momento', transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que este miércoles 27 de mayo acudió a la sede de esa institución el ministro de Comercio, Eduardo Samán.

Según explicó la funcionaria, Samán consignó un conjunto de recaudos que fueron incorporados a la investigación que lleva el fiscal 127° y el 32° auxiliar del Área Metropolitana de Caracas, Espartaco Rodríguez y Pascualino Salemi, respectivamente.

De acuerdo con la documentación entregada por el ministro Samán, existen presuntas irregularidades por parte de los directivos de las concesionarias Toyosam y Toyoclub, ambas vinculadas con el empresario Guillermo Zuloaga.

Igualmente, agregó que el presunto almacenamiento irregular de los vehículos generó otras conductas que podrían revestir carácter penal, las cuales se desarrollaron durante el allanamiento.

'Resulta que ahí, donde se realizó el allanamiento, en Los Chorros, nos encontramos con una situación anormal, que es una conducta de presunta obstaculización, de obstrucción a la justicia', indicó la máxima representante del Ministerio Público.

Ortega Díaz indicó que la obstaculización de la justicia se manifestó a través del impedimento de ejecutar una orden de un juez de control, pues el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y demás funcionarios 'estaban ejecutando una orden que les dio un juez'.

'Nos encontramos que esa orden del juez costó mucho ejecutarla. Los funcionarios se encontraron con una serie de obstáculos', reiteró la jefa del Ministerio Público.