La decisión del gobierno de Venezuela de llamar en consulta a su embajador en Lima tras el asilo político otorgado por Perú al opositor de ese país, Manuel Rosales, perturba las relaciones bilaterales, pero Lima espera que la situación no escale a otras dimensiones.
“Lamento la situación que de una u otra manera complica al país, pero esto no debe afectar las relaciones con un país hermano y se harán todas las coordinaciones necesarias para dar las explicaciones del caso”, afirmó el primer ministro, Yehude Simon.
El titular de Defensa, Antero Flores Aráoz, estimó que otorgar asilo al ciudadano venezolano Rosales “no significa un acto inamistoso” hacia el gobierno de Caracas.
“Ha sido una reacción yo diría extrema, en demasía para algo que era previsible por parte de Perú, que tiene una larga tradición en defensa del derecho de asilo”, subrayó al referirse a la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez de llamar en consulta a su embajador en Perú, Armando Laguna.
“Si un peruano pide asilo en Venezuela, no lo consideraríamos un acto inamistoso, pese a que no hay razones para que ello suceda”, añadió.
La noche del lunes Venezuela llamó a su embajador por el asilo otorgado a Rosales y comunicó que las relaciones bilaterales entran en una “fase de evaluación integral”.
La cancillería en Caracas señaló el lunes en un comunicado que “ha decidido, en señal de protesta, el retorno inmediato a Caracas de su embajador en Lima“, por considerar la decisión peruana como “una burla contra el derecho internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela”.
Esto se produjo pocas horas después de que el canciller peruano, José García Belaunde, anunciara que Lima otorgaba “por razones humanitarias” asilo político a Rosales, considerado el opositor más importante al gobierno de Hugo Chávez.
Rosales, ex candidato presidencial y actual alcalde de Maracaibo, es acusado por la justicia de Caracas de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del estado de Zulia, pero él alega que es objeto de persecución política.
El congresista oficialista y ex canciller Luis Gonzales Posada, una influyente figura del gobierno, aseveró que el llamado de Caracas a su embajador es una prerrogativa diplomática formal.
“Nosotros esperamos que esta situación no escale a otras dimensiones y que las aguas vuelvan a su nivel porque la importancia de la relación bilateral es muy grande”, anotó al recordar que en Venezuela “viven 120.000 peruanos que son tratados con respeto y dignidad”.
Una opinión distinta tuvo el legislador Juvenal Ordoñez, del Partido Nacionalista, afín a las posiciones del gobierno de Caracas, quien estimó que no se consideraron cuestiones importantes para dar el asilo.
Según dijo, las leyes peruanas no permiten ese derecho a perseguidos por la justicia. Además se refirió a que usó el territorio peruano para insultar al presidente de un país con el cual Perú mantiene relaciones diplomáticas.
Rosales dijo el pasado miércoles en Lima que luchará para liberar a su país de las “manos ensangrentadas” de Chávez, a quien calificó de “cobarde”, “tiranillo”, “corrupto” y “militar frustrado” a la vez que lo acusó de “escudarse en los pantalones de un grupo de militares privilegiados”.
Hasta antes del asilo a Rosales, las relaciones entre Lima y Caracas se encontraban en un clima de normalidad luego de haber pasado por situaciones turbulentas durante la campaña electoral presidencial peruana de 2006.
Ese año Chávez expresó su abierto respaldo al líder nacionalista Ollanta Humala, lo que dio lugar a un fuerte intercambio de insultos entre quien era en ese entonces candidato Alan García, actual presidente, y Chávez.
El gobierno de Lima acusó al mandatario venezolano de intromisión y en protesta llamó a su embajador a Lima. (Agence France-Presse)
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